Bruselas quiere prohibir el uso de datos personales como el género o la etnia para segmentar la publicidad política en redes
Diario.es.- La propuesta de la Comisión Europea, que afecta directamente a plataformas como Facebook, Twitter y Google, prevé que cualquier anuncio político debe estar claramente etiquetado como tal y debe incluir la información de quién lo pagó y cuánto pagó por él
La Comisión Europea ha presentado este jueves una propuesta sobre transparencia y segmentación de la publicidad política para avanzar en la protección de la «integridad electoral y el debate democrático abierto». Y lo que propone Bruselas, que afecta directamente a plataformas como Facebook, Twitter y Google, prevé que cualquier anuncio político debe estar claramente etiquetado como tal y debe incluir la información de quién lo pagó y cuánto pagó por él.
Las técnicas de segmentación y optimización política deben explicarse públicamente con detalle y se prohibirían cuando se utilicen datos personales confidenciales sin el consentimiento explícito de la persona. ¿Se prohibirá la segmentación para la publicidad política? «No, no en general», dice la Comisión Europea: «Sin embargo, se prohibirán las técnicas de segmentación y optimización política que utilicen o infieran datos personales confidenciales (como se define en el reglamento de protección de datos), a menos que una persona lo consienta explícitamente. Los datos personales confidenciales tienen que ver con el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas o afiliación sindical, así como datos genéticos, biométricos y de salud o información sobre la vida sexual u orientación sexual de una persona».
La Comisión Europea también propone actualizar las normas actuales de la UE relativas a los «ciudadanos móviles» europeos y su derecho de voto en las elecciones europeas y municipales, así como en los partidos políticos europeos y fundaciones.
«Las personas deben poder distinguir fácilmente si están viendo contenido político pagado, tanto online como offline, y poder participar en los debates sin desinformación, interferencias ni manipulación. La gente debería poder ver claramente quién patrocinó un anuncio político y por qué», dice Bruselas.
La propuesta de la Comisión Europea se refiere a «anuncios de, para o en nombre de un actor político, así como la publicidad de temas que pueden influir en el resultado de una elección o referéndum, un proceso legislativo o regulatorio o el comportamiento de la votación».
«La publicidad política debe estar claramente etiquetada y proporcionar un conjunto de información determinado: el nombre del pagador en un lugar destacado y un aviso con la cantidad gastada en el anuncio, las fuentes de los fondos utilizados y el vínculo entre el anuncio y las elecciones relevantes o referendos», afirma Bruselas.
De acuerdo con las propuestas del Ejecutivo comunitario «se prohibirán las técnicas de segmentación y optimización que utilicen datos personales sensibles, como el origen étnico, las creencias religiosas o la orientación sexual. Dichas técnicas sólo se permitirán después del consentimiento explícito de las personas. La segmentación también podría permitirse en el contexto de actividades legítimas de fundaciones, asociaciones u organismos sin fines de lucro con un objetivo político, filosófico, religioso o sindical cuando se dirija a sus propios miembros».
«Por primera vez», dice Bruselas, «será obligatorio incluir en los anuncios información sobre la base por la que se dirige a la persona que la recibe, y publicar a qué grupos de personas se ha dirigido, en función de qué criterios y con qué herramientas o métodos de amplificación, entre otros».
«Las organizaciones que hacen uso de las técnicas de segmentación y optimización política deberán adoptar, aplicar y hacer pública la política interna sobre el uso de tales técnicas. Si no se pueden cumplir todos los requisitos de transparencia, no se puede publicar un anuncio político», sentencia la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario prevé multas por incumplimiento: «Los Estados miembros deberán introducir multas efectivas, proporcionadas y disuasorias cuando se infrinjan las normas sobre transparencia de la publicidad política: las autoridades nacionales de protección de datos supervisarán específicamente el uso de datos personales para la segmentación política, y estarán facultadas para imponer multas de conformidad con las normas de protección de datos de la UE».
La Comisión Europea también propone revisar las normas de la UE sobre financiación de fundaciones y partidos políticos europeos. Según Bruselas, «el marco actual presenta una serie de lagunas que impiden que los partidos y las fundaciones funcionen y cumplan su misión de representar la voz de los ciudadanos de la UE».
Así, «las actualizaciones del reglamento buscan facilitar las interacciones de los partidos políticos europeos con sus partidos miembros nacionales, aumentar la transparencia, en particular en relación con la publicidad política y las donaciones, reducir la carga administrativa excesiva y aumentar la viabilidad financiera de los partidos políticos y las fundaciones europeos».
Por último, la Comisión ha propuesto actualizar las normas sobre elecciones europeas y municipales para los ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro diferente al de su nacionalidad («ciudadanos de la UE móviles»).
Si bien hay alrededor de 13,5 millones de ciudadanos de ese tipo, muy pocos ejercen su derecho de voto en las elecciones europeas y municipales, dice la Comisión Europea, que propone enmiendas a las directivas sobre derechos electorales, como la obligación de «informar a los ciudadanos de forma proactiva de sus derechos electorales, utilizar plantillas estandarizadas para el registro como votantes o candidatos, así como el uso de la lengua de los ciudadanos móviles de la UE que residen en el territorio. La propuesta también incluye salvaguardas para que los ciudadanos móviles de la UE no sean dados de baja del censo electoral en el país de origen».
Las propuestas de la Comisión Europea pasan ahora a ser debatidas por el Parlamento Europeo y el Consejo. El objetivo es que las nuevas normas entren en vigor en la primavera de 2023, es decir, un año antes de las elecciones europeas.
