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El Congreso da un paso mas para un pacto de Estado contra el antigitanismo

La Vanguardia.- La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha aprobado por mayoría el informe de la subcomisión para alcanzar un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano.

El informe, que será debatido en el pleno de la Cámara, solo ha contado con los votos en contra de Vox y la abstención del PP, cuyas portavoces han lamentado que en el texto no se aborde la situación real de la población gitana en España ni se propongan políticas concretas adecuadas, sino que sea una excusa «para seguir financiando chiringuitos afines a sus clientes».

Calificativos empleados por la diputada de Vox Reyes Romero, que ha reprochado a los diputados gitanos Sara Giménez (Ciudadanos), Beatriz Carrillo (PSOE) e Ismael Cortés (En Comú Podem) su defensa de la ley trans, la ley del aborto -que se han aprobado de forma definitiva este jueves en el Congreso- o la ley del solo sí es sí.

«¿Creen ustedes que representa el sentir mayoritario del pueblo gitano? Les digo yo que no», ha aseverado Romero al tiempo que era censurada por la mayoría de diputados de la comisión.

Los tres parlamentarios gitanos han defendido el informe aprobado este jueves porque el antigitanismo supone un ataque contra los derechos humanos y es la «máxima y más cruel expresión de racismo» contra este pueblo, si bien han instado a la implicación de todas las instituciones.

«El virus del racismo está ahí, no podemos negarlo; el virus del antigitanismo está ahí, no podemos negarlo, y tenemos que ser capaces de dar respuestas coordinadas, rápidas y eficaces para que el monstruo no crezca», ha dicho Cortés, que ha hecho un recorrido por los acontecimientos históricos que han maltratado a su pueblo, desde la Inquisición al franquismo, y ha pedido a la Corona su reconocimiento.

Giménez y Carrillo han coincidido en reclamar a los poderes públicos avances para revertir «los escandalosos indicadores» del pueblo gitano pero no desde el «victimismo», sino buscando el sitio que le corresponde y reivindicando la igualdad de derechos y libertades.

«La presencia gitana no es una opción, no es una cuestión decorativa, ni es una cuestión anecdótica, es una obligación moral, política, institucional y de justicia», ha aseverado Carrillo tras subrayar logros como la Ley de Igualdad de Trato o la inclusión del antigitanismo en el Código Penal.

Para Giménez, lo importante de este pacto es exigir su cumplimiento porque, ha dicho, «es totalmente absurdo creer que el pueblo gitano va a alcanzar una igualdad de oportunidades, sino hay una medida correctora eficiente» contra el fracaso escolar y la segregación o si se mantienen los altos índices de chabolismo.

«Se deben diseñar las políticas públicas con los gitanos no solo para los gitanos», ha reclamado la diputada.

Por su parte, la portavoz del PP Tersa Angulo ha lamentado que la mayoría de aportaciones de su grupo hayan sido «despreciadas» por los partidos del Gobierno de coalición «sin darnos ocasión al consenso que un pacto de Estado requiere».

A su juicio, el contenido del informe «es muy mejorable» y lo ha calificado como «un brindis al sol con poca concreción» sobre todo en aquellos ámbitos relevantes para conseguir la igualdad de oportunidades del pueblo gitano. 

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