Los datos sobre el acoso escolar que es imposible recoger

En siete años, por lo que parece, no ha dado tiempo a actualizar los datos y el único movimiento reseñable del nuevo Gobierno ha sido «abrir un teléfono de ayuda” que empezó a dar señal el pasado mes de noviembre. En este sentido y, una vez que han dejado de estar en funciones, desde Educación se han propuesto como proyecto de año nuevo y de legislatura nueva, «revisar los protocolos de actuación de cada comunidad autónoma» y, en última instancia, «diseñar uno a nivel nacional».

Según consta en la página web del Ministerio, 12 de las 17 autonomías cuentan con «protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar«. No constan Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia. Sin embargo, este periódico ha podido saber que realmente todas las comunidades han elaborado un protocolo o guía frente al acoso escolar, a excepción de La Rioja que lo está preparando.

Este surtido de protocolos se debe al modelo de Estado que fija la Constitución y, con ello, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas de materias como educación y, por consiguiente, lo concerniente a la protección de menores. Quedan excluidas Ceuta y Melilla pues dependen del Ministerio de Educación en esta cuestión. De este modo, hay 17 formas de entender el acoso, 17 formas de contabilizarlo y varias formas de atajarlo y tratarlo.

En cuanto al vacío de datos oficiales, Leticia Mata, directora del Teléfono ANAR, la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, considera que «las comunidades autónomas, al ser quienes tienen transferidas las competencias, son las que tienen que hablar y las que tienen que dar datos. Mata asegura que desconocen cuánta violencia entre iguales hay en España. «Si no hay datos, no conocemos la realidad y no se pueden tomar medidas adecuadas», admite.

Este diario se ha puesto en contacto con las diferentes consejerías, conselleries y departamentos de Educación de todas las comunidades autónomas y las respuestas obtenidas han sido de lo más variopintas. Por ejemplo, Galicia afirmar no tener datos de acoso y el País Vasco solamente publica las correspondientes al curso 2014-2015 donde hubo en total 67 casos. Otras comunidades, sin embargo, tienen los datos actualizados al curso escolar 2015-2016 como es el caso de la valenciana con 365 casos, Madrid con 179, Castilla y León con 56, Asturias con 22, Murcia con 17 y Cantabria con 10. Las restantes nueve comunidades aún no han ofrecido cifra alguna.

A enero 2017, la única cifra oficial sobre el acoso es de un 4% que se deduce de un informe de 2010. A esta falta de datos oficiales, Thomas Ubrich, coautor de Yo a eso no juego, añade «la escasez de estudios». «Para nosotros, los tres de referencia en esta temática son el Informe Cisneros de los profesores Oñate y Piñuel de 2007, muy polémico por redimensionar la realidad; el Informe del Defensor del Pueblo de 2007; y el del Centro Reina Sofía sobre el estudio de la violencia que data del 2005″, añade. Investigaciones que, además de estar obsoletos, «utilizan conceptos que no son comparables, distintos universos de referencia y diferentes definiciones de acoso».

Por este motivo, Save the Children vio «necesario actualizar y sobre todo mejorar la metodología para darle el enfoque de infancia y de derechos de infancia«. Con este objetivo, en febrero de 2016 fue publicado Yo a eso no juego que refleja el trabajo de campo realizado a casi 21.500 adolescentes de entre 1º y 4º de la ESO entre septiembre 2014 y junio 2015. Además de este informe, el I Estudio sobre el bullying según los afectados realizado por ANAR y la Fundación Mutua Madrileña publicado en abril de 2016, que presenta los casos que atienden en el teléfono de ayuda a menores.

En ambos casos, las cifras distan bastante de las que expone el Ministerio. Save the Children estima que en 2015 un 9,3% de los estudiantes de ESO eran víctimas de acoso, un 6,9% de ciberacoso y un 3,7% sufrían ambos tipos de violencia. Por su parte, ANAR, cuantifica en 573 los casos atendidos y contrastados de acoso escolar ese mismo año, lo que supone un incremento del 272% desde 2009.

Cifras que demandan una acción y una respuesta común, pues como dice Thomas Ubrich «no solo por la cantidad de casos que ocurren, si no por el daño que suponen a las víctimas y su entorno» que como matiza Leticia Mata, «a veces, esas consecuencias del acoso escolar son fatídicas, pues los niños acaban suicidándose porque sueñan con quitarse de en medio».

Las fundaciones que más trabajan por y para la protección de los derechos de los niños como Unicef, Save the Children y la Fundación de Ayuda a los Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) de la mano de Fundación Mutua Madrileña reclaman, como explica la Leticia Mata, «aprobar una Ley Integral de Violencia hacia la Infancia. Una ley que establezca medidas preventivas, que cuente con una jurisdicción específica para trabajar los delitos cuando las víctimas son menores de edad, que establezcan pautas básicas de actuación y que permita trabajar en coordinación«.