La corrección política se impone cada vez más en el mundo de la política o el arte, y también llega hasta el de la moda. Tanto que alcanza a la administración e incluso llega a convertirse en una cuestión legal.
Esta semana, la firma de ropa y complementos Prada y la New York City Commission on Human Rights —es decir, el gabinete jurídico del ayuntamiento de la ciudad que se encarga de supervisar las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos— han firmado un acuerdo conjunto para que la comisión mantenga a la firma bajo su radar. Por ello, a partir de ahora la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York tendrá la capacidad legal para abrir una investigación si detectan que ha habido una violación de los mismos. También tendrá la potestad de realizar juicios civiles.
Como adelanta The New York Times, la firma italiana se ha comprometido a impartir formaciones internas, así como a tratar las cuestiones laborales y financieras con minorías. Además, la firma se someterá a una auditoría externa para ver sus progresos durante los próximos dos años.
En diciembre de 2018 la firma italiana fue duramente criticada por sacar a la venta unos llaveros con un precio de alrededor de 500 euros que mostraban unos monos con la cara negra y grandes labios rojos, y que levantaron ampollas —sobre todo en Estados Unidos— entre quienes afirmaron que eran racistas. La marca los retiró y reaccionó anunciando la creación de un Consejo por la Diversidad y la Inclusión con el que buscaba «ayudar a alzar las voces de personas de color mediante la empresa y toda la industria de la moda».
Prada no es la única que ha tenido resbalones similares o a la que se ha acusado de falta de sensibilidad. Dior fue criticada por estereotipar a los pueblos nativos americanos; o Dolce & Gabbana fue acusada de burlarse de la cultura china. O como la también italiana Gucci, que hace un año tuvo que retirar un jersey con cuello alto negro y unos grandes labios rojos pintados sobre el mismo por el que se la acusó de racismo. Por ello hay más firmas de lujo que ya están en conversaciones con esta Comisión para formar parte de ella. Una colaboración que, por otra parte, también ha sido puesta en entredicho, al plantear la duda de hasta qué punto una entidad local tiene la potestad de involucrarse y de supervisar a una firma de lujo.
