Entregan 1.500 firmas contra la impunidad de la “caza al pijo»

• Las pandillas agresoras “campan a sus anchas” por Nervión, Los Remedios y El Porvenir

Diario de Sevilla.- Un grupo de 1.500 vecinos de Nervión con hijos adolescentes presentaron este miércoles a la Policía un escrito solicitando medidas para evitar el fenómeno de la “caza al pijo” y la impunidad de las pandillas agresoras que “campan a sus anchas” por este barrio y los de Los Remedios, Bermejales y El Porvenir.

Las firmas están encabezadas por Fernando González Vallarino, cuyo hijo fue brutalmente agredido el 30 de abril, y Manuel Mejías, padre de otro chico que se encontraba en el mismo grupo de adolescentes a los que además robaron un altavoz bluetooth.

Según el escrito, el fenómeno viral de la “caza al pijo” se desarrolla desde hace un par de años pero se ha reanudado con el fin de las restricciones debido a la pandemia. Su objetivo es “conseguir el máximo de agresiones al día” y pegar a los adolescentes de entre 14 y 17 años “con una agresividad fuera de lo común e inusitada cuando las víctimas no consiguen escapar”.

Los asaltantes son pandillas ajenas a la zona que les agreden y roban sus móviles, bicicletas y enseres personales, además de llevar a cabo “agresiones verbales, amenazas y conductas intimidatorias que han ocasionado múltiples situaciones de pánico”.

Los dos agresores que siguen encarcelados piden la libertad

El abogado de los denunciantes, Antonio Cubero, aseguró a  los periodistas que el fenómeno de la “caza al pijo” ya se ha dado en otras ciudades como Madrid o Barcelona y “ahora parece que se quiere implantar aquí, convertido en un fenómeno viral para ver quien comete la mayor barbaridad”.

En la causa hay ocho atacantes investigados, cinco en el juzgado de instrucción 3 y tres en la Fiscalía de Menores. De los cinco mayores de edad que fueron encarcelados inicialmente, tres quedaron libres el pasado día 12 tras las 20 ruedas de reconocimiento practicadas ante la juez.

Antonio Cubero indicó que los dos que quedan encarcelados han solicitado la libertad, aunque la Fiscalía aún no se ha pronunciado. La juez está a la espera de recibir las grabaciones de las cámaras de la calle, una de las cuales enfocaba directamente al lugar donde fue se produjo la trifulca del 30 de abril.

En su escrito, los 1.500 firmantes destacan que, tras aquella agresión, un grupo de padres se personaron en la zona -unos jardines junto a la avenida de la Buhaira- y “el grado superlativo de sorpresa fue la sensación de inseguridad que sentimos muchos de los adultos al ver como el grupo de agresores campaba a sus anchas por la zona, sin importarles lo más mínimo nuestra presencia, llegando incluso a hacer intentos de acometida, lo cual es un claro índice de la sensación de impunidad con la que se reproducen estos grupos hacia el resto de la ciudadanía”.