La nueva ley del aborto en India niega la última palabra a las mujeres
El País.- La normativa modificada permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas, pero solo a categorías especiales de gestantes vulnerables. Tampoco reconoce su capacidad de decisión, sino que es el médico quien tiene que dar su consentimiento
Las condiciones para abortar se han liberalizado en India después de que, el 25 de marzo, el presidente ratificase la reforma de la ley. Sin embargo, las activistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos están decepcionadas, ya que la norma sigue sin reconocer el aborto como una decisión de la mujer que esta puede tomar libremente, como ocurre en 73 países.
– Todos los embarazos hasta las 20 semanas tienen que ser aprobados por un médico. La ley anterior (Ley de Interrupción Médica del Embarazo de 1971) requería el visto bueno de un facultativo en el caso de embarazos de hasta 12 semanas, y de dos si eran de entre 12 y 20 semanas. Ahora la aprobación de dos médicos solo es necesaria para el plazo de 20 a 24 semanas reservado a mujeres de categorías especiales que desean abortar.
– Las mujeres podrán interrumpir un embarazo indeseado provocado por un fallo del método anticonceptivo, independientemente de cuál sea su estado civil. Antes, la normativa especificaba que solo una “mujer casada y su marido” podían hacerlo.
– Tampoco se establece un límite máximo de gestación para abortar en caso de malformación fetal si así lo decide una comisión médica de especialistas que crearán los Gobiernos de los estados y las administraciones de los territorios de la Unión.
Las defensoras del aborto piensan, no obstante, que la ley no otorga a las mujeres un control total sobre las opciones reproductivas. “En mi opinión, las disposiciones son progresistas de una manera paternalista y victimizadora”, considera Suchitra Dalvie, ginecóloga y coordinadora de Asia Safe Abortion Partership (ASAP), una red continental de defensa de la interrupción segura del embarazo.
Los detractores de la ley también señalan que no tiene en cuenta la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia. Denuncian que, en estas circunstancias, y dada la escasez crónica de médicos en India, exigir que las mujeres soliciten la opinión de dos facultativos y una comisión para determinadas clases de abortos es injusto. Los defensores de los discapacitados también han planteado objeciones que detallaremos después.
En India, el aborto sigue considerándose reprobable, incluso dentro del colectivo médico, como informaba IndiaSpenden septiembre de 2020. Diversos informes hacen referencia a mujeres a las que los médicos negaron la interrupción del embarazo por motivos “morales”, o les pidieron que su marido o sus padres las acompañaran a la intervención. Los estudios muestran que estas situaciones se dan sobre todo cuando la mujer quiere abortar por causas no relacionadas con su salud física, como especifica la Ley de Interrupción Médica del Embarazo, sino con posibles “daños a su salud mental” (también contemplado en la norma).
La normativa reconoce asimismo los motivos relacionados con la salud mental para solicitar la interrupción del embarazo, que los médicos pueden rechazar si va en contra de su sistema personal de creencias. Así, podrían negarse a autorizar un aborto motivado por un embarazo involuntario, cambios en las condiciones psicosociales que conviertan el embarazo en indeseado, o porque una mujer joven y soltera se niegue a tener un hijo.
Por qué es fundamental el acceso seguro al aborto
La reforma de la ley del aborto de India se ha aprobado 50 años después de la promulgación de la primera normativa sobre el tema, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo (MTP, por sus siglas en inglés) de 1971. El proyecto de ley de 2020 fue aprobado por la cámara baja del Parlamento indio (Lok Sabha) en marzo de 2020, justo antes de que se anunciase el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Un año después, el 16 de marzo de 2021, la cámara alta lo ratificó y recibió el beneplácito del presidente del país con el nombre de Enmienda a la Ley de la Interrupción Médica del Embarazo de 2021.
