La Fiscalía pide que discriminar por ser de una región española sea una agravante del delito de odio
El Mundo.- En un año se disparan las causas abiertas por rechazo político pero en su mayoría se tratan de delitos leves
Aunque ante una sociedad tan garantista como la nuestra suene extraño la discriminación por sentirse español, catalán, vasco, gallego, extremeño, andaluz, murciano o de cualquier otra región de España no está bien protegida dentro del Código Penal. Insultar o amenazar por ser de un territorio concreto actualmente se podría encuadrar en la discriminación o incitación al odio por motivos étnicos, que alguna vez se ha apreciado por los tribunales, un agravante que alude al rechazo por tener un sentimiento de una comunidad determinada.
Por eso la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que coordina el fiscal Miguel Ángel Aguilar, considera en su memoria de actividad del año pasado que se debería realizar una reforma legislativa para mejorar la tipificación como agravante del delito de cualquier rechazo por origen territorial dentro de España, así como el odio por usar cualquiera de las lenguas oficiales de España. Ya existen antecedentes de reformas del Código Penal para precisar esta agravante genérica por motivos de discriminación. La última fue hace cuatro años cuando se incorporó el rechazo porcuestiones de género y antes se modificó la norma para mencionar como causa de su apreciación la consideración expresa de la identidad sexual.
La memoria de esta Fiscalía de delitos de Odio también remarca que de 2017 a 2018 se han disparado los delitos por discriminación por orientación política que han pasado de 83 a 203 atestados. Sin embargo indica que la mayoría son delitos leves, como amenazas por redes sociales, daños o pintadas aunque muchos quedan archivados en los tribunales al no poderse determinar autor o la acción investigada no tener reproche penal. Las víctimas de estos delitos abarcan todo el arco ideológico, de independentistas a constitucionalistas, y también se han abierto varias investigaciones hacia grupos de extrema derecha.
Tras este tipo de delitos por discriminación están los de xenofobia y racismo que en un año han bajado de 94 casos a 68, y en tercer lugar los de rechazo por orientación sexual cuyo descenso es menor y pasaron de 67 en 2917 a 59 en 2018. Sin embargo, la memoria de esta Fiscalía remarca el aumento del 40% en todos los asuntos tramitados en este periodo de tiempo ya que han pasado de 291 a 412, en su mayoría por orientación política, racismo u orientación sexual, aunque también hay por discriminación por motivos religiosos. De las 412 investigaciones abiertas hay 103 denuncias por hechos en redes sociales, como amenazas o insultos en las que la motivación política está muy presente.
La Fiscalía de Odio y Discriminación remarca que hay una importante cifra de delitos «sumergidos», que no se denuncian, por parte de inmigrantes. Por eso piden una reforma de la ley de extranjería para que los denunciantes que carezcan de permiso de residencia lo obtengan temporalmente y puedan acusar casos penales de violencia de género o tratas de seres humanos entre otros. Además, pide incluir en los casos de discriminación el odio a los pobres y remarca la necesidad de profundizar en la formación de la policía, administración de justicia y seguridad privada en estos tipos delictivos.
Para las condenas por incitación al odio en páginas de internet o redes sociales, el Ministerio Público detalla que para suspender las penas de prisión, siempre y cuando no superen los dos años de cárcel y no se tengan antecedentes, incluir como medida la retirada del contenido o realizar un programa de derechos humanos y diversidad o contra la violencia, si se tratan de agresiones. Estas medidas se sumarían a la indemnización a las víctimas, no acercarse a ellas, no tener actividades en grupos extremistas o no volver a delinquir.
Los escritos de acusación de la Fiscalía en los juzgados penales por este tipo de delitos se incrementaron de 2017, cuando fueron 49, a 2018, cuando se registraron 64. El Ministerio Público remarca que la mayoría de estas acusaciones son por delitos de racismo y xenofobia, 20, seguidos de orientación sexual, 18, y orientación ideológica. Además, detalla que el 74% de las sentencias por este tipo de delitos son condenatorias.
La Memoria de la Fiscalía de delitos de Odio y Discrminación indica que el Consell del Audiovisual de Catalunya denunció a webs que propagaban la violencia contra la mujer o discriminaban por orientación sexual. Los asuntos se derivaron a otras capitales de España, ya que allí se hacían el contenido, aunque la mayoría eran de Latinoamerica. También se investigó una web de pensamiento nacional socialista, pese a la dificultad de tramitar una comisión rogatoria a Estados Unidos ya que allí lo consideran libertad de expresión.
