El Gobierno aprueba la estrategia contra la violencia infantil que alcanza a más de 21.500 niños e incide en la prevención
Rtve.- El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la infancia y adolescencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que pretende prevenir, visibilizar y combatir la violencia que sufren en España al menos 21.500 niños, ya que gran parte de los casos nunca llegan a conocerse.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a esta hoja de ruta para 2023-2030 que «da respuesta y desarrolla la ley de protección a la infancia frente a la violencia que se aprobó en 2021″, ha explicado la ministra portavoz de Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa.
La nueva estrategia, que ha sido «dialogada» en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, recoge el conjunto de medidas y objetivos para que las diferentes administraciones y entidades hagan efectiva la ley de protección a la infancia, para garantizar el derecho de los menores a desarrollarse libre de cualquier forma de violencia.
Así, entre otras metas, el Gobierno se propone que, en 2030, el 100% de la población encuestada encuentre «inaceptable» las distintas formas de violencia que afectan a la infancia y adolescencia.
También, entre otros objetivos, la estrategia establece el compromiso de implementar antes de 2025 un Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, otro registro unificado de Servicios Sociales y un estudio sobre la prevalencia de estas situaciones para poder dimensionar su verdadera magnitud.
Aumentan un 37% los casos de maltrato infantil
Durante el año 2021 se registraron 55.354 victimizaciones -hechos denunciados- de menores de entre 0 y 17 años en España, según datos del Ministerio de Interior, y se comunicaron al sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 21.521 notificaciones de violencia sobre menores.
Según los últimos datos registrados por las comunidades autónomas en el RUMI, en 2021 aumentaron el 37,18% las situaciones de maltrato respecto al año anterior, cuando fueron 15.688 notificaciones. De las 21.521 posibles víctimas, 10.473 eran niñas y 11.048 niños.
Cuando se analizan las diferentes formas de violencia, la más notificada es la negligencia (el 42,75% de los casos), seguida por la violencia emocional (30,75%), la violencia física (16,91%) y la violencia sexual (9,59%). Más de la mitad de los casos corresponden a adolescentes de 11 a 17 años, sobre todo de entre 11 y 14, que son el 32%; siete de cada diez niños son de nacionalidad española.
Formar a las familias
Para hacer frente a la violencia, entre los pilares, la estrategia se marca como uno de sus objetivos formar a las familias, incluyendo a padres, madres, abuelos, tíos y otros cuidadores, para promover la cultura del buen trato y prevenir la violencia contra la infancia.
En este sentido, establece que se desarrollará un plan de formación, para todos los ciclos de edades, dirigido a las familias desde la perspectiva de «la parentalidad positiva, enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, enfoque de protección integral, enfoque de género, violencia contra la infancia y adolescencia, desarrollo evolutivo, psicología del trauma, psicología del vínculo y gestión de conflictos»; y añade que estos programas se promoverán desde los centros educativos y de servicios sociales.
Esta es una de las medidas contempladas en esta Estrategia -que viene como mandato de la Ley de protección a la infancia, la conocida como Ley Rhodes- con la que el Gobierno busca «dejar atrás el desconocimiento de la realidad de la violencia contra la infancia en España» y fortalecer la prevención y la detección.
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Atención a las víctimas y niños agresores
La estrategia establece que las comunidades deben avanzar hacia servicios universales, gratuitos, especializados y multidisciplinares para atender a los niños que han sufrido o ejercido violencia y a sus familias, de manera que en 2025 puedan atender al menos al 60% de los niños y en 2030, el 90% de las víctimas de violencias graves tengan a su disposición servicios amigables e integrados de atención.
Apunta que se trata no solo de prevenir y responder a la violencia física, emocional y sexual, sino de prevenir también la violencia institucional y administrativa y, con este fin, la Estrategia señala que se establecerán los cauces para una colaboración y cooperación eficaz entre los diferentes actores.
También la estrategia plantea hacer una inversión en la mejora de la calidad del conocimiento de esta violencia que «ayudará en la prevención y en la percepción social de la problemática, puesto que sacarán la violencia contra la infancia del espacio privado y lo convertirán en un problema social».
Alineada con la ley de infancia, pretende conseguir un cambio de percepción social, actitudes y comportamientos frente a la violencia contra los niños y adolescentes y garantizar que todos los entornos donde convivan o participen menores sean entornos seguros y protectores.
Asimismo la estrategia contempla la especialización tanto de los órganos judiciales como de los cuerpos de jueces, fiscales y equipos técnicos para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra o por niños.
Por otro lado, en el área de entornos seguros, la Estrategia se marca como meta para 2030 que se incremente en un 50% el número de niños, niñas y adolescentes que identifican como violencia todo tipo de agresiones contra la infancia; en un 30% el número de menores que declaran no haber sufrido nunca una victimización de ningún tipo; y en un 30% el número de menores que saben a quién reportar en caso de sufrir una victimización grave.
Entre otras propuestas, sugieren revisar no solo los antecedentes de delitos sexuales, sino también de maltrato del personal que vaya a trabajar con niños, o insertar en las páginas web de los institutos y APP más visitadas por adolescentes y jóvenes, un botón de ayuda ante casos de violencia.
