Bullying, anorexia y Orfidal, la pesadilla de Mónica en un colegio privado de Madrid
La Razón.- Mónica sólo tenía 13 años cuando fue ingresada en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de un hospital madrileño. La pequeña sufría anorexia nerviosa, un cuadro psicopatológico grave desencadenado, según los informes médicos, por una «situación de estrés en el centro escolar al que acudía». Y es que los últimos meses de Mónica en su colegio de toda la vida, el British Council, fueron una auténtica pesadilla y, todo, tal y como asegura su familia, por denunciar el bullying del que era objeto una compañera.
El «via crucis» de Mónica comenzó en enero de 2022, cuando informó a sus profesores de un gravísimo episodio de acoso escolar sufrido por una de sus mejores amigas «Tanto los docentes a los que acudió como la jefe de estudios del centro instaron a la niña a mirar hacia otro lado. Como mi hija se negó a obviar las vejaciones sufridas por su amiga, comenzó a ser víctima de una campaña de acoso y derribo por parte del centro. Se la llegó a amenazar diciendo cosas como ‘’a lo mejor este colegio no es para ti’’ o “te podemos abrir un expediente por acoso y no vas a poder estudiar en ningún colegio de Inglaterra”. Además, recibió peores calificaciones e, incluso, fue expulsada del centro en dos ocasiones. Ella siempre ha sido una buena estudiante, con un comportamiento y un expediente excelentes, por lo que esta situación y la presión la llevaron a dejar comer y dormir», lamenta su madre. En mayo de ese año, fue ingresa en la Unidad de Día del Hospital Quirón Pozuelo con una masa muscular del 16% y una descalcificación ósea tras perder más de 10 kilos. Hasta tal punto llegó la situación que, incluso, se llegó a temer por su vida, y el Orfidal se convirtió en parte de su día a día durante los dos meses que permaneció hospitalizada.
Ante tales hecho, la Justicia movió ficha y el Juzgado de Instrucción Número 4 de Pozuelo admitió a trámite en septiembre de 2022 la querella presentada por familia contra tres docentes del colegio, la directora, y el propio centro como responsable civil subsidiario por un presunto delito de acoso y lesiones, tipificado en los artículos 172 Ter y 147 del Código Penal. Sin embargo, el proceso se archivó repentinamente, algo que se produjo en contra del criterio de la Fiscalía. El juez encargado decidió cerrar el caso apuntando a un posible error de plazo del propio juzgado motivado por la huelga de los funcionarios, que paralizó la Justicia española durante varios meses. El magistrado alegó en su auto que «no había lugar» para prorrogar el plazo de instrucción, aunque no se hubiesen practicado ninguna de las diligencias solicitadas.
Ahora, la familia de Mónica lucha para que se reabra la causa. De hecho, ha presentado contra el archivo un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, el cual será estudiado el próximo 4 de marzo, según consta en la diligencia a la que ha tenido acceso este periódico. Asimismo, ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por «indefensión y desamparo» contra el magistrado responsable del cierre de la instrucción.
Por su parte, el colegio a través de un comunicado emitido el pasado 15 de febrero, señala que «el bienestar y la protección de nuestros estudiantes son y siempre han sido nuestra prioridad. Son principios irrenunciables para el Colegio Británico y consecuencia de ello nuestra política hacia el acoso escolar es de tolerancia cero. Cualquier preocupación por el bienestar de nuestros estudiantes, o posible caso, aunque no sea susceptible de afectar a las estabilidad personal y emocional de cualquiera de nuestros alumnos, siempre es investigado siguiendo nuestros procedimientos internos, de forma extremadamente cuidadosa y preservando ante todo la intimidad del menor». Asimismo, fuentes del centro añaden que se trata de un caso en el que «se aportó muchísima información y que el juez sobreseyó».
La familia también se queja de la tibia intervención de la Inspección Educativa y de la respuesta, que consideran «sorprendente», que ofreció en su día el director general de Educación Concertada Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid al Juzgado cuando éste le solicita de oficio información sobre las actuaciones en relación a lo aconteciendo en el colegio. Este responsable remite al magistrado a la inspección británica por tratarse de un centro de titularidad extranjera, pese a que el colegio está ubicado en pleno corazón de España. «Por su condición de centro educativo extranjero, la supervisión del funcionamiento del centro y, en su caso, los informes sobre los hechos relativos a la querella de referencia correspondería a los servicios de inspección del sistema educativo británico. Por ello, se considera que ese Juzgado podrá requerir a la Embajada de Reino Unido en España cuanta documentación y actuaciones se precisen» indica.
En este sentido, el colegio matiza esta comunicación y afirma que «los colegios británicos en España son centros docentes privados que, en su actuación en nuestro país, están sometidos a la normativa española, por lo que son autorizados y supervisados por las autoridades españolas, sin perjuicio de gozar de autonomía propia, que se refiere exclusivamente a los aspectos curriculares». «El colegio está y siempre ha estado en constante comunicación y sintonía con la inspección educativa y con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid», apostillan.
Mónica actualmente tiene 15 años y estudia en otro colegio. Pese a todo el sufrimiento y a que la experiencia vivida la marcará para siempre, su madre elogia su valentía. Y es que «a día de hoy y, después de todo lo pasado, volvería a actuar de la misma forma sin dudarlo».