La ley del aborto había sido objeto de una breve reforma en 2002 para permitir el uso de las nuevas píldoras abortivas mifepristona y misoprostol. “Es necesario que las mujeres tengan mejor acceso a unos servicios de interrupción del embarazo legales y seguros, a fin de reducir la mortalidad y la morbilidad materna causadas por los abortos peligrosos”, manifestaba el ministro de Sanidad, Harsh Vardhan, durante el debate en la cámara alta el 16 de marzo de este año.
Los abortos peligrosos son una de las causas más frecuentes de mortalidad maternal en India. Según un estudio publicado en The Lancet, en 2015 se practicaron 15,6 millones de abortos en el país. El 78% de ellos, es decir, 12,3 millones, se llevaron a cabo fuera de los centros sanitarios.
Un informe del Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar que cita datos de estudios realizados entre 2001 y 2004 muestra que más de la mitad de las interrupciones del embarazo (56%) de India son peligrosas, y que cada día mueren 10 mujeres a causa de estas intervenciones.
Se considera que un aborto es seguro cuando se lleva a cabo con un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) adecuado al tiempo de embarazo y a la formación recibida por la persona que lo practica o actúa como asistente. La OMS clasifica los abortos en seguros, menos seguros y nada seguros. Los dos últimos son peligrosos.
Solo el 20% de los abortos se practican en centros sanitarios públicos, frente a un 52% en clínicas privadas, según la Encuesta Nacional de Salud Familiar (NFHS, por sus siglas en inglés) de 2015-2016. Además, la encuesta revelaba que “solo el 53% de los abortos fueron realizados por médicos colegiados. El resto los practicaron matronas, auxiliares de enfermería o dais [asistentes tradicionales al parto], como las llamamos en los pueblos”, explica Amee Yajnik, miembro de la cámara alta del Parlamento, quien añade que, además, escasean los especialistas ‒ginecólogos, pediatras, radiólogos o expertos en técnicas de ultrasonido‒ necesarios para los comités médicos que se supone que tienen que autorizar los abortos de más de 24 semanas.
El Informe Estadístico sobre la Salud en Zonas Rurales 2019-2020 del Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar detectó que, en esas zonas, en las que vive el 66% de la población, el déficit de obstetras y ginecólogos es del 70%.
Para hacer frente al problema del acceso a la atención sanitaria en la pandemia, las defensoras del aborto intentaron que las mujeres tuviesen más posibilidades de interrumpir ellas mismas el embarazo con medicamentos utilizando la píldora abortiva, quizá con supervisión a distancia. Ya antes de la pandemia habían pedido que se mejorasen las condiciones para que la mujer se interrumpiese su propio embarazo en el primer trimestre, y que, para aplicar la ley, se exigiera solo la opinión de un médico, y no de dos, para abortos entre las 20 y las 24 semanas de gestación. Otras demandas incluían la formación del personal sanitario de nivel medio para practicar abortos.
No lo bastante progresista
“Con el paso del tiempo y los avances en la tecnología médica para un aborto seguro, hay margen para aumentar el tope para interrumpir el embarazo”, afirmaba el ministro de Sanidad, Harsh Vardhan, en la cámara alta del Parlamento.
Pero las defensoras del aborto están decepcionadas porque la reforma de la ley sigue sin reconocer a las mujeres el derecho a abortar libremente. “Si están dispuestos a considerar los avances de la tecnología médica, también podrían haber considerado que la capacidad de decisión de las mujeres ha cambiado mucho”, alega Jasmine George, abogada y fundadora de Hidden Pockets Collective, una ONG para jóvenes que trabaja en un marco para el aborto y la sexualidad adolescentes basado en los derechos.
73 países permiten el aborto a petición de la embarazada. Entre ellos se encuentran el vecino Nepal y otros países asiáticos como Uzbekistán, Tayikistán, China, Vietnam, Tailandia y Camboya. De ellos, 25 exigen también que los padres o el marido lo autoricen o que se les notifique.
“[En India] una mujer embarazada no puede acudir a un médico autorizado y decir que quiere interrumpir el embarazo porque es su deseo. Si el médico le dice que no, se acabó”, denuncia Anubha Rastogi, una abogada de Bombay autora de un informe para Pratