“Hay más abusos sexuales en la familia, las escuelas y el deporte”

“El párroco era antes una figura respetada, de poder dentro de un pueblo, ahora ese rol lo asume el entrenador de fútbol o de otros deportes porque ahora son otras figuras las que tienen más contacto con el niño y la niña y tienen poder sobre ellos”, sostiene la psicóloga Raquel Raposo, en una entrevista para La Vanguardia, atenta a las explicaciones de Victoria Noguerol.

Las dos expertas coinciden en que la mayoría de abusos sexuales se siguen produciendo dentro de la familia, pero que son comunes allá donde hay una jerarquía de poder, donde alguien, como sucede en el deporte, puede abusar con sensación de impunidad. Ahora están de actualidad las denuncias sobre los abusos en la Iglesia católica, también en España, pero “hay más abusos en la familia, las escuelas y el deporte, como en cualquier lugar donde hay una jerarquía de poder”, afirma Raposo, psicóloga y secretaria de Fapmi-Ecpat en España.

El problema es que se ignora la magnitud de los abusos sexuales en España. En realidad no hay registros fiables. Pero no se trata de casos aislados. La estadística con la que se trabaja fue la que proporcionó el Consejo de Europa en 2010: uno de cada cinco niños o niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. En el mismo informe se afirmaba que el 85% de los abusadores son personas queridas y respetadas por la víctima. La familia sigue siendo el campo de batalla y de ahí la dificultad de la lucha, pues cuesta mucho que el menor de edad se atreva a denunciar su situación, incluso en casos donde son los padres los que utilizan a sus hijos para sacar beneficio con la explotación sexual de los mismos.

El diccionario de los abusos sexuales se va nutriendo con nuevas palabras gracias a las redes sociales. El grooming consiste en las tretas que realiza un adulto para obtener el acceso a un menor a través de internet con el objetivo de lograr un beneficio sexual con la obtención de fotos de contenido íntimo. Si el abusador consigue esas imágenes suele utilizarlas para forzar un encuentro físico o para chantajear, lo que se denomina sextortion. El abuso también puede incurrir en explotación cuando, por ejemplo, fotos de contenido sexual de un menor a otro menor (sexting) acaban en manos de adultos que las usan como pornografía, o con streamings de videollamadas en los que otros adultos pagan al abusador.

Los abusos sexuales en el deporte son poco conocidos, aunque más frecuentes que en la escuela. Pese a que en la gimnasia española de máximo nivel hubo un escándalo con denuncias como la de Gloria Viseras, que participó en los Juegos Olímpicos de Moscú-80, la cara oscura del deporte se encuentra más en las actividades extraescolares, donde las relaciones se fundamentan a veces en el miedo y la dependencia y donde las emociones de la competición hacen aumentar la vulnerabilidad de los menores.

“Cuando hablamos con clubes o con federaciones, muchos nos dicen que han oído que hay abusos y que saben que pasan esas cosas pero nos aseguran que en su deporte no ocurren, y eso indica que hay un problema de falta de conciencia, hay una ocultación involuntaria del problema”, resume Nacho Gaudix, responsable de educación del Comité Español de Unicef.

Miedo, vergüenza o culpabilidad paralizan a los niños y niñas que sufren abusos sexuales, que se ven atrapados entre la presión de los compañeros, los tabús sobre la sexualidad, la admiración hacia el entrenador o la pasión por el deporte que practican. “Por eso nuestra demanda principal es poder conocer en mayor profundidad el alcance de la situación, sabemos que estamos ante la punta de un iceberg que desconocemos”, valora Nacho Guadix.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se movilizó a partir de 2015 ante las primeras denuncias y ha elaborado guías para la prevención y la detección de abusos sexuales infantiles, y un listado de estándares de calidad pues simples modificaciones en la distribución de las instalaciones deportivas podrían ayudar a reducir el número de casos.

El Consejo de Europa también lanzó este año la campaña “Empieza a Hablar” (Start to Talk) para animar a los menores de edad a denunciar situaciones de bullying o abusos. España fue el país donde se estrenó y la acogida ha sido positiva, aunque siguen sin contabilizarse denuncias.

El congreso celebrado en Barcelona también sirvió para reivindicar una mayor visibilidad sobre la explotación sexual infantil. La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi), la entidad organizadora, aprovechó para demandar una mayor control y más medidas contra la explotación sexual infantil y adolescente en España, una problemática de la que se carece de cifras concretas.

Según los datos de 2017 del Ministerio del Interior, un total de 38.433 menores de edad fueron víctimas de algún delito o falta pena. Con un 11,3% de los casos, el que con más frecuencia afectó a los menores fue el delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye subtipos como agresión sexual con penetración, corrupción de menores, pornografía, acoso sexual y los relativos a la prostitución, entre otros. Pero no hay estadísticas fiables del alcance de la explotación sexual infantil en España.

Rosa Cendón, coordinadora del área de sensibilización e incidencia de Sicar Cat, dedicada a la atención integral de las víctimas del tráfico de seres humanos, recuerda que, en Catalunya, el primer caso de un menor que les derivó la policía fue en 2010 y que en un mes y medio saltaron las alarmas cuando tuvieron que atender siete casos.

“Falta formación sobre este fenómeno, para empezar siempre se ha dado un enfoque de que se trata de un delito, que lo es, pero no se ha entendido que también es una grave violación de los derechos humanos y, por lo tanto, los Estados y gobiernos deberían poner los medios adecuados para su prevención, como hacen, por ejemplo, con el terrorismo”, analiza Cendón.

Desde Sicar reclaman una actuación fundamentada en las cuatro ‘p’, las de prevención, protección persecución y partenariado, y ven con preocupación la vulnerabilidad de los menores no acompañados que están llegando a Catalunya. “En algunos casos hemos detectado que son forzados a cometer delitos, dentro de la eficiencia de las redes mafiosas, que para aumentar beneficios y reducir riesgos, fuerzan a los menores a cometer delitos, como pilotar las embarcaciones de inmigrantes o cometer robos”, asegura Rosa Cendón.