La COVID frena la contratación de personas con discapacidad y aumenta más la brecha: «Llevo casi toda mi vida en paro»
- En 2020 se destruyeron más de 100.000 empleos y la firma de contratos cayó hasta los 248.500
- Apostar por la formación de este colectivo se presenta como un elemento clave para su integración
RTVE.- La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un duro golpe para el colectivo de personas con discapacidad, que ha visto caer en un 32 % la contratación en 2020 tras siete años de subidas interrumpidas. La inclusión laboral ya era una de las asignaturas pendientes de las empresas y de las administraciones públicas antes de la pandemia, pero tras la crisis este colectivo se encuentra con más puertas cerradas que antes. Las personas con discapacidad se aferran a la formación como una vía de escape de esta situación, pero reconoce que en muchos casos no es suficiente y que aún queda mucho camino por recorrer.
Según los datos avanzados por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet), en 2020 se destruyeron más de 100.000 empleos y la firma de contratos cayó hasta los 248.500. “El punto de partida en las personas con discapacidad es peor y cualquier incidencia en el empleo supone un retroceso en su situación”, asegura a RTVE.es el coordinador del Observatorio, Luis Enrique Quífez, quien constata que la crisis de la COVID-19 ha supuesto “un varapalo enorme” en el colectivo de personas con discapacidad, ya de por sí vulnerable y donde los prejuicios actúan como una de las principales barreras.
Fue precisamente el coronavirus el que truncó de golpe las esperanzas de Carlos Cánovas. Este joven de 23 años abandonó a comienzos de 2019 su Córdoba natal por la falta de oportunidades en el ámbito de la comunicación y decidió emprender una nueva vida en Madrid. Tras varias experiencias laborales, la llegada de la pandemia supuso un mazazo en sus expectativas: “La empresa en la que hacía prácticas no me renovó y tampoco pude encontrar un nuevo trabajo, en todas las ofertas me rechazaban, así que tuve que volver a Córdoba con mis padres”, nos cuenta.
Como Carlos, un 79,4 % de las personas con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral desde que comenzó la pandemia: un 17,6 % ha perdido su empleo y un 46,7 % está buscando trabajo. Además, el 55 % de las personas de este colectivo en búsqueda activa de empleo no ha realizado entrevistas de trabajo ni tenido ningún tipo de contacto con el mundo empresarial. Así lo pone de manifiesto el Informe Discapacidad y Relaciones Sociales elaborado por Fundación Adecco en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
El drama del paro eterno
El último informe anual de Odismet, cuyas cifras corresponden a 2019, constata la evidente discriminación que sufren las personas con discapacidad en el mercado laboral y las diferencias que existen frente al resto de la sociedad. De los 1,87 millones de personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años que viven en España, solo un 34,5 % son activas desde el punto de vista laboral, frente al 77,7 % de las personas sin discapacidad. Además, el paro entre quienes tienen una discapacidad alcanza el 23,9 %, más de diez puntos superior; mientras que los salarios de media no llegan a los 20.000 euros brutos y son un 17 % más bajos.
Por si fuera poco, el desempleo de larga duración de este colectivo se sitúa en el 53,7 %. Es el caso de Javier M. Banda: tiene 40 años y apenas acumula cuatro años de experiencia laboral. “También puedes encontrarte con casos a los que la vida les haya sonreído un poquito más, pero no es el mío por desgracia. Llevo casi toda mi vida en paro”, lamenta. Javier nos cuenta que siempre ha tenido “contratos precarios» y hasta un par de años tuvo que darse de alta como autónomo. “Recurrí a la formación en mis inicios y después de mi paso por la Universidad, pero lo cierto es que me fui desencantando cada vez más; hasta que ya te das cuenta que vas teniendo una edad y que, encima con una discapacidad a tus espaldas, todo será en vano”, señala.
Javier se muestra muy pesimista en relación a sus expectativas laborales, dada la situación. “No te voy a mentir, ya no me quedan esperanzas. Cuando era más joven sí que intentaba decirle a todo el mundo que al final acabaría consiguiendo algo, pero no ha sido así», nos cuenta. A su juicio, “la inmensa mayoría de las personas con discapacidad tienen una fecha de entrada y una de salida, porque las posibilidades de mantenerse en el puesto son prácticamente nulas”. Además subraya que las empresas tendrían que mirar por las personas con discapacidad, pero «parece que encima hay que dar las gracias cuando lo que hacen es aprovecharse de mala manera”.
La triple discriminación
A todo ello se unen otras dos realidades que afectan de manera negativa al colectivo a la hora de encontrar trabajo: ser mujer y joven. La tasa de paro femenina es del 24,6 %, más de un punto por encima de la de los varones, mientras que en personas de 16 a 24 años alcanza el 56,4 %, con una brecha respecto a los jóvenes sin discapacidad de más de 24 puntos. Además, el salario medio de las mujeres es de 17.949,2 euros brutos anuales y el de los jóvenes se reduce hasta los 12.470,8 euros.
Precisamente en esta situación se encuentra Lucía Soler. Sufre lo que ella denomina una “triple discriminación”: “Tengo una discapacidad física, soy mujer y tengo 22 años”. Lucía realizó un módulo de Turismo y estuvo encadenando prácticas en varias empresas durante un par de años, hasta la llegada de la COVID-19. “Llevo más de un año parada, realizando cursos de idiomas y nuevas tecnologías, pero aún no tengo ofertas de nada. Ni siquiera me llaman para entrevistas, ven que tienes una discapacidad y directamente el currículum va a la basura”, lamenta.
