El caso de acoso escolar que destapa las vergüenzas de la Administración

Fuente: Ileon
Fecha: 17/04/2017

Un caso de acoso escolar ocurrido en un colegio concertado de la provincia de León deja al descubierto las carencias y vacíos que existen en las instituciones a la hora de abordar este grave problema. Pese a existir mensajes amenazantes en redes sociales y una denuncia ante la Policía Nacional, el centro educativo ha tardado más de seis meses tomar medidas. Durante todo ese tiempo la Administración educativa tampoco hizo nada, aseguraron que desconocían lo sucedido.

Humillaciones, insultos, desprecios, en clase, en presencia de sus compañeros, y también en Internet, a la vista de todos y a través de las redes sociales. Y así día tras día, durante meses, hasta que no puede aguantar más y decide contárselo a su familia.

Primero se referían a ella como «puta, zorra, come pollas o guarra» y lo que parecía que no podía ir peor, empeoró. Así a esta niña de 13 años, a la que vamos a llamar María –nombre ficticio-  comenzaron a atacarla con un hecho especialmente doloroso, el asesinato de un familiar cercano como consecuencia de la violencia de género, llegando a recibir descalificaciones tan duras como: «Te voy a dejar en el suelo sangrando. Vas a acabar como…» (en referencia a su familiar asesinado).

No movió un dedo pese a que los padres de María, desesperados, denunciaron ante la Policía Nacional la violencia que estaba sufriendo la menor de la que incluso tenían pruebas físicas, tales como mensajes a través de Instagram en los que se podía ver el alcance de las descalificaciones que sufría día tras día, a excepción de los sábados, según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

Graves insultos y descalificaciones muy violentas que llevaron a María a tener que someterse a tratamiento psicológico para poder afrontar esta dramática situación. Pero ella no era el único objeto de las burlas e insultos, sus dos hermanos mayores, que cursan sus estudios en el mismo centro, también sufrían la ira de este supuesto acosador a través de las redes sociales para desesperación de esta familia que había sido golpeada recientemente por la lacra de la violencia de género.

«Pugna entre dos menores», según el Colegio

Desde el Colegio –omitimos su nombre para preservar la identidad de los menores- aseguraron a este periódico que no se estaban tomando ningún tipo de medidas para intentar solucionar este caso de bullying que en el centro no consideraban como tal, sino como «una pugna entre dos menores».

Responsables de este centro educativo pusieron en duda que se tratase de un caso de acoso escolar y manifestaron tener conocimiento de los problemas que se producen «entre iguales», en relación a estos alumnos. En su opinión, no existían pruebas de que lo ocurrido se tratase de acoso.

Un  responsable del equipo directivo, después de ser preguntado por un incidente puntual ocurrido en el propio colegio y que afectaba a María, negó que ésta hubiera sido humillada en clase y dijo que se trataba de una «interpretación» de la niña. Por otro lado, en lo relativo a los mensajes que recibía la menor a través de las redes sociales desde el Colegio afirmaron que lo desconocían, al igual que no tenían conocimiento de la denuncia interpuesta por la familia de esta alumna ante la Policía Nacional. Una versión que la familia de la pequeña niega de forma tajante.

Desconocimiento y silencio en la Administración

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León afirmó desconocer este asunto. Explicaron que es el propio centro quien tiene que abrir una comisión de seguimiento del caso y dar traslado a la Administración. No obstante, como el colegio no había tomado ningún tipo de medida para intentar atajar la situación que vivía esta menor, no tenían conocimiento de lo ocurrido. Tampoco de la denuncia interpuesta por la familia ante la Policía Nacional. Además, la Consejería de Educación insistió en que al tratarse de un colegio concertado «poco se puede hacer» desde este órgano autonómico ya que es competencia del colegio poner en marcha medidas contra el acoso escolar.

La Dirección Provincial de Educación tampoco sabía nada, o eso al menos es lo que afirmó su titular, Jesús Víctor Díez, que dijo que la «primera noticia» que recibía sobre este caso de acoso escolar se había producido a través de este periódico. «No nos ha llegado información del centro ni tampoco de la familia», precisó.

Además, desde la institución provincial ahondaron en la misma tesis que manejaba la Junta, la competencia es del centro escolar. «Quien tiene la responsabilidad y competencia» para actuar ante un caso de bullying es el propio centro educativo y no la administración. Pese a la insistencia de este periódico para conocer si, de forma subsidiaria, y ante la inacción del propio colegio –confirmada por el propio director del centro educativo- la Administración tenía pensado tomar alguna medida para garantizar el bienestar de María, el director provincial de Educación no quiso contestar a esta pregunta y se limitó a decir que se llevaría a cabo «el análisis pertinente» de la situación.

«La competencia, el deber de actuar es del centro donde la alumna está escolarizada, que tiene que aplicar la normativa derivada del decreto de convivencia. Es su competencia, del centro, de realizar todo el protocolo para determinar si evidentemente es acoso», agregó. Así, lo recoge, precisó Díez, el Decreto 51/2007, de 17 mayo que regula los derechos y deberes de los alumnos.

Esa norma, tal y como señaló el director provincial de Educación, recoge que es el equipo directivo de los colegios quien tiene la potestad para imponer las medidas correctivas necesarias ante casos de violencia escolar y acoso escolar, así como establecer los procedimientos de actuación ante situaciones de conflico y fomentar la convivencia entre los alumnos.

No obtante, también señala que «la Consejería de Educación, en el marco de sus competencias y dentro del respeto a la autonomía de los centros educativos, velará por el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los alumnos, así como por el establecimiento y ejercicio de mecanismos de control de las obligaciones y compromisos de los padres o tutores legales. A tal efecto, garantizará la efectividad de las actuaciones encaminadas a conseguir una convivencia adecuada en los centros educativos, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto».

Visos de una posible solución

Después de ocho meses de burlas, descalificaciones y humillaciones a una niña de tan solo 13 años, una denuncia ante la Policía Nacional y varias llamadas de un medio de comunicación, desde el Colegio decidieron que era el momento de tomar medidas para intentar atajar este caso de acoso escolar.

Así, varios días después de que este periódico se pusiera en contacto con el centro educativo, el menor que estaba enviando mensajes amenazantes a través de las redes sociales y que insultaba y humillaba a su compañera de pupitre día tras día fue enviado a un aula de reeducación, una medida establecida dentro del protocolo de actuación ante casos de acoso escolar.