El Pacto de Estado contra la Violencia Machista, el acuerdo esperado por el feminismo que tardó meses en fraguarse
El Pacto, que incluye medidas en todos los ámbitos, fue el resultado de intensas negociaciones parlamentarias en el grupo de trabajo creado para tal fin en noviembre de 2016
Finalmente y tras varias prórrogas, el Congreso aprobó el documento con la abstención de Unidos Podemos en septiembre del año pasado
El Gobierno del PP retrasó su puesta en marcha e incluyó en los Presupuestos de 2018 la financiación para su primer año de aplicación, pero no de la forma pactada
El 7 de noviembre de 2015 la violencia machista no ocupaba el centro de la agenda política y mediática como lo hace ahora, pero una marcha histórica y multitudinaria demostró que el empuje feminista ya estaba en la calle. Decenas de miles de personas llegadas desde todos los puntos de España se manifestaron en Madrid contra las violencias machistas en una cita que recordaba al Tren de la Libertad que un año antes había paralizado la reforma del aborto de Gallardón. Su principal reivindicación era que la violencia de género empezara a ser considerada una cuestión de Estado. Un año después, el 15 de noviembre de 2016, el Congreso de los Diputados dio el primer paso de lo que posteriormente se convertiría en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
La búsqueda del consenso en un tema que a esas alturas ya se había erigido en boca de los políticos como prioritario, fue el principal objetivo de la Subcomisión, que tenía cuatro meses para hacer entrega del informe. Sin embargo, la falta de acuerdo en algunos puntos llevó al organismo a solicitar varias prórrogas. Finalmente, en pleno verano de 2017, las diputadas cerraron el documento del que ya se conocían algunos detalles, entre ellos, un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir en los siguientes cinco años.
El 24 de julio la Comisión de Igualdad del Congreso dio el visto bueno al documento, que incluye medidas en todos los ámbitos: educativas, sanitarias, de mejora de coordinación entre instituciones, de sensibilización, de protección de los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género o de fortalecimiento de la asistencia jurídica. Además, incorpora la ampliación del concepto de violencia de género para englobar otros tipos de maltrato más allá de la pareja o expareja, que los menores no necesiten el consentimiento paterno para recibir atención psicológica o la devolución de las competencias en violencia de género a los ayuntamientos.
Uno de sus puntos fuertes es el reconocimiento de las víctimas independientemente de que hayan denunciado, una demanda feminista que finalmente cristalizó el Consejo de Ministros en un decreto ley aprobado en agostode este año y que finalmente se va a tramitar como una proposición de ley en el Congreso tras las críticas del resto de grupos.
La batalla presupuestaria
La luz verde que en julio del año pasado dio la Comisión de Igualdad al documento del Pacto no era suficiente. Ya entonces Unidos Podemos se abstuvo en la votación al considerar que carece de la «suficiente perspectiva feminista». Lo mismo hizo la formación morada en la votación definitiva, celebrada en el pleno del Congreso el 28 de septiembre de 2017. El documento fue aprobado con 278 votos a favor y 65 abstenciones en lo que fue considerada una cita «histórica».
Sin embargo, algunas voces ya avisaban de que el Pacto no contaba con garantías de aplicación, se trataba más bien de un posicionamiento político que empezaba a depender de la voluntad del Gobierno. «Ahora nos corresponde a nosotros trabajar en el acuerdo. No vamos a descansar ni un minuto», dijo en tribuna la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
Pasaron los meses y, a pesar de que el PP aseguraba al ser interpelado por el resto de grupos parlamentarios que el Pacto estaba en marcha, ninguna medida veía la luz. La oposición no cesaba en las preguntas cada vez que tenía oportunidad y denunciaba el retraso en su aplicación. Mientras tanto, el Congreso instó al Gobierno a habilitar un crédito extraordinario para su puesta en marcha, pero los populares esperaron a incluir el compromiso económico en los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo presentó a principios de abril.
Comenzaba así la batalla económica. Y es que el Gobierno incluyó los 200 millones comprometidos en el Pacto para el primer año de aplicación –80 para gestionar desde la Administración General del Estado, 100 para las comunidades autónomas y 20 para los ayuntamientos–, pero supeditó estos dos últimos conceptos a sus propios sistemas de financiación a pesar de que lo consensuado en las negociaciones fue que se trataría de transferencias directas.
Los acuerdos parlamentarios
Poco después le tocó de nuevo al feminismo demostrar su empuje en la calle. Más de 200 organizaciones convocaron concentraciones en toda España para exigir al Ejecutivo el dinero comprometido para el pacto bajo el lema ‘Compromiso=Presupuesto. Contra las violencias machistas’. La misma semana, el PP llegó a un acuerdo con algunos grupos parlamentarios, entre ellos Ciudadanos o UPN o PNV, para incrementar en 50 millones la financiación, pero las transferencias a autonomías y ayuntamientos seguían sin ser directas.
Los consistorios, de hecho, se unieron para exigir lo que les corresponde según el documento aprobado por el Congreso y, finalmente, la movilización feminista y la insistencia del PSOE, en concreto de la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, obligó a ceder al Gobierno gracias a una enmienda promovida por los socialistas y apoyada por todos los grupos parlamentarios. Ocho días después, el pleno reprobó a la ministra Dolors Montserrat con la abstención de Ciudadanos y a iniciativa de Unidos Podemos por su actuación integral y, en especial, en lo que tiene que ver con políticas de igualdad.
Entonces, la Audiencia Nacional ya había dictado la sentencia de la Gürtel y el PSOE ya promovía la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Nada más tomar posesión, el PSOE puso en marcha el Pacto presentando una proposición de ley para reforzar la formación en violencia de género de los operadores jurídicos. Precisamente se trata de la iniciativa que los socialistas han utilizado para intentar garantizar la aprobación de los presupuestos y que el PP amenaza con utilizar para dinamitar un pacto que ha tardado un año y siete meses en arrancar.
