Dos menores migrantes entraron en prisión en Canarias acusados de ser patrones de pateras
elDiario.es.- Ablaye salió de Gambia en 2021, con 16 años, para emprender un viaje a Canarias que cambiaría su vida. Se subió a bordo de una patera con la esperanza de empezar de cero, pero sus sueños se vieron truncados cuando lo encerraron en prisión al llegar a Canarias, acusado de ser el patrón de la embarcación. Ahora, dos años más tarde, ha cumplido los 18 dentro de la cárcel, según alerta la Asociación Intercultural Orahan.
Sara Rodríguez Trigo, abogada colaboradora de Orahan y defensora de Ablaye, apunta que a los patrones se les aplica el artículo 318 bis del Código Penal. Según este, se establecen penas de multa o prisión a quienes ayuden intencionadamente a personas que no sean nacionales de algún estado de la Unión Europea a entrar o transitar por territorio español.
Existen agravantes cuando se trata de actividades enmarcadas en organizaciones dedicadas a ello o cuando se ponen en peligro las vidas de las personas a bordo. Trigo señala que normalmente se aplica el segundo por la peligrosidad de la travesía y la inestabilidad de las embarcaciones. También existen atenuantes en función de la gravedad de la situación y las condiciones del acusado.
Cuando Ablaye llegó a Canarias, aseguró que era mayor de edad porque no quería ser trasladado a un centro de menores. En la primera comparecencia realizada en octubre de 2021, después de la prisión provisional, declaró que era menor. Entonces se le hizo una radiografía y una prueba bucal, pero Trigo indica que ni se le declaró mayor de edad ni se le realizó un informe forense, requisito que “siempre tiene que existir”, según aclara la Fiscalía.
“Le llevan al hospital, hacen las pruebas y luego el juzgado no manda a designar al perito médico para que haga el informe. El juzgado no hace nada ni mueve el procedimiento”, insiste.
La abogada explica que en este caso no se ha atendido a la presunción de minoría de edad contemplada en el artículo 12.4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Según esta, en caso de que no se pueda establecer la mayoría de edad de una persona, será considerada menor mientras se determina su edad.
No obstante, el proceso de Ablaye se ha alargado tanto que ya ha cumplido los 18. “No se ha tocado la causa en año y medio”, asevera Trigo. Tenía un certificado de nacimiento pero, tal y como asegura la abogada, no fue tenido en cuenta durante ese tiempo. Más tarde, el juzgado examinó el documento, pero en un auto al que ha tenido acceso este periódico, está recogido que no se ha podido confirmar la autenticidad de dicho certificado.
En la fotografía de ese documento, aportado por la abogada, aparece que el joven nació en enero de 2005 en Gambia y tiene un número de registro, aunque algunas partes del documento no son del todo legibles.
Recientemente, el juez ha acordado que se haga el informe pericial de las pruebas médicas realizadas en 2021. Trigo presentó varios recursos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Granadilla de Abona solicitando la nulidad de actuaciones desde la detención de Ablaye y su puesta en libertad de forma inmediata.
El último recurso aún está pendiente pero Trigo ya prevé que pueda ser rechazado como otros anteriores, en los que se establece que se acordarán los pasos a seguir una vez haya sido emitido el informe forense. Por eso, tiene previsto presentar otro recurso en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
En la cárcel a los 15 años con familia en España
Pero Ablaye no es el único. La abogada también lleva el caso de un adolescente senegalés de 15 años que llegó en febrero de 2023 a Lanzarote. El niño, que solo habla wólof, está actualmente en prisión provisional después de que sus compañeros de patera lo señalasen como el patrón.
Al llegar, también afirmó que era mayor de edad porque no quería ir a un centro, sino vivir con su familia que reside en Tenerife y la Península. Cuando supieron que estaba en una cárcel lanzaroteña, contactaron con la abogada para comunicarle que es menor de edad y aportar el certificado de nacimiento del niño. Sin embargo, el juez determinó que se le deben realizar pruebas que Trigo señala como “innecesarias” e “invasivas”, y alega que en este caso tampoco se está atendiendo a la presunción de minoría de edad contemplada por la ley.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, aparece la fecha de nacimiento en junio de 2007, en Senegal. Se trata de una fotocopia del original sellado por la República de Senegal y con número de registro.
En este caso, la abogada también ha presentado varios recursos al Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto del Rosario. El joven no ha sido declarado como mayor de edad pero continúa en prisión. Tal y como apunta Trigo, está expuesto a una situación “muy peligrosa”, por lo que tilda de “urgente” considerarlo menor y ponerlo en libertad.
En un auto al que ha accedido este periódico, se establece que “se decidirá acerca de la situación personal del joven acusado” después de realizar radiografías de mano y boca, un TAC si fuera necesario y un informe forense firmado por dos médicos.
Trigo cuenta que ha tratado de hacer otras gestiones por medio del Consulado de Senegal en Gran Canaria para obtener un pasaporte que verifique la minoría de edad. Al no conseguirlo, lo intentó por medio del consulado en Madrid, pero le comunicaron que el niño tenía que ir físicamente para obtener el documento.
Para hacer el trámite también necesita una tarjeta de identidad que nunca ha tenido, al igual que muchos menores senegaleses, dado que no es un requisito obligatorio hasta que cumplen la mayoría de edad. A su vez, para emitir la tarjeta le pedían personarse en el Consulado y aguardar la tramitación entre ocho y nueve meses. “Con todo, según lo expuesto por el consulado, podríamos esperar que emitan el pasaporte dentro de más de un año”, sentencia.
“Ese pasaporte es la única opción de rebatir una potencial prueba de determinación de edad que acabe con la esperable declaración de mayoría”, añade la abogada. Así sucede con la mayoría de los casos, tal y como apunta, teniendo en cuenta cómo es el funcionamiento de este proceso que la Organización de las Naciones Unidas considera que “viola los derechos humanos”.
Por ahora se encuentra en prisión provisional, pero la abogada apunta que es muy probable que lo condenen: “Vale con el testimonio de dos testigos protegidos a los que se da beneficios para que hablen, es decir, autorizaciones de residencia por colaborar con las autoridades”.
Según fuentes de la Fiscalía Provincial de Las Palmas consultadas por este periódico, la velocidad en la emisión de los resultados de las pruebas depende de la cantidad a realizar. Apuntan que esto no depende del organismo, sino del hospital y del Instituto de Medicina Legal, pero que el informe forense “es un requisito, siempre tiene que existir”. Contemplan la posibilidad de que no haya sido emitido cuando una persona pendiente de realizar las pruebas se ha fugado.
Asimismo, señalan que cuando tienen conocimiento de que “alguien no está en el centro que le corresponde”, ya sea un adulto en un centro de menores o un menor en un recurso para adultos, se comunica al fiscal y “se gestiona sobre la marcha”. Así, aseguran que estos casos los tratan de forma prioritaria.
