La Justicia argentina condena a los responsables de torturas al colectivo trans durante la dictadura
Público.- Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina o el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) , se propuso «reorganizar» de raíz a la sociedad y la economía para así poder disciplinar a los sectores populares y evitar que el país «cayera en manos del comunismo internacional». Desde su derrocamiento, se han hecho públicos los numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población. Uno de los colectivos que más sufrió la represión y fue torturado es el colectivo trans.
Recientemente, el juez federal de la Plata, Ernesto Kreplak, ha decidido procesar a todos aquellos que cometieron atrocidades contra las personas trans. Así, el exdirector del centro de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, Miguel Osvaldo Etchecolatz, ha sido condenado por diversos crímenes de lesa humanidad junto a una decena de civiles, militares y policías retirados. Se les acusa por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas trans durante la última dictadura cívico militar.
La decisión tomada por Kreplak surge en el marco de una serie de procesamientos que involucraron a más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste de Buenos Aires. Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo trans es tenido en cuenta por parte de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado. Se espera que los crímenes sean tratados en el juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en aquellos escenarios del horror.
En el Pozo de Banfield «se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar» , puntualizó Kreplak. Ahora se investigan los crímenes de «las brigadas», como suele identificarse a los campos de concentración que funcionaron en la ex División Delitos Contra la Propiedad y Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Brigadas de Investigaciones de la bonaerense en Quilmes y Lanús.
Las resoluciones de Kreplak atienden y acompañan a un trabajo conjunto de la Fiscalía federal, las querellas que representan a supervivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos: casos que habían quedado incompletos y, por lo tanto, no habían podido ser incorporados al juicio que ya se está desarrollando. «La idea es tratar todo esto en el actual debate para no tener que hacer otro más adelante», apuntó Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes.
Entre los casos preexistentes que sumaron nuevas imputaciones y aquellos que fueron incorporados en estos autos, ascienden a 300 el número de víctimas por las que la quincena de represores, entre civiles, militares y policías retirados deberán responder ante la Justicia.
Como novedades, «se amplió el criterio de imputación» sobre el ejercicio de la violencia por medios sexuales que los represores llevaron a cabo contra mujeres cis, travestis y trans. Y aquí hay un apartado que es «fundacional» en el tratamiento judicial de los crímenes de lesa humanidad, destacó Oberlin: el procesamiento de una decena de represores por secuestro, torturas y violaciones a siete travestis y trans. «Es la primera vez que en el ámbito judicial se considera al colectivo trans como objetivo a atacar dentro del Plan Sistemático», expresó la fiscal.
La persecución
A partir de un «trabajo de hormiga» encabezado por Oberlin, se logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchas de ellas viven en el exilio, al que acudieron en calidad de refugiadas tras secuestros, torturas y abusos.
A través de sus relatos, el Juzgado Federal de Kreplak pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield. Entonces, todas eran muy jóvenes –algunas adolescentes–. Al llegar al centro clandestino las «tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, violadas y vejadas», relató una de ellas. Recordaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre, abusos sexuales –eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o abrigo–.
Remarcó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield. El magistrado consideró que «el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (…) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época» de la última dictadura.
Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez. En el país, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad. Ninguno, a excepción del de Ramírez, cuenta con personas procesadas por esos hechos. En este caso, Kreplak responsabilizó, con diversos grados de participación y responsabilidad, a Jaime Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por los secuestros, las torturas y los vejámenes de Valeria y las otras siete víctimas recientemente incorporadas.
«Lo que sucede aquí sienta precendente no solo en el país, sino en la región, ya que se toma un grupo de casos y se considera que el colectivo trans fue objetivo de la violencia sistemática del terrorismo de Estado», remarcó Oberlin. Así, «Argentina vuelve a ser pionera» en materia de enjuiciamiento de las violaciones a los derechos humanos.
Por último, la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal para juicios por crímenes de lesa humanidad destacó que este procesamiento «puede servir de mensaje para quienes no prestaron testimonio todavía, para que vean que hay una respuesta de parte de la Justicia». Es que muchos integrantes del colectivo trans «desconfían de la Justicia, una de las instituciones que las hizo daño y las continúa violentando.
Un nuevo imputado
Hasta hace no mucho, Luis Horacio Castillo vivía libre, jubilado de la Policía bonaerense. Había sido oficial inspector de esa fuerza durante los años 70 y tempranos 80, hasta que en 1986 solicitó su «retiro activo» con el cargo de comisario. Sin embargo, sus días de descanso terminaron: el pasado 30 de marzo, Kreplak le dictó prisión preventiva –que por estos días cumple en su casa– por ser el responsable de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños, delitos que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en las ex brigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús.
Castillo fue reconocido y nombrado por dos víctimas de El infierno, quienes lo señalaron en tareas que permiten establecer que tenía conocimiento de la situación de detenciones ilegales allí. Una de ellas manifestó que la obligó a punta de pistola a firmar una falsa declaración. La investigación también dio con su dossier. Desde 1973 y hasta agosto de 1976, Castillo cumplió funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús; entonces fue trasladado al Pozo de Banfield, donde estuvo designado con el cargo de oficial primero de seguridad hasta enero de 1977 y luego ascendido a oficial principal hasta marzo, cuando volvió a Lanús.
