La gran redada: cuando los gitanos de España casi fueron exterminados
Heraldo.es.- A través de una Real Orden, Fernando VI trató de acabar con este colectivo el 30 de julio de 1749, cuando detuvo a 9.000 personas, encerrándolas y separándolas por sexos para evitar su reproducción.
El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A lo largo de la historia se han dado varios casos, como los programas de aniquilación indígena de América Latina, el Holocausto, el genocidio de Ruanda, la guerra de Bosnia, el conflicto de Camboya..
Aunque los más conocidos son los crímenes que se produjeron durante el horror nazi, donde se intentó acabar con judíos, homosexuales, negros y gitanos, entre otros colectivos, muchos años antes otros países cercanos ya habían intentado llevar a cabo estas prácticas con el fin de borrar del mapa aquellas etnias que rechazaban.
Uno de ellos fue España, que tras expulsar a los judíos en 1492 y a los musulmanes hispanos en 1609, trató de exterminar a los gitanos a partir del 30 de julio de 1749, cuando una Real Orden de Fernando VI, conocida popularmente como la ‘Gran Redada’, permitió que se sacase por la fuerza de sus casas a 9.000 gitanos españoles con la intención de separarlos por sexos y encerrarlos para evitar que se reprodujeran.
Trabajos esclavos, torturas, condiciones insalubres, y otras circunstancias aberrantes fueron los principales elementos que caracterizaron a esta operación que, no obstante, no se trataba de la primera vez en la que se perseguía a este pueblo, que entró a España por Aragón en 1425 y que ya había sido objeto de una tropelía similar en 1499, cuando los Reyes Católicos firmaron una primera orden de expulsión que no se llevó a cabo. Asimismo, desde 1499 hasta 1783 los gitanos españoles sufrieron más de 250 medidas de persecución, llegando a tener restringidas las ciudades en las que podían vivir, los oficios que podían ejercer y el número máximo de familias que podían habitar en el mismo núcleo urbano.
El daño producido fue incalculable, sobre todo porque se arrestó a los gitanos que no eran nómadas y que, por tanto, tenían domicilio fijo. Aun así, no se apresó a todo el colectivo y, por ello, el plan de exterminación no triunfó.
Este maquiavélico proyecto, organizado en secreto por el entonces consejero de Estado, Marqués de Ensenada, hizo además que se confiscasen los bienes de todos los detenidos. Unas actuaciones que no acabarían hasta 1763, cuando el monarca del momento y hermano del anterior, Carlos III, notificó a las víctimas que iban a ser puestas en libertad, saliendo las últimas de ellas en 1767. Este rey ilustrado inauguraría además una nueva política hacia el pueblo gitano que dio lugar a la pragmática de 1773, en la que los gitanos fueron considerados aptos para cualquier trabajo.
Los gitanos han luchado durante siglos para que no se olviden estas persecuciones, producto de un rechazo que aún no se ha diluido por completo en la actualidad.
Recientemente, el Gobierno de Aragón anunció que impulsará en 2020 un total de 185 medidas para evitar la exclusión de los más de 13.000 gitanos que viven actualmente en la Comunidad, todo ello dentro de la I Estrategia Integral para la Población Gitana. Un paso sin duda importante para revertir una tendencia histórica injusta y, de paso, contribuir a luchar de manera firme contra el auge de la xenofobia que se está produciendo en diversas zonas de Europa.