También se encuentra en paro desde hace tiempo Félix. Este gallego es 24 años es graduado en Comunicación Audiovisual y también tiene un máster de Periodismo Deportivo, pero aún no ha encontrado una oportunidad para demostrar su valía. “Es un problema estructural y social. Se entiende en muchas ocasiones a las personas con discapacidad como menos rentables, menos productivas… y no es cierto eso, sino todo lo contrario”, asegura.
Aunque si hay un colectivo con discapacidad afectado por el desempleo es el de las personas con trastorno del espectro autista (TEA): acumulan la tasa más alta de paro, entre un 76 y 90 %. “Es una cifra que no nos podemos permitir como sociedad”, señala el director general de Autismo España, Jesús García Lorente. Las principales dificultades radican en la ausencia la falta de oportunidades, los prejuicios de las empresas y la falta de programas de apoyo y de modelos de formación dual.
“Y sin embargo la legislación española sigue sin reconocer a las personas con autismo como colectivo de especial vulnerabilidad”, recalca García Lorente. “Lo que reclamamos es que por fin se reconozca al colectivo de personas con autismo como colectivo específico dentro de la legislación laboral, para que no nos quedemos fuera de la aplicación de la legislación de empleo con apoyo de los programas comunes de empleo o de cosas tan importantes como el empleo público”, sentencia.
El teletrabajo, ¿una vía alternativa?
Ante este contexto, la irrupción del teletrabajo ha permitido que el colectivo pueda seguir desarrollando su actividad desde su domicilio, si bien no en todos los casos. “En las personas con discapacidad, a veces es posible, a veces no tanto”, subraya Quífez, ya que las características del empleo en las personas con discapacidad “desafortunadamente se concentran en sectores productivos muy centrados en cuestiones asistenciales o limpieza”, que han sido precisamente los más castigados por la pandemia y que no pueden realizarse desde el propio hogar.
“De hecho, del total de personas con discapacidad ocupadas, el 80 % son empleados en sector servicios, un porcentaje aún mayor del que ocupan las personas sin discapacidad. Por tanto, en ese segmento, a veces es susceptible que se trabaje por medio del teletrabajo y otras veces es imposible”, explica.
Una de las personas que sí ha podido desarrollar su trabajo en su domicilio a raíz de explosión de la pandemia es Rebeca González, agente en un contact center en Ilunion. Rebeca trabaja con su marido desde casa y, a pesar de que ambos son ciegos, eso no les ha impedido desarrollar su trabajo con normalidad. Reconoce que la empleabilidad de las personas con discapacidad “siempre es más complicada” y, por ello, “existen instituciones que facilitan esta labor”, como Ilunion.
“Conocen el sector y la problemática de las personas de discapacidad y son una puerta para dar a conocer al resto de empresas la labor que hacemos y que podemos desarrollarla con total normalidad, con las adaptaciones que precise, pero sin ningún obstáculo o inconveniente con respecto al resto de trabajadores”, señala.
La formación como clave para su integración
Apostar por la formación de este colectivo se presenta como un elemento clave para su integración. La Fundación ONCE puso en marcha en 2019 el programa ‘Por Talento Digital’ con el objetivo de mejorar la formación digital de este colectivo y con ello ampliar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Desde entonces, un total de 3.867 personas con discapacidad de toda España adquirieron algún tipo de competencias en nuevas tecnologías.
“Impartimos formación para que las personas con discapacidad tengan las competencias necesarias para desenvolverse en entornos digitales sin ningún problema. Y, además, ofrecemos formación a medida de lo que se demanda, por ejemplo, en programación”, nos cuenta la directora de Formación y Empleo, Sabrina Lobato. A su juicio, se trata de “una apuesta clave” para la Fundación porque “tiene que ver con aprovechar oportunidades como con reciclar profesionalmente a personas que se pueden quedar fuera del mercado de trabajo si no tienen las competencias adecuadas”.
Y es que, dentro del colectivo de personas con discapacidad, un 71,5 % tienen más de 45 años, por lo que “el reto en cuanto a formación y reciclaje profesional y competencias digitales es esencial”, subraya Lobato. Además, la Fundación ONCE también promueve la reincorporación al mercado laboral de aquellas mujeres que han sufrido violencia de género con el fin de que “sean independientes y tengan una vida autónoma”. “Era una realidad que estaba completamente oculta y fue muy impactante: en muchas de estas mujeres su discapacidad se derivaba de un maltrato”, asegura la directora. En los últimos tres años un total de 2.338 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género han sido atendidas y se han obtenido 660 contratos laborales.
No obstante, reconoce que aún queda mucho camino por recorrer. “Vamos avanzando poco a poco, pero uno de los retos es que se conozca más la discapacidad y que las empresas den oportunidades”, señala Lobato, quien insta a las administraciones a que revisen el empleo público y el marco legislativo “para ver qué cosas están desajustadas ya que ha cambiado mucho la realidad social de España y las empresas en los últimos años”, y pide que los fondos europeos no pierdan de vista a los colectivos excluidos y a las personas con discapacidad.
“Desgraciadamente todavía persiste una visión de lo que las personas con discapacidad no pueden hacer, y no de la capacidad y del talento que tienen. Esto es lo que debemos combatir”, sentencia
