INFOBAE.- Miles de niños con discapacidad y sus familias llevan años de espera para ser incluidos en sus propias escuelas. Es el caso de Isabel* y su hijo, pues ella tuvo que convertirse en una especie de “sombra” para evitar que su hijo sea marginado en su propia aula educativa. Y es que el centro educativo donde estudiaba el menor lo aceptó en el segundo grado solo bajo la condición “indispensable” de que ella permaneciese junto al niño durante toda la jornada de clases; o de lo contrario no se harían cargo de lo que le sucediera al pequeño

Durante un lapso de dos meses, esta madre fue testigo de que su hijo era discriminado y excluido de las enseñanzas. La profesora le entregaba las mismas tareas que a los demás niños sin cumplir con los ajustes curriculares para su hijo con discapacidad; además ella tuvo que dejar su vida laboral, académica y de mamá para convertirse en la “maestra sombra” de su propio hijo, pese a que esta figura está prohibida.

Vulneraciones como la narrada continúan acentúandose debido a la demora del Ministerio de Educación en la implementación de los Servicios de Apoyo Educativo (SAE).

Falta de inversión presupuestal

A fin de atender a los estudiantes con discapacidad u otra condición asociada que requiera apoyos actualmente existen los SAANEE (Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales), los cuales constituyen equipos multidisciplinarios adscritos a las escuelas especiales que tienen como función brindar apoyo a los docentes y a la comunidad educativa en general, para lograr una inclusión efectiva.

“Desafortunadamente, este sistema no se da abasto, pues según cifras del propio Ministerio de Educación solo cubre el 17% de la demanda, además, la falta de claridad de funciones y la estructura de estos equipos no logran cumplir con el fin para el que fueron creados y no son escalables a largo plazo. Esta fue una de las principales motivaciones para que se aprobara el Decreto Supremo 007-2021-MINEDU, que modificó el reglamento de la Ley General de Educación N° 28044, con el objetivo de eliminar una serie de problemas estructurales en la conformación de los SAANEE que han imposibilitado que cumpla con su función.

Para ello se dio inicio a una reforma educativa: la instauración de los Servicios de Apoyo Educativo (SAE) que, a diferencia de los SAANEE, van a depender de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Esto significa que los estudiantes con discapacidad ya no dependerán exclusivamente de los centros de Educación Básica Especial, sino que pasarán a una Educación Básica Regular, con lo cual se deja de lado una mirada segregada y se avanza hacia un enfoque inclusivo.

Se supone que los servicios de apoyo educativo pasarían a reemplazar de manera progresiva a sus antecesores y brindarían acompañamiento a la comunidad educativa (estudiantes, familias y docentes), además de organizar y gestionar los planes de apoyo internos y externos de las instituciones educativas a fin de que respondan adecuadamente a la diversidad de todos sus estudiantes.

En el 2022, con el fin de establecer una ruta de trabajo, el Ministerio de Educación aprobó el Plan Marco que orienta la implementación de la educación Inclusiva, el cual establece metas anuales para el funcionamiento progresivo de los mencionados servicios; sin embargo, hasta la fecha la entidad aún no destina el presupuesto necesario para tal fin, según alerta la plataforma Más Inclusión.

Más barreras para una verdadera educación inclusiva

Los estudiantes con discapacidad que acceden a instituciones educativas de Educación Básica Regular atraviesan barreras que limitan su permanencia, participación y logros de aprendizaje, tal como narró Isabel*. Su hijo fue vulnerado por la exclusión y discriminación en su centro educativo por la falta de ajustes a su material educativo y el poco apoyo de las autoridades escolares, una situación que ocurre en una gran cantidad de escuelas donde no se realizan ajustes pedagógicos o curriculares.

A esto se le suma que directivos y docentes no cuentan con herramientas o las capacidades para desarrollar entornos de aprendizaje inclusivos que valoren la diversidad o no se brindan los apoyos educativos necesarios por desconocimiento, falta de recursos o prejuicios. A ello se añade la carencia de infraestructura accesible.

Como el Ministerio de Educación no asignó presupuesto para la implementación de los Servicios de Apoyo Educativo (SAE), organismos internacionales como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a través de sus observaciones finales (marzo 2023), y organizaciones de la sociedad civil sugieren la correspondiente asignación de dinero.

Mientras tanto, miles de estudiantes y escuelas se encuentran a la espera de acceder a un servicio educativo de calidad.