La pandemia obstaculiza aún más el aborto seguro en América Latina
El Mundo.- Organizaciones de derechos reproductivos piden que la interrupción del embarazo se garantice como un servicio esencial de salud y que haya mayor acceso a métodos farmacológicos para llevarlo a cabo
Disminuyeron las llamadas, pero aumentaron los mensajes de texto. No pueden hablar porque las escuchan. No pueden decir delante de sus familias que buscan ayuda, que necesitan abortar. Las Comadres, una red feminista de Ecuador que ofrece información a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos con fármacos, ha tenido que cambiar en las últimas semanas sus canales de comunicación. Las llamadas por teléfono se hacen cada vez más difíciles. El aislamiento, impuesto como medida de mitigación por el Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.
Verónica Vera, una de las sesenta ecuatorianas que responde los pedidos de acompañamiento, ahora a través de plataformas como Telegram, cuenta que en marzo aumentaron en un 25% las solicitudes en busca de apoyo. Las mujeres que quieren abortar lo harán incluso viviendo una emergencia sanitaria y el sistema de salud pública en América Latina parece no estar listo para responder. “La dificultad de movilizarse debido a las medidas adoptadas por la pandemia, los servicios médicos colapsados y la falta de privacidad dentro de prolongados encierros podría llevar a un retroceso en América Latina”, advierte.
La interrupción del embarazo con medicamentos, avalado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, requiere poner en marcha un modelo que permita hacer seguimiento sanitario a distancia. “Garantizar el acceso a las pastillas y ofrecer acompañamiento médico de forma remota evitaría que las mujeres vuelvan a recurrir a métodos inseguros que ponen en riesgo su vida”, dice Vera. Se refiere al uso de hierbas como la ruda o el perejil o de objetos como agujas de tejer, vidrios o perchas. Prácticas peligrosas y de las que no se debería estar hablando como opción para abortar.
Argentina, el país de la región que está más cerca a dar un paso hacia el aborto libre también ha sentido los efectos de las medidas tomadas por el Covid-19. El nuevo proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria que presentaría ante la Cámara de Diputados el presidente Alberto Fernández ha quedado, por ahora, pospuesto. “Iba a ser entregado el 13 de marzo, pero coincidió con el momento en que se dejaron de reunir los cuerpos legislativos ante la emergencia sanitaria. Confiamos en que más adelante se pueda retomar”, dice Nelly Minyersky, abogada y una de las defensoras de los derechos de las mujeres más reconocidas de Argentina. “Ante la emergencia que atraviesa el mundo no podemos protestar, pero lo que sí podemos hacer es mantener viva la campaña por el aborto libre, seguro y legal. Esa lucha no se va a cuarentena”.
Celeste Mac Dougall, activista y especialista en educación sexual integral, afirma que mientras el Ejecutivo logra presentar el proyecto, que ante la incertidumbre de estos días no se sabe cuándo será, la marea verde continúa promoviendo el cumplimiento de lo que ya permite la ley. “Los antiderechos siempre están alerta para que no se garantice ningún derecho en ningún contexto, por eso en esta crisis sanitaria es cuando más se debe asegurar el aborto sin demoras, sin trabas».
Para Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link, lo que está ocurriendo a raíz de la pandemia suma nuevas barreras a las que ya enfrentaban las mujeres en América Latina. En Colombia, por ejemplo, aunque el Ministerio de Salud emitió directrices sobre los servicios de salud materna, que incluye la interrupción del embarazo, no está claro cómo se cumplirá. “Hay que pensar en las más empobrecidas, en las que viven lejos de la ciudad. Se requieren medidas excepcionales en el contexto actual, cuando se agravan todas las dificultades que viven las mujeres”.
Ahora que en el mundo se pide actuar desde el aislamiento pero en comunidad para salvar vidas, las redes de feministas que lo han venido haciendo desde hace tiempo apoyando a través de internet a las que necesitan abortar, aprovechan su experiencia para actuar en esta contingencia. Di Ramona, una red de psicólogas mexicanas con base en Hidalgo, ha abierto un curso en línea para orientar y acompañar a quienes no pueden acceder a los servicios médicos. Daniela Tellez, directora de la organización, cuenta que lo más difícil durante estas semanas ha sido que las mujeres puedan salir de sus casas o tratar de ocultarse dentro de estas para usar los medicamentos como método de interrupción. Aunque en México, a diferencia de Ecuador, no es indispensable una receta médica para acceder al Misoprostol, el fármaco recomendado por la OMS, muchas no tienen el dinero ni la privacidad para llevar a cabo el procedimiento.
María Antonieta Alcalde, directora de Ipas para Centroamérica y México, destaca el factor tiempo como clave cuando se quiere acceder a un proceso seguro. La atención a mujeres no puede aplazarse significativamente sin consecuencias profundas para su bienestar. “Las medidas deben ser inmediatas y los ministerios de salud deben señalar explícitamente el aborto como un servicio esencial, que se pueda ofrecer de manera ambulatoria, con medicamento”. También ve con preocupación como movimientos antiaborto han encontrado una oportunidad para negar este derecho, mientras los Estados concentran sus esfuerzos en el Covid-19. “Los sectores más conservadores ven la interrupción del embarazo como un lujo y no como una necesidad. La pandemia no puede ser una excusa para limitar su acceso”.
Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, asegura que en países como Brasil ya están sufriendo las consecuencias de la pandemia negando servicios al no considerarlos indispensables. “Los Estados de la región deben permitir el aborto a través de métodos como el farmacológico con apoyo de la telemedicina”. Aunque no hay cifras exactas de la interrupción del embarazo en la clandestinidad, Catalina recuerda los datos del Instituto Guttmacher que señalan que al menos 760,000 mujeres en la región reciben anualmente tratamiento por complicaciones tras procedimientos inseguros.
Las mujeres seguirán abortando a pesar de la pandemia y, como el Covid-19, un aborto clandestino e inseguro también puede ser mortal.
