La Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen en español
El Mundo.- Tras el alud de críticas recibidas por revisar el modelo de inmersión lingüística para constatar que el español está amenazado en «entornos de catalanización total», el Govern se propone contentar al independentismo más radical. La Generalitat alentará a los padres y a los propios escolares a delatar a los colegiosque no cumplan con las directrices idiomáticas impuestas por la Consejería de Enseñanza.
Desde el inicio del presente curso escolar, los centros educativos catalanes están obligados a colgar en su web sus «proyectos lingüísticos». Aprovechando esta transparencia forzosa, el consejero de Eneseñanza insta a «las familias y alumnos» a «alertar con mucha más fuerza si [la inmersión] no se cumple». Así lo indicó el propio Josep Bargalló en una entrevista concedida al portal independentista Vilaweb para defender que el modelo lingüístico escolar no sufrirá en la práctica ninguna modificación sustancial.
El consejero también anunció su pretensión de crear un cuerpo de inspecciónpropio amparándose en la Ley de Educación de Cataluña, para que sean funcionarios dependientes de la Generalitat y no del Ministerio de Educación los que determinen si se imparten las horas de castellano estipuladas en la legislación o para dirimir cualquier conflicto derivado de la aplicación de la inmersión lingüística.
El Govern da así cumplimiento a las exigencias de la Plataforma per la Llengua, entidad especialmente beligerante en la defensa de la inmersión lingüística y promotora de las sanciones contra comercios por no rotular en catalán.
Tras reunirse de urgencia con la Consejería de Enseñanza la pasada semana, la entidad exigió que un «organismo general» dé el «visto bueno» al proyecto político de cada centro ante la posibilidad de que las escuelas apuesten, autónomamente, por aumentar el uso del castellano en las aulas «en los contextos en que el castellano no tiene fuerza social y no es la primera lengua de los alumnos». Es decir, que una suerte de comisario político dependiente del Govern controle el eventual aumento del castellano en los centros escolares acogiéndose al informe de la Consejería de Enseñanza.
Un aumento que, en cualquier caso, parece lejos de materializarse. Tal y como reveló ayer este diario, ni las escuelas obligadas por la Justicia a impartir más horas en castellano tienen intención de cambiar su plan lingüístico aprovechando la actualización del modelo de inmersión para que esta lengua tenga más presencia en el currículum escolar de sus alumnos.
El ejemplo de las multas a comerciantes
La Generalitat se ha valido tradicionalmente de la delación para imponer el catalán en la esfera pública. El Govern ha promovido y utilizado históricamente las denuncias anónimas contra comerciantes que no rotulaban sus establecimientos o productos en catalán para sancionarlos.
Las multas lingüísticas están incluidas en la Ley del Código de Consumo de Cataluña que se redactó en los últimos Gobiernos de Jordi Pujol. Su puesta en marcha, sin embargo, no tomó cuerpo hasta la llegada en 2010 del tripartito de PSC, ERC e ICV a la Generalitat. Fue en aquel momento cuando las sanciones a los comerciantes comenzaron a aflorar.
Ahora la Consejería de Enseñanza confía en que, padres y alumnos, es decir los propios miembros de la comunidad escolar, custodien el recto cumplimiento de la inmersión lingüística. Que sean los ojos y los oídos del Govern y lleguen allí donde el futuro cuerpo de inspectores de la Generalitat no llegue.
