Comisario de policía, gay y activista LGBTI: una triple resistencia en Brasil

El País.- En el país con más de 400 asesinatos de homosexuales y trans en 2018, el agente Mario Leony se ha convertido en referente por resolver crímenes, concienciar y prevenir suicidios

Desde el primer momento en que empieza a hablar de su lucha en favor del colectivo LGBTI, el móvil del comisario de policía Mario Leony no deja de sonar. Entre una llamada de una amiga, de un conocido y de un compañero de trabajo, de pronto cruza un mensaje que le hace cortar la conversación. Su expresión facial denota preocupación. “Un transexual necesita ayuda. Su compañero ha sido detenido”, comenta con una mirada al vacío como se estuviera buscando una rápida solución para el sucedido.

Enseguida retoma la conversación con una tranquilidad, típica del profesional que está acostumbrado a solucionar problemas ajenos y presenciar a diario la violencia en su forma más cruel, gratuita y sangrienta. Igual que cualquier otro comisario de policía en Brasil, su principal tarea consiste en atender a personas víctimas de violaciones, robos, hurtos y asesinatos. Trabaja en la creciente Aracaju, capital de Sergipe. Con una población estimada de más de 2,2 millones de habitantes en 2019, el menor Estado de la República Federativa del Brasil se ha convertido en uno de los más violentos del país, según el Forum de Segurança, una ONG dedicada a la investigación sobre seguridad pública.

Ser gay y miembro del cuerpo de seguridad todavía supone una contradicción en este país. Para muchos brasileños, un policía debe ser heterosexual, mano dura y, siempre que la ocasión requiera, actuar con un toque de violencia. Estos estereotipos, bastante arraigados en la sociedad, poco a poco se están quebrantando por cuenta de iniciativas individuales y colectivas.

“El 2007 representó para mí una liberación de todo lo que me aprisionaba y a la vez el inicio de una fase de empoderamiento que me ha permitido ser lo que soy y mejorar mi relación con el mundo”, declara Leony recordando el día en que se declaró públicamente gay durante un seminario sobre seguridad pública para LGBTI en Río de Janeiro. “En este evento, repleto de comisarios, oficiales, directores de academias de policía, investigadores y líderes de movimientos sociales, tuve que presentar el resultado de mi investigación. De pronto, entré en un callejón sin salida. No me di cuenta de las consecuencias de mis palabras, pero han resultado fructíferas”, declara orgulloso.

A partir de entonces su colaboración con los movimientos sociales se ha convertido en una especie de recompensa personal. Junto a otros compañeros fundó la Renosp, una red de operadores de seguridad pública LGBTI formada principalmente por miembros de diversas fuerzas de seguridad.

En la última década, miembros de la sociedad civil e instituciones han alzado la voz para dar visibilidad y garantizar los derechos de un colectivo que todavía sufre las consecuencias de actitudes discriminatorias, incluso del poder público. Anjos azuis (ángeles azules) es otro ejemplo. En 2011 siete guardias municipales formaron este grupo dedicado al trabajo de sensibilización para combatir la discriminación y la violencia sexual en instituciones penitenciarias y colegios. Usando recursos como juegos, conferencias y principalmente el teatro ha conseguido llevar su mensaje a miles de niños y niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad.

En la lucha contra la discriminación, la prevención del suicidio y los asesinatos del colectivo LGBTI, el poder público ha sido uno de los grandes ausentes, principalmente con la llegada del gobierno de Jair Bolsonaro. «El Ejecutivo es el máximo responsable de fomentar las políticas para evitar las barbaries que están ocurriendo casi a diario en el país», sentencia Leony. «Estamos en una época de banalización de la vida y de intolerancia. La subida al poder de un gobierno totalitario, racista, xenófobo y que incita a los ciudadanos a la violencia supone un retroceso de todo lo que hemos alcanzado en las últimas dos décadas. Pese a ser comisario de policía, yo también sentí en la piel el peso de la discriminación», añade.

La imagen que se ha proyectado de Brasil en el exterior durante siglos como paraíso tropical, de un país feliz, abierto, con libertades garantizadas y una mezcla racial que favorecía la integración choca bastante con la realidad. «En los casos específicos de discriminación y la violencia contra el colectivo LGBTI, está demostrado que los que más sufren son personas negras y residentes en favelas. En estas regiones, cuando la policía realiza los temidos cacheos, estos suelen ser bastante selectivos», declara Izadora Brito, abogada, activista y defensora de los derechos humanos. Ser activista en Brasil también supone correr constantes riesgos de ejecución.

Avances y retrocesos

Es evidente que para muchos brasileños, 2019 representó una fase de transición entre libertad y supresión de derechos. Desde el inicio de su campaña electoral, el actual gobierno ya daba señales que sería un divisor de aguas. Con el apoyo de los sectores más conservadores de la política, del poder judicial, de docenas de iglesias evangélicas y de los nostálgicos de la dictadura militar, Bolsonaro ha utilizado la homofobia como recurso fácil para conquistar millones de votantes y fragmentar aún más la sociedad. Y los ha conseguido.

Brasil es uno de los países con el número de crímenes contra homosexuales más alto. Según el Grupo Gay da Bahía, una de las ONG más veteranas, en el año 2019 fueron asesinadas 329 personas del colectivo en todo el país.

Una de ellas fue la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco. Negra, lesbiana, feminista y activista, fue brutalmente asesinada por varios disparos en plena calle. “Su muerte es una prueba más de la vulneración y del deterioro de los derechos humanos que están ocurriendo de forma aterradora en este país. No podemos olvidar que muchos brasileños están emigrando de forma forzada por no encontrar seguridad y perspectiva en el país”, advierte Mario Leony. Su compañero de partido, Jean Wyllys, periodista, referente gay y ex diputado federal, tuvo que renunciar a su escaño en el congreso y pedir asilo político debido a las amenazas de muerte que estaba sufriendo. Actualmente se dedica a la docencia.

El Tribunal Supremo de Brasil decidió el año pasado que los actos de homofobia y transfobia serán considerados delitos, equiparados también a los crímenes de racismo. También se ha conseguido la legalización del matrimonio homosexual por la vía judicial. La resolución de Consejo Nacional de Justicia obliga a los funcionarios de los registros a casar a personas del mismo sexo.

La resistencia como arma de supervivencia

Pertenecer al colectivo LGBTI en Brasil puede suponer vivir al margen de la sociedad y en constante estado de vulnerabilidad. En Aracaju, igual que en muchas ciudades del país, el número de personas LGBTI expulsadas de casa por sus propios familiares se ha incrementado. “Cuando el poder público falla, tenemos que actuar con los recursos que disponemos. El hecho de garantizar salud mental y evitar suicidios ya es algo muy significativo”, asegura Leony. Su equipo presta asistencia social y psicológica a más de 50 personas LGBTI que conviven en el campamento Beatriz Nascimento.

Su participación fue esencial para resolver el crimen del asesinato de la transexual y peluquera Denise Rocha Melo, de 53 años, ocurrido en junio de 2017 en la ciudad de Aracaju. “Podría pasar horas hablando de los casos de violencia, pero temo que no dispongo de tiempo suficiente para eso”, dice mientras mira los mensajes que llegan al móvil, quizás de alguien que lo necesite. En 2012 Leony recibió un reconocimiento por su trabajo en favor del colectivo LGBTI y los derechos humanos.

“Resistir y resistir. Nuestra lucha no para por aquí. No podemos bajar la guardia. De aquí en adelante esta palabra debe ser incorporada en nuestra lucha diaria”, sentencia el incansable comisario de policía.