Un centenar de denuncias por acoso sexual en la Universitat Jaume I de Castelló
Público.- «Se ponía detrás las alumnas de forma muy babosa, tonteaba con nosotras y citaba a tutorías a las alumnas que le gustaban». «Proponía a las alumnas que querían aprobar o subir nota que ya sabían lo que tenían que hacer«. «Siempre tocaba demasiado y a las chicas las enviaba a su despacho. Teníamos miedo porque la UJI no hacía nada». «En su despacho me dijo: ‘qué cuerpo tan bonito tienes’». «Me ató las manos en su despacho y me dijo: eres una nena muy mala«.
Estas frases están extraídas de testigos anónimos que escribieron sus experiencias en una exposición participativa organizada por el colectivo Subversives, una asociación estudiantil registrada en la Universitat Jaume I (UJI), situada en Castelló. Hay más de un centenar. Muchos con comentarios o actuaciones machistas de diferentes profesores, como «te lo explicaré dos veces, que eres mujer» o «si tardas a volver del baño es que estabas haciendo guarradas con alguien». Pero también hay muchas denuncias de acoso o abusos sexuales. Tres nombres de profesores son los que más se repiten. Y otro detalle que también es recurrente: el miedo a denunciar por la pasividad de la UJI ante estas situaciones.
«Organizamos la exposición como uno de los actos del 25 de noviembre [Día Internacional contra la Violencia Machista] y dimos un espacio para que aquellas mujeres que hubieran sufrido algún tipo de agresión, comentario o abuso lo pudieran denunciar anónimamente. Allí aparecieron los primeros nombres de profesores. Nuestra sorpresa fue la reacción del rectorado, que retiró la exposición el día siguiente y sin darnos explicaciones, a pesar de que teníamos todos los permisos para colocarla –explica a Público una portavoz de Subversives– pero, con todo, llevamos esta información a la vicedecana de Igualdad, que nos aceptó las denuncias, aunque fueran anónimas».
Después, pero, algo cambió. Desde Subversivas denuncian que, no solo no tienen constancia de ninguna actuación desde la universidad para acabar con el problema, sino que denuncian presiones hacia su colectivo. «Estuvieron llamando a las chicas que figuran como representantes de la asociación en los registros universitarios, que ya han acabado la carrera, para que se dieran de baja, sospechamos que para conseguir que desapareciéramos legalmente del campus. También nos vino una mujer, durante una concentración contra los abusos, a amenazarnos con procesos penales si continuábamos».
Desde la Universidad se han limitado a emitir un breve comunicado donde se asegura que «dispone de un protocolo en los supuestos de acoso que garantiza la confidencialidad para proteger a las víctimas» y que «respecto a la campaña anónima actual, la Universidad no puede comenzar ningún procedimiento porque se tratan de denuncias sin identificar». Finalmente, en el mismo comunicado, la UJI anima «a que cualquier persona que sea víctima de un posible caso de acoso que utilice el protocolo porque se pueda activar un procedimiento con todas las garantías para perseguir estas conductas y amparar a las víctimas».
Las últimas veces que se denunciaron presuntos abusos sexuales según el protocolo fue en los cursos 2014 y 2015. Una de estas denunciantes –que acusa también uno de los profesores más reiteradamente señalados– también ha ofrecido su testigo sobre la experiencia: «Creo que ha sido lo más horrible que me ha podido pasar. Denuncié y después de semanas y semanas de declaraciones, de sentirme humillada. Lo único que conseguí fue que le suspendieran cinco meses de trabajo y sueldo».
La portavoz de Subversives asegura que han llenado «más de un centenar de formularios oficiales» y los han dejado en el buzón habilitado por la Unidad de Igualdad para este tipo de situaciones. Según este colectivo «la universidad no puede alegar desconocimiento».
Según un estudio jurídico, publicado por Antonio Madrid Pérez, del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona, la mera sospecha de posibles abusos ya tendría que obligar a actuar en la universidad, sin ni siquiera la necesidad de presentar denuncia, puesto que «la jurisprudencia destaca que el hecho relevante es que la autoridad o el funcionario reciba la notitia crimini’, y no la forma en que le llega la primera noticia que se ha podido cometer un delito», explica este jurista, basándose en el artículo 2.4 del «Protocolo de actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la Administración general del estado y de los Órganos públicos vinculados a ella», que decreta que «cualquier empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozca».
«Una cultura del acoso»
Mireia Grazalema se matriculó a la UJI en un posgrado de publicidad el curso 2008/09 que no pudo acabar, en parte, por la presión que sufrió por parte de dos profesores. «Yo había estudiado en la Universitat Autònoma de Barcelona y también a la de València y estaba acostumbrada a comentarios machistas o situaciones incómodas, pero la cultura del acoso que estaba instaurada en aquella facultad, no sé si era extrapolable a toda la universidad, no lo había visto nunca. Los intentos de profesores de intentar quedar con alumnas fuera del campus, los comentarios o los toqueteos eran muy habituales».
Grazalema recuerda especialmente dos profesores: «había uno de laboratorio que tocaba mucho las chicas, les cogía la mano cuando trabajaban con el ratón y cosas así». El segundo la citó un día fuera de la universidad. «Yo, inocente de mí, pensaba que me quería ofrecer trabajo en algún documental, pero lo que vino fue una declaración de amor muy incómoda. Le pedí que, si continuaba diciéndome aquellas cosas, yo no podría seguir asistiendo en sus clases. La respuesta fue que, si yo venía a clase, tendría que sentir cosas que no me gustarían». Al final, Grazalema acabó abandonando los estudios sin acabarlos. Pero asegura que su caso no era único: «Acabamos haciéndonos amigas con otras chicas que pasaban situaciones similares, precisamente a partir de hablar de ese tema. En algunos casos, alumnas acabaron aceptando mantener relaciones sexuales con profesores por las presiones o miedo a las represalias».
Maria Victòria Oliver trabajó veinte años en la UJI como profesora asociada, de donde fue miembro del comité de empresa. Denuncia precisamente que, ante situaciones de este tipo, «la respuesta de la institución es esconder el problema y presionar las voces críticas para que renuncien. El protocolo es obvio que no funciona y cuando hay tantas denuncias es evidente que hay mucho acoso». Y todavía más, Oliver recuerda el caso de Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal que en 2012 dimitió como vicerrector de Relaciones Institucionales de la UJI para poder defender jurídicamente su hija, alumna del centro y víctima de presunto acoso y abusos. «La dificultad para denunciar es tan grande que ni siquiera un vicerrector lo consiguió», afirma Oliver.
