Expertos piden a empresas y redes sociales no servir como plataformas del odio y la violencia
Unesco.- Treinta expertos* en derechos humanos alarmados por el reciente aumento de mensajes que fomentan el llamado discurso del odio en los medios de comunicación y las redes sociales han publicado este lunes una carta abierta en la que se pide a los Estados y las empresas en el sector de las telecomunicaciones que tomen medidas para frenar la propagación de esa lacra.
«Nos alarma el reciente aumento de los mensajes de odio y nos preocupan las figuras públicas que deshumanizan a los migrantes y a otros grupos minoritarios», señalan los expertos en su misiva.
El grupo de expertos advierten que generalizar y describir a grupos enteros de personas como peligrosos o inferiores no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad y que en el pasado ha conducido a tragedias catastróficas.
Por ese motivo, instan a los Estados a fomentar y adoptar políticas de tolerancia. “Los Estados deben trabajar de forma activa en la elaboración de políticas que garanticen los derechos a la igualdad, la no discriminación y la libertad de expresión, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia, mediante la propagación de la tolerancia, la diversidad y las opiniones plurales”.
Del mismo modo solicitan a las empresas en el sector de las telecomunicaciones y las redes sociales a actuar y efectuar las comprobaciones debidas y que no sirvan como plataformas para la incitación al odio y a la violencia.
Exacerbación de las tensiones sociales y raciales
«El discurso del odio, tanto en internet como fuera de él, ha exacerbado las tensiones sociales y raciales, incitando a ataques con consecuencias mortales en todo el mundo», afirman.
También alertan de que esa lacra se ha convertido en una “tendencia predominante” en todos los países y que esta situación representa una amenaza contra los valores democráticos, la estabilidad social y la paz.
Las ideas que impulsan el odio y su apoyo vulgarizan la conversación pública y “debilitan el tejido social de los países”, concluyen.
Además, solicitan a los dirigentes a abstenerse de propagar el miedo entre el público contra los migrantes o de aquellos considerados como «ajenos» para su propio beneficio político.
Por otra parte, también mostraron su preocupación por el uso del discurso del odio “como forma de socavar la disidencia legítima”, y del mismo modo subrayaron la importancia de fomentar la libertad de expresión.
Los Grupos de Trabajo y los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
Felipe González Morales (Chile), relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; David Kaye (Estados Unidos de América), relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Ahmed Shaheed (Maldivas), relator especial sobre la libertad de religión o de creencias; E. Tendayi Achiume (Zambia), relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Fernand de Varennes (Canadá), relator especial sobre cuestiones de las minorías; Victor Madrigal-Borloz (Costa Rica), experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género; Dubravka Simonovic (Croacia), relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Maria Grazia Giammarinaro (Italia), relatora especial sobre la trata de personas, en particular de mujeres y niños; Livingstone Sewanyana (Uganda), experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Obiora C. Okafor (Nigeria), experto independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la solidaridad internacional; Fabian Salvioli (Argentina), relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Philip Alston (Australia), relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Agnes Callamard (Francia), relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Fionnuala NÍ Aoláin (Irlanda), relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana; Rhona Smith (Reino Unido), relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Javaid Rehman (Pakistán), relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Alioune Tine (Senegal), experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Malí; Yanghee Lee (Corea del Sur), relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Michael Lynk (Canadá), relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Bahame Tom Mukirya Nyanduga (Tanzanía), experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia.
