El Gobierno de Milei modificará la resolución que califica como «idiotas» e «imbéciles» a las personas con discapacidad
Rtve.- La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud de Argentina, ha anunciado este jueves que modificará la resolución que califica a personas con distintos grados de discapacidad como «idiotas», «débiles mentales» e «imbéciles». Tras desatarse una fuerte polémica, ha asegurado que se trató de «un error».
«Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta», ha expresado el organismo en su página oficial.
Los términos mencionados aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de la Nación y que define los ‘criterios médicos’ para medir la invalidez laboral.
Debajo de un apartado titulado «Retardos Mentales», clasifica a las personas de «idiota», «imbécil» o «débil mental» según su nivel de discapacidad y determina que «le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor».
«La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales», ha afirmado el comunicado publicado este jueves por el organismo.
Rechazo generalizado
La decisión del organismo nacional de modificar la resolución se da luego de un rechazo generalizado desde distintos sectores y organizaciones.
El Foro Permanente Discapacidad publicó este jueves un comunicado en repudio a la resolución, que consideró «un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad», y exigió su «revisión inmediata».
El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño había anunciado en su cuenta de X que presentarían un proyecto para rechazar la resolución en el Parlamento y «seguir acompañando los reclamos y las demandas de las personas con discapacidad y sus familias».
Siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habían presentado el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que solicitaron a la ANDIS la derogación urgente de la norma «por violar los derechos de las personas con discapacidad».
Una reproducción del médico de la discapacidad que refuerza estereotipos
La abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ Agostina Quiroz ha explicado a EFE que las expresiones usadas en la resolución «reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad».
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron además que el Estado mide la “invalidez” recurriendo a criterios médicos que desconocen «el modelo social de la discapacidad» tomado por la Convención.
Al respecto, Quiroz ha afirmado que la resolución reproduce «el modelo médico de la discapacidad, que ya estaba superado por el modelo social». «Según este modelo, la discapacidad se entiende como la interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno, por lo que no se pone el foco en ella ni en su ‘deficiencia’, ni se pretende ‘normalizarla’ a través de tratamientos médicos (como sí hace el modelo médico), sino que se pone el foco en la comunidad y en el Estado, que deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad», ha explicado.
Sobre el efecto que tiene la medida en la vida de miles de personas con discapacidad en el país, la letrada ha asegurado que «el lenguaje y los modos en los que nos referimos a las otras personas tienen impactos concretos tanto en lo colectivo (en las políticas, en las prácticas y en las culturas) como en lo individual (en la construcción de identidad de los sujetos)».
«El hecho de que la Administración pública continúe utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves daños a ellas y a sus familias, así como a la sociedad en su conjunto, al reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas», ha concluido.
