El Gobierno quiere que en 2030 al menos la mitad de las personas con discapacidad tengan empleo
El Periódico.- Con motivo del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. Se trata de plan ambicioso, transversal y que quiere convertir a España en un referente de sociedad accesible e inclusiva para las personas con discapacidad.
Para ello, marca una serie de retos, como que al menos la mitad de la población con discapacidad tenga empleo en 2030; reducir a la mitad las personas con problemas de acceso a los transportes o edificios públicos; fomentar la educación inclusiva, incluir la atención temprana en la cartera de servicios o reducir el número de personas que viven en entornos institucionalizados como residencias.
Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales fija como objetivo general el «garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos» de las personas con discapacidad, «a través de políticas que aseguren su inclusión en la comunidad, su pleno desarrollo, calidad de vida, autonomía personal, con condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación», en línea con las directrices de la Convención de Derechos de la ONU.
La «deuda» con las mujeres
El documento contiene una serie de retos y tiene, como «ejes transversales», la perspectiva de género, la cohesión territorial, la innovación y el desarrollo sostenible, entre otros. «Hay que saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad porque están en una situación de desigualdad por muchas realidades y opresiones históricas», señala el plan.
El problema de este tipo de estrategias es que es difícil cuantificar su cumplimiento. Para corregir este déficit, el documento incluye una serie de indicadores y metas, que puedan servir a la hora de realizar la evaluación final en el 2030. Así, en el ámbito laboral, marca que la tasa de empleo entre la población con discapacidad debe incrementarse del 34% y al 51%. En la educación, el número de personas que alcanzan la educación superior debe subir del 20,5% al 31% y el porcentaje de personas con dificultad para usar el transporte público debe reducirse a la mitad (del 40% al 18%).
La atención temprana
Asimismo, una de las principales demandas del sector es que se generalice y se financien los servicios de atención temprana, dirigidos a niños y que buscan dar una respuesta lo más rápida posible a las necesidades transitorias o permanentes en sus trastornos de desarrollo. En la actualidad el acceso a este servicio tiene largas listas de espera y su prestación depende de cada comunidad. La Estrategia reconoce la atención temprana «como un derecho subjetivo» y prevé «garantizar la igualdad de acceso» y que se incluya en la «cartera común de servicios» de salud y servicios sociales financiados por el sistema público.
Otro de los puntos claves de la Estrategia es «promover estrategias de desinstitucionalización«, lo que implica desarrollar una «gama de servicios comunitarios que reduzcan la necesidad de cuidado institucional y segregado». Este objetivo va en línea con por el reto del Gobierno de poner fin a las macroresidencias de ancianos y promover que estos espacios sean más pequeños y lo más parecido a un hogar.
Sin presupuesto
En definitiva, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, con esta Estrategia se quiere «estar más cerca de los más de cuatro millones de españoles que sufren discapacidad y acompañarles a la hora de derribar barreras«.
Sin embargo, el sector, que ha participado en su elaboración, «valora positivamente» la agenda de «transformación social» que propone la Estrategia y cree que sus retos «están bien enfocados» pero teme que se queden en papel mojado dado que el documento no va acompañado de un presupuesto de ejecución. «Estamos de acuerdo en el qué pero nos preocupa el cómo y el tiempo en el que ocurre», explica Enrique Galván, director de Plena Inclusión España.
Además, el sector echa de menos un mayor esfuerzo en la reducción de las listas de espera para tener una valoración de la discapacidad, que ahora está en unos dos años y que se prevé aminorar pero en una iniciativa posterior. En definitiva, la Estrategia es «una oportunidad para avanzar pero si se queda en un cajón y sin despliegue será un motivo de frustración«, según advierte Galván.
