Pancartas pro 1-O en institutos: vuelve la guerra contra el adoctrinamiento escolar
El Confidencial.- El Institut Públic Eugeni d’Ors de la localidad de Vilafranca del Penedès, situada en la provincia de Barcelona, recibía la última semana de junio la visita de algunos padres que acudían para matricular a sus hijos para el próximo curso 2019-2020. Como en tantos centros educativos de toda España, estas son las semanas en las que las familias formalizan los trámites de la ‘vuelta al cole’ que llega cada septiembre después del verano. Pero algunas familias salieron «horrorizadas» aquel día, según explicarían más tarde, al encontrarse en el vestíbulo una pancarta enorme que decía: «1-O: Hi vam ser, encara hi som». Es decir, «1-O [en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que tuvo lugar en muchos colegios e institutos de toda Cataluña]: estuvimos y todavía estamos».
El incidente provocó que el grupo de Ciudadanos en el Parlament registrara hace unos días una batería de preguntas al ‘conseller’ de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló i Valls, decidido a rescatar la lucha contra el adoctrinamiento en las aulas. Este ha sido uno de los principales caballos de batalla del partido naranja en los últimos años, tanto en las instituciones catalanas como en el Congreso, donde también presentaron mociones contra el adoctrinamiento y los símbolos secesionistas en las escuelas, con escaso éxito, dado que solo contaron con el apoyo del PP.
Las preguntas de la diputada autonómica encargada del área educativa en su grupo, Sonia Sierra, exigen al Govern explicar con claridad «cuál será el comportamiento y la respuesta» de la ‘consellería’ ante esta politización en el Institut Públic Eugeni d’Ors y en el resto de centros públicos. Además, obliga a la Generalitat que dirige Quim Torra a retratarse inquiriendo si considera que mostrar una posición política tan nítida (en favor del 1-O) que no todas las familias comparten «puede significar adoctrinamiento». Y, por último, Sierra pide conocer las medidas tomadas desde el Govern para «garantizar la neutralidad política» en ese instituto de Vilafranca del Penedès.
Sierra insiste en que la Generalitat lleva tiempo recibiendo denuncias, a pesar de que caen en saco roto. “Agotan los plazos al máximo y solo ponen excusas”, insiste. Precisamente en el pleno del mes de abril hubo un enfrentamiento en el Parlament, cuando la diputada naranja acusó al ‘conseller’ de “no enterarse de nada de lo que pasaba en los centros escolares” y afirmó que “los inspectores le tomaban el pelo”. Recordó que los Mossos d’Esquadra tuvieron que ‘limpiar’ de lazos amarillos y otra “propaganda secesionista” los colegios en el mes de marzo, como llegó a publicar TV3.
Los agentes de la policía autonómica revisaron más de 2.000 centros en Cataluña a partir del 22 de marzo, un día después de comenzar la retirada de los mismos en las fachadas de los edificios públicos. La Junta Electoral Central llevaba días avisando a la Generalitat de que debía quitar cualquier simbología, máxime al tratarse de un periodo electoral. En los días posteriores, los Mossos se dirigieron también a los colegios e institutos públicos. Aun así, como publicó este diario, el verdadero problema se encontraba en el interior de los edificios donde, ‘a priori’, las cámaras de televisión y los fotógrafos no llegaban. En los pasillos, en los despachos, en los espacios comunes, e incluso junto a la máquina de fichar que normalmente usan los empleados cuando entran y salen.
Precisamente, Sierra denunciaba en el pleno de abril que el problema en los colegios también estaba en las aulas, “donde muchos niños son los que terminan pintando los lazos amarillos”, como ellos mismos relatan. El ‘conseller’ se despachó entonces asegurando que las denuncias del partido naranja eran “una falsedad ideológica”, y asegurando que lo único que hacían era “atacar el sistema y a sus profesionales”.
El caso de Terrassa
El problema en el interior de los centros educativos públicos, donde la ley exige preservar la neutralidad ideológica en todo momento, volvía a salir a colación hace apenas unas semanas del caso de la niña de Terrassa que habría sufrido una posible agresión por dibujar banderas de España en un álbum de la clase. Así lo estipulaba el parte médico de Urgencias del hospital de la localidad. Días después, los Servicios Territoriales de la Generalitat encargados de investigar lo ocurrido aseguraron que “no veían motivación ideológica” en la profesora, aunque sí le abrieron un expediente.
Sin embargo, como publicó este diario, el caso de Terrassa no era exactamente nuevo. Al menos, la ‘síndica de greuges’ de la localidad (una figura similar al defensor del pueblo) tenía en sus manos desde el pasado mes de diciembre un escrito del grupo municipal de Ciudadanos en el que advertían de comportamientos cuestionables por parte de profesores que se estaban produciendo en colegios e institutos públicos de la localidad. En la denuncia, el partido le pedía que actuara de oficio, asegurando que la tensión generada a raíz del ‘procés’ había llegado a las escuelas y los alumnos estaban sufriendo algunas consecuencias.
La síndica optó por inhibirse y simplemente emplazó al grupo por ‘e-mail’ a dirigirse al Síndic de Greuges de Cataluña, a pesar de saber que el partido a nivel municipal no tiene esa competencia. En marzo, meses después, tras no ver ningún avance, Ciudadanos se reunió con la comisionada de Educación del consistorio. Tampoco actuó.
