La muerte de dos menores migrantes tutelados en centros andaluces cuestiona la atención psicosocial más allá de su acogida
eldiario.es.- Pasaron por el duelo migratorio, cargaron con una «mochila emocional» generada en sus países de origen y encontraron la muerte en centros gestionados por dos fundaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía en las localidades sevillanas de Écija y Dos Hermanas.
Dos menores migrantes han fallecido recientemente en diferentes centros especializados en la atención de menores extranjeros no acompañados de Andalucía, gestionadas por fundaciones privadas en la provincia de Sevilla subvencionadas por la Junta de Andalucía dentro de sus programas para la atención, acogida e inserción social y laboral. Hace aproximadamente un mes, a mediados de mayo, perdieron la vida en diferentes circunstancias, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes. La administración andaluza se niega a informar de ello pese a estar bajo su tutela. Estas muertes, inhabituales en este tipo de recursos, reabren un debate que va más allá de la primera asistencia humanitaria ofrecida a esos menores que suelen llegar en patera a las costas andaluzas, o escondidos en el motor de un barco como Ibrahim, pero que traen una «mochila emocional» cargada de circunstancias en sus lugares de origen, con un desarraigo y unos problemas psicológicos necesarios de tratar.
Porque uno de esos menores decidió quitarse la vida. El otro, asentado en Écija (Sevilla) desde hacía tres años, falleció por un «edema pulmonar», asociado frecuentemente al consumo de drogas. De hecho, acudía a recursos para «problemáticas que presentan a veces estos menores», según indican fuentes de la fundación Aproni, que gestiona el centro de integración sociolaboral donde se encontraba y que lamenta lo sucedido después de llevar tres años trabajando con el chico, de 17 años. «Estaba integrado en la localidad, en su instituto» y su temprana muerte ha supuesto «un duro golpe» para la entidad, desde donde se han tramitado los contactos con la Junta, el Consulado de Marruecos y su familia de origen
Del otro caso no ha trascendido apenas información, tan solo que se trató de una muerte voluntaria. El joven residía en el centro Miguel de Mañara de Montequinto, Dos Hermanas (Sevilla), especializado también en la atención de menores extranjeros no acompañados y gestionado por SAMU. Ni la fundación ni la Junta quieren hacer comentario alguno sobre el suceso. Para Michel Bustillo, de Voluntarios por Otro Mundo, de Jerez de la Frontera (Cádiz), «el problema de atención de estos jóvenes es que tienen unos componentes muy grandes por su origen», e insiste en que «hay que saber dar una respuesta a esa mochila emocional porque, ¿quién la trabaja con él?».
Buen conocedor de la materia, Bustillo apunta que algunos centros trabajan bien esas circunstancias, poniéndolos en contacto con sus padres y teniendo en cuenta el componente familiar en el tratamiento, pero otros muchos no son capaces de gestionar las vicisitudes interiores con «jóvenes que proceden de otro país, de otra cultura». «Cualquiera no puede hacer ese trabajo», comenta a este medio, apuntando que otro «problema de fondo» es la subcontratación «low cost» de entidades o fundaciones por parte de la Junta para que se encarguen de la atención de los menores y de acompañarles en su «duelo migratorio».
«Estado de ambivalencia y estado de duelo»
En cualquier caso, los Defensores del Pueblo de España, entre otras instituciones y entidades, han venido alertando de las especiales situaciones de estos jóvenes. Por ejemplo, según el documento de síntesis de octubre de 2019 de sus 34 jornadas de coordinación, centradas esa vez precisamente en la atención a menores extranjeros no acompañados, de los los informes recibidos desde las distintas defensorías relativos a su atención inmediata se decía lo siguiente: «Estos menores reciben en los centros de acogida inmediata una atención a sus necesidades básicas (alimentación, vestido, asistencia médica, etc.) pero queda muy limitada la atención psicológica—que resulta especialmente necesaria—, el estudio de la posibilidad de ser acreedor de protección internacional o asilo y, en general, la atención de forma activa de todos sus derechos».
Otro ejemplo de llamada de atención lo traslada a este periódico Unicef Comité Andalucía que, pese a que se prevé desarrollar una red específica para los problemas de salud mental de niños y adolescentes, hacen la siguiente valoración sobre la atención a la salud mental de los niños en el sistema de protección y a niños y niñas extranjeros no acompañados: «El apoyo psicosocial en los centros de protección para atender a los chicos y chicas con problemas de adicciones, salud mental o patología dual, requiere un abordaje específico y especializado», abogando por «mejorar la accesibilidad y coordinación con estos dispositivos asistenciales».
Según la ‘Guía para examen de la salud inicial de menores exranjeros no acompañados‘, publicada por la Consejería de Salud y Familias en junio de 2019, en cuanto a su valoración psicosocial recoge que «el servicio de protección de menores tiene la función principal de indagación sobre las circunstancias socio-familiares del chico/a, procurar, si es posible, la reagrupación familiar y cubrir otras necesidades de protección que requiera». Asimismo, apunta que «el proceso de adaptación psicosocial conlleva la obligación de comunicar regularmente su evolución y resultado al Ministerio Fiscal, quien actúa como superior vigilante de la actuación de las administraciones en el ejercicio de sus competencias». En la fase de adaptación del proceso migratorio, en la que se encontrarían los jóvenes fallecidos, se recoge «estado de ambivalencia y estado de duelo», y «tristeza por lo dejado y la esperanza por el devenir».
«Una atención personalizada»
Por otro lado, desde la organización Inserta Andalucía aportaron diversas propuestas relacionadas con la salud mental al proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que tramita el Parlamento andaluz. En ese sentido, consideraron desde la oenegé «la importancia de crear recursos residenciales con ratios bajas (no más de 6) para que se pueda crear un entorno familiar y las personas jóvenes que vivan en él puedan tener una atención personalizada, poder hacer asambleas reales en la que se escuche a los chicos y chicas que viven allí, se conozcan sus problemas, ambiciones y miedos».
También se propuso desde Inserta «la utilización de criterios de evaluación constatados por el método científico que permita evaluar y realizar seguimientos reales de las personas usuarias», así como un sistema de prestaciones para jóvenes tutelados al llegar la mayoría de edad». Al abandonar los recursos para menores, muchos se ven obligados a abandonar tratamientos que ya están iniciados», resaltando que los medicamentos psiquiátricos «son muy usuales», indican fuentes de la organización de infancia y juventudes vulnerables.
