52 asesinadas, solo 11 denuncias: la Justicia tiene la llave contra la violencia machista
El Confidencial.- De las 52 mujeres asesinadas este año, la mayoría de ellas (40) no habían interpuesto ninguna denuncia previa; es decir, no contaban con ningún tipo de tutela institucional
La violencia contra las mujeres ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la brutal e histórica desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El pulso de la actualidad no da tregua y esta lacra social sigue dejando año tras año víctimas a su paso: en 2019, 52 mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, y ya son 1.027 desde 2013.
Esta misma madrugada, un hombre de 29 años ha asesinado a su pareja de 26 en San Isidro, al sur de Tenerife en lo que ya se ha confirmado como un nuevo caso de violencia de género. Además, continúan en investigación los casos de una joven de 29 años en Ayamonte (Huelva), de una mujer de 63 años asesinada en junio en Santa Cruz de Tenerife y el de otra mujer de 53 años en Tenerife el pasado 30 de agosto.
Las mujeres sufren esta violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas pertenecen a cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. Sin embargo, la violencia machista traspasa los límites de las relaciones de pareja y deja a su paso huérfanos que, en el peor de los casos, se convierten también en víctimas mortales: desde 2013 han sido asesinados por la violencia machista de sus padres o parejas de sus madres 34 menores (3 en 2019).
A fecha de 4 de noviembre, 43 menores de 18 años han quedado huérfanos a lo largo de este año, 275 desde 2013.
Se cumplen 15 años desde que entró en vigor la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004), que nació con el objetivo de ofrecer una atención global a las víctimas y, entre otras muchas cosas, adaptar el Poder Judicial para que la Justicia responda adecuadamente a esta violencia machista, actualice sus procedimientos y aborde los casos con perspectiva de género.
Es en esa línea en la que se encamina la iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en proceso de estudiar la situación de los Juzgados de lo Penal en España para determinar cuántos deben especializarse en materia de violencia sobre la mujer para así cumplir con las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017.
La lucha contra la violencia machista necesita un continuo replanteamiento del funcionamiento del sistema de protección y las medidas preventivas que se aplican para evitar estos asesinatos. Los datos, en este caso, son muy reveladores: de las 52 mujeres asesinadas este año, la mayoría de ellas (41) no habían interpuesto ninguna denuncia previa; es decir, no contaban con ningún tipo de tutela institucional. Del total de víctimas mortales hasta noviembre de este año, 11 mujeres sí habían denunciado, pero solo 5 de ellas habían solicitado medidas de protección. La víctima de Tenerife tampoco había denunciado.
Por eso, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ quiere poner en valor la denuncia. Denunciar es «la única llave que abre la puerta de la esperanza» para que la víctima pueda romper el círculo de la violencia y salir del maltrato y, sobre todo, es un «paso previo necesario» para que las distintas administraciones puedan poner en marcha su «maquinaria» de actuación, afirman desde el organismo.
La especialización de los Juzgados en este tipo de violencia es importante porque es en las Salas de lo Penal donde se enjuician el mayor porcentaje de delitos contemplados en la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004).
La fiscal general: «Las mujeres deben saber que la Justicia las va a entender»
Para la fiscal general del Estado, María José Segarra, es es uno de los grandes retos de la Justicia, transmitir que están «dispuestos a acoger a todas las víctimas», y que las van a «atender y entender».
«Siempre queda por hacer desde el ámbito de la Justicia, tenemos muchas barreras que vencer, de esos estereotipos que hay que ir cambiando para hacer frente a esta situación», comenta la fiscal general, para quien, considerando que solo 11 de las 52 mujeres asesinadas denunciaron, hay que implementar no solo la especialización, sino también la empatía con la víctima.
Segarra incide en lo importante que es la forma en que se acoge a estas mujeres para que denuncien: «Cuando viene una mujer a denunciar tiene que sentirse atendida; a veces un gesto puede originar que se sientan rechazadas o no creídas«. «Están en una situación psicológicamente tan vulnerable que es tan fácil que se echen para atrás o que se den media vuelta y no formulen la denuncia. Por eso tenemos que, no solo que buscar cómo interpretar nuestras normas en clave de igualdad sino ir mas allá y lograr esa calidez, esa recepción hacia las denuncias», ha añadido.
El perfil de la víctima mortal
Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 677 de las mujeres asesinadas eran españolas, y 332, extranjeras. El 64% convivía con su agresor (660 compartían casa y en 10 casos no se sabe si convivían). 624 mujeres mantenían una relación con él, 231 la habían roto y 172 estaban en fase de separación. Casi 6 de cada 10 mujeres asesinadas no habían denunciado al maltratador, el 21 %, sí, y en 201 casos no consta.
El estudio que ha puesto en marcha el CGPJ dará su fruto en un informe que servirá para determinar cuántos Juzgados de lo Penal deberían asumir la competencia en violencia sobre la mujer de forma exclusiva y excluyente o compatible con otras materias en función de la carga de trabajo. Este análisis tendrá en cuenta los Juzgados de lo Penal en cada capital de provincia, así como en las localidades madrileñas de Móstoles, Alcalá de Henares y Getafe.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han tramitado más de 64.000 denuncias por delitos de violencia de género desde el mes de enero y hasta el pasado 30 de octubre, un 11,2 % más que en el mismo periodo de 2018, cuando se interpusieron 57.688. En las prisiones cumplen condena por este delito como delito principal 4.308 hombres, lo que convierte a la violencia machista en la tercera causa de privación de libertad, después de los delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.
Entre abril y junio se solicitaron 11.892 órdenes de protección en los órganos judiciales (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas), de las que se concedieron el 71,1 %. Además, se dictaron 17.937 medidas judiciales penales de protección, un 10 % más.
En el transcurso de 2018, los Juzgados de lo Penal de toda España enjuiciaron a un total de 29.636 personas por delitos relacionados con la violencia machista; de todas ellas, 16.787 (el 56,6%) resultaron condenadas. Una proporción parecida se registró con las resoluciones: durante 2018, estos órganos judiciales dictaron un total de 29.028 sentencias, de las que 16.586 (57,1%) fueron condenatorias, según datos facilitados por el CGPJ.
Las mujeres tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar a su agresor o en pedir ayuda desde que comienzan a sufrir malos tratos, aunque en el caso de las casadas, este periodo supera de media los 12 años, según el «Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación» de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Hasta el 31 de octubre hay registrados 570.387 casos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), de los que 60.538 están activos: en 30.265 de ellos no se ha apreciado ningún riesgo, 23.487 que ha sido catalogados de riesgo bajo, 6.423 han sido calificados de riesgo medio, 352 de alto y 11 de extremo.
El número de denuncias por violencia machista presentadas en España desde 2007 -año desde el que se registran datos específicos sobre violencia de género- es superior a 1,6 millones. En 2018 se presentó el mayor número de denuncias de estos 12 años (166.961).
Mapa de los Juzgados especializados
Por eso, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hacía hincapié en la necesidad de reforzar e impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal para “contribuir a optimizar la respuesta institucional” frente a este tipo de violencia y hacerla más efectiva. De hecho, la respuesta de estos Juzgados se une “a los recursos personales especializados de otras instituciones como Fiscalía, Abogacía, Instituto de Medicina Legal y Unidades Integrales de Valoración Forense”.
En la actualidad, existen 32 Juzgados de lo Penal especializados repartidos en 25 partidos judiciales – la unidad territorial para la administración de justicia – mientras que no hay ningún juzgado especializado en 31 capitales de provincia (según indica el CGPJ, debe tenerse en cuenta que en seis de ellas hay un único Juzgado de lo Penal).
Además, en los partidos judiciales de Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles hay constituidos cuatro o más Juzgados de lo Penal sin que ninguno de ellos esté especializado.
Perspectiva de género, formación obligatoria
El Poder Judicial también anunció a principios de este año potenciar la Unidad de Atención Ciudadana que tramita las quejas de las víctimas de violencia de género y de los profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales de maltrato, otra medida prevista en el Pacto de Estado con la que se pretende mejorar y agilizar la tramitación de las quejas tanto de las propias víctimas, como de los profesionales que trabajan en este ámbito por posibles irregularidades o anomalías en el funcionamiento de los órganos judiciales.
En marzo, el CGPJ puso en marcha el primer curso obligatorio en perspectiva de género, en la que se inscribieron 1.600 magistrados. Esta formación es otra más de las medidas incluidas en el Pacto de Estado y está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tras su última reforma fija como requisito obligatorio para acceder a las pruebas de cualquier especialidad que los magistrados acrediten haber realizado actividades de formación en perspectiva de género.
El objetivo del curso es que los jueces identifiquen los estereotipos de género más frecuentes en cada jurisdicción, analizar su influencia en el pensamiento y desmontarlos La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, prevé que la primera promoción de jueces especializados en violencia de género salga en 2020.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 51 idiomas diferentes. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10, y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112.
