Escándalo de los orfanatos en Panamá: violación sistemática a niños sobre todo con discapacidad intelectual
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Solo uno de cada 50 orfanatos en Panamá son gestionados por el ejecutivo
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El informe de 700 páginas explicita abusos, violaciones y maltrato infantil
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) de Panamá ha informado que durante este mandato del Gobierno (desde 2019) se han cerrado ocho albergues por el incumplimiento de las leyes de protección de menores, un anuncio que se ha desencadenado a partir del escándalo por presuntos abusos sexuales y violencia a decenas de niños en estos centros.
Así lo ha señalado la directora de la Secretaría, Mayra Inés Silvera, quien también ha avanzado que se reunirá con el fiscal general, Eduardo Ulloa, y ha calificado de «aberrantes» los presuntos hechos que se habrían producido en más de una decena de albergues desde 2017 y que se recogen en un informe de 700 páginas elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.
«Cuanto tenga conocimiento de todo el informe vamos a tomar todas las medidas y acciones inmediatas. Vamos hacer enérgico y presentaremos las denuncias», ha subrayado la directora de la SENNIAF, que está visitando los centros para detectar irregularidades.
Varias diputadas que forman parte de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia habían pedido ya el cierre de los centros después de entregar como prueba el informe que contiene «evidencias de abusos, violencia y maltratos físicos a los niños, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual».
Por el momento, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio sobre las denuncias y se ha abierto otra por una presunta comisión de delito de maltrato a una menor de 10 años que fue hallada cuando huía de uno de los albergues en Tocumen.
Asimismo, el Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado citar a declarar a las responsables del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y del SENNIAF, María Castillo y Mayra Silvera, respectivamente, entre otras personas vinculadas a la gestión de los centros.
El escándalo por los presuntos abusos ha desembocado también en protestas que, con el lema #SENNIAFviolador, han clamado este martes consignas como «nuestros niños no se venden, se defienden» o «dejen de encubrir violadores y proteger a figuras del Gobierno», y han reclamado respuestas ante los hechos.
