El número de menores enjuiciados por violencia de género en Andalucía creció un 19% en el último año
ABC.- El número de menores enjuiciados por violencia de género en Andalucía ha aumentado un 19 por ciento en el último año, siendo el perfil mayoritario el de un joven mayor de 16 años y nacionalidad española, según las cifras que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que alerta en su memoria anual de una «tendencia al alza» en los últimos años de este delito y de la violencia doméstica entre los jóvenes andaluces.
De hecho, el 13 por ciento de los asuntos que se ingresan en los Juzgados de Menores corresponden a violencia de género y doméstica. En total, durante 2020 han ingresado en los Juzgados de Menores 702 asuntos en estas materias (un 19 por ciento menos que en 2019) y se han resuelto 742 asuntos.
Aunque en 2020, marcado por la pandemia de covid-19, se ha registrado un descenso en el número de asuntos, el TSJA hace hincapié en que en los últimos años el número de asuntos sobre violencia de género y doméstica en los Juzgados de Menores «ha ido creciendo considerablemente» y llama a estar «muy alerta ante la persistencia de actitudes de este tipo de violencia en nuestros jóvenes, cuando, por el contrario, se trata de que ejemplifiquen desde edades tempranas los valores de igualdad, respeto y libertad», según expone el alto tribunal en su memoria, consultada por Europa Press.
Respecto a los juicios, el total de menores enjuiciados en los Juzgados especializados de Andalucía ha sido de 3.909. De esos, el 2 por ciento lo han sido por violencia de género (76 menores) y el 13 por ciento por violencia doméstica (501 menores). Existe así «una tendencia al alza en esta cifra, que ha ido incrementándose a lo largo de los años». Más del 80 por ciento de los menores que fueron a juicio por violencia doméstica y de género tenían más de 16 años y eran españoles.
En términos generales atendiendo a los distintos delitos que se producen, los 17 Juzgados de Menores que existen en el territorio del TSJA imponen en su mayoría la medida de libertad vigilada, que se produce en el 46 por ciento de los casos; seguida del internamiento en régimen semiabierto (13%); la realización de tareas socio-educativas (12%) y prestación de servicios en beneficio de la comunidad (6%).
