El 80% de la población gitana en España vive en riesgo de exclusión social, según un estudio
RTVE.ES /EFE.- La Fundación Secretariado Gitano ha entregado al representante de la ONU sobre la Extrema Pobreza, de visita en España, el último estudio sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza publicado en 2019. El documento muestra que más del 80% de esta población vive en riesgo de exclusión social y que el 46% son extremadamente pobres.
Representantes de la Fundación han acompañado al relator del ONU, Philip Alston, a la Cañada Real de Madrid y al Polígono Sur en Sevilla para mostrarle la situación de la población gitana. Según explica esta ONG, Alston y su equipo han recorrido dos barrios que muestran el rostro de la pobreza extrema en España y que afecta en un porcentaje muy alto a familias gitanas.
La tasa de pobreza infantil se sitúa en un 89%, la tasa de paro de la población gitana un 52% y solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de ESO o superiores, añade el informe.
Ante datos como estos, la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGD), que agrupa a las principales plataformas de organizaciones sociales dedicadas a cooperación internacional y acción humanitaria, considera que erradicar la pobreza es «una decisión política» y debe hacerse tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, está realizando una visita de investigación a España que inició el pasdo 27 de enero y concluirá el próximo 7 de febrero para analizar la pobreza en el país.
España «no ha impedido que empeore la situación», según las ONG
«España ha ignorado de forma reiterada las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y no ha impedido que empeore la situación de las personas más vulnerables, ni ha asegurado que se mantenga el nivel de protección de derechos alcanzado», ha explicado CONGD, que se ha reunido este lunes con Alston junto a otras organizaciones de la sociedad civil como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y Amnistía Internacional (AI).
«Las medidas de austeridad impuestas en la última década han minado las políticas sociales» y «revertir esta situación exige recuperar los presupuestos de las políticas sociales, entre ellas, la cooperación, que ha sufrido un recorte del 54% desde 2009«, han denunciado las ONGD en un comunicado conjunto, en el que lamentan que España se sitúa a la cola de Europa en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Además, alertan de que la actuación internacional de España puede tener consecuencias sobre la vida de las personas y reclaman al Gobierno que asegure que las empresas españolas en el exterior respetan los derechos humanos y el medioambiente, y no comenten ningún tipo de abuso.
AI, preocupada por el acceso a la vivienda y a la salud
Por su parte, Amnistía Internacional ha trasladado al relator su preocupación en relación con el derecho al acceso a vivienda y a la salud en España, cuya violación «contribuye de forma más decisiva al riesgo de pobreza».
En un informe con recomendaciones al relator, expone algunas «cifras alarmantes»: en España se han producido más de 400.000 desalojos entre 2013 y 2019, un 26,1% de la población está en riesgo de pobreza (que se eleva al 42,9% en el caso de las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres) y el gasto personal en vivienda ha aumentado en un 25,9% en los últimos 13 años.
Respecto a la vulneración del acceso a la vivienda, AI denuncia que «a pesar de que no existen datos desagregados por género, edad o por posibles vulnerabilidades que permitan evaluar el impacto de esas cifras, sabemos que las mujeres son las que enfrentan los mayores obstáculos, entre ellas las víctimas de violencia de género o las que encabezan hogares monomarentales».
Para solucionar la situación que denuncia, Amnistía Internacional reclama ampliar el parque de vivienda social en alquiler y cumplir «con la obligación internacional que tienen los Estados de garantizar una vivienda alternativa para las personas sin recursos que han perdido o están en proceso de pérdida de su hogar».
En el ámbito del acceso a la salud, incide en que las medidas de austeridad implementadas por el anterior Real Decreto sanitario sigan sin revertirse, manteniéndose por ejemplo, «el copago farmacéutico que traslada el coste de determinados productos a los usuarios». También expone al relator que se mantiene la exclusión de la atención sanitaria gratuita a algunas personas migrantes en situación administrativa irregular, aunque «la nueva legislación reconoce la necesidad de garantizar el derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas en el Estado español».
Alston: «España tiene niveles de pobreza sorprendentemente altos»
Tanto en Madrid como en Sevilla, Alston ha podido conocer a varias familias gitanas que le han relatado los constantes problemas de suciedad, ratas, cortes de luz, la falta de servicios públicos o el rechazo social que sufren a diario. Además, en el Polígono Sur de la ciudad del Guadalquivir, el relator ha visitado un centro de educación infantil y primaria y ha mantenido una reunión con su directora para conocer la situación del centro.
«La segregación escolar limita cualquier posibilidad de desarrollo futuro del alumnado gitano, es una barrera que impide la igualdad de oportunidades y que perpetúa la situación de pobreza extrema de las personas gitanas», ha asegurado el director de la Fundación en Sevilla, Juan Reyes, que ha explicado que ese centro es un caso de colegio segregado: hay prácticamente un 100% de alumnado gitano.
«España es la quinta economía más grande de Europa y, sin embargo, tiene unos niveles de pobreza sorprendentemente altos«, ha explicado Alston para justificar su visita en la que recorrerá Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña para comprobar por qué «más de una década después de la crisis financiera, y tras una impresionante recuperación económica, muchos de los indicadores de pobreza y desigualdad de España están muy por encima de los niveles anteriores a la crisis«.
Según datos de la ONU, en España, el 26,1% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 23,8% que lo hacía en 2008, lo que la convierte en una de las tasas más altas de Europa.
