La fiscalía propone cámaras en colegios y despachos para evitar abusos a niños
El Periódico.- Denuncia que los casos de violación cometidos por menores han ascendido un 43%
El ministerio público ve «inquietante» el aumento de la violencia machista entre jóvenes y lo vincula al uso de pornografía
La Fiscalía General del Estado siempre aprovecha el acto de apertura del año judicial para dar a conocer la realidad criminal de país, a través de su memoria anual de actuaciones judiciales. Este año, además de alertar del aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores, entre la que destaca la «preocupante» subida del 43% que se ha producido en los casos de violación, se permite proponer una medida para luchar contra los abusos sexuales de los que son víctimas: la instalación de cámaras en ciertos espacios, como aulas y despachos.
La propuesta del ministerio público se justifica en «la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos», porque son espacios en los que se debería cuidar o educar a los menores. Eso hace posible «normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados», como despachos o aulas, que eviten el delito y que a la vez impedirían sospechas o imputaciones que pueden ser «tan lacerantes como infundadas».
Como «no se trata de actos aislados sino repetidos» en el tiempo, en «entornos familiares, educativos o de tiempo libre» y en situaciones de «extrema intimidad», son delitos que a menudo presentan serios problemas probatorios. A ello se une que las víctimas «suelen sentir vergüenza, derivada de la peculiar vejación sufrida». De ahí la importancia de pueden tener unas grabaciones que podrían servir para evitar el propio delito o en otro caso, probarlo.
Aumento edad sexual
La Memoria de la Fiscalía de 2018 subraya su especial preocupación por el alza de los delitos sexuales entre menores, pero admite que se trata de una tendencia que se ha producido desde el aumento de la edad penal para el manteniento de relaciones sexuales de los 13 a los 16 años.
El número de diligencias incoadas por violencia machista ejercida por este colectivo fue en 2018 el más alto de la década: 944 frente a 684 de 2017, y crecen también los procedimientos por delitos de naturaleza sexual. Se abrieron 1.185 casos por abusos y 648 por agresiones sexuales (expresión con la que el Código Penal denomina a las violaciones), lo que supone un 43% más respecto a 2017 (451).
El ministerio público admite que «una parte significativa de abusos sexuales entre menores» pueden ser de parejas con edades similares próximas al límite legal, por lo que podrían acabar siendo archivadas, si se comprueba que ninguno abusa del otro. Pero de un año a otro sí estima «aspectos más inquietantes» en estos delitos de este colectivo vulnerable.
Crecen las ‘manadas’
Esa inquietud de la Fiscalía General del Estado se debe a que cada vez detecta «una gran precocidad y comportamientos y relaciones altamente sexualizados entre menores de muy corta edad», en referencia a las diligencias que se archivan por tener menos de 14 años de edad sus protagonistas, lo que impide su persecución penal.
La otra razón es el incremento de la violencia machista y sexual entre jóvenes y adolescentes, especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual ejercida en grupo, conocidos como ‘manadas‘. La institución achaca el fenómeno a un posible efecto contagio, con pérdida de conciencia de la gravedad del delito y de la responsabilidad individual de la acción al diluirse dentro del grupo.
En cualquier caso, el ministerio público sitúa detrás el uso de la pornografía en las redes sociales donde se representa a la mujer «cosificada«. Para luchar contra ello propone afrontar la situación «desde el ámbito educacional»; considera que «padres y administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación».
Control y dominación
En cuanto a la violencia machista en general, la fiscala general del Estado, María José Segarra, destacó el hecho de que 16 de las 49 mujeres asesinadas en 2018 por sus parejas hubiera denunciado malos tratos previamente, lo que sin duda responde, en su opinión, a una «insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas» que «debe hacernos reflexionar sobre la suficiencia de medios disponibles».
En el caso de los menores, la memoria, además, considera «preocupante que las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a los agresores, siendo generalmente los familiares de la víctimas quienes interponen la denuncia o personas anónimas que observan los hechos y avisan a la policía».
«Existe una inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes. Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica», concluye la institución.
Para la Fiscalía, «esta realidad», que se manifiesta en el continuo incremento de solicitud de medidas de protección, como la de alejamiento, «obliga a prestar una especial atención a estos jóvenes que, pese a haber crecido en un entorno de sensibilización contra los malos tratos, funcionan con similares patrones de discriminación del hombre sobre la mujer, lo que exige una revisión de los planteamientos educativos en la escuela y en la familia».
Durante su intervención, Segarra también defendió un cambio en la tipificación de «toda forma de proxenetismo», en la línea que marca Europa, para castigar a «quienes conscientemente se aprovechan de los servicios presetados por las víctimas de trata» de seres humanos, entre los que se encontrarían quienes contratan los servicios de quienes han sido obligadas a practicar la prostitución.
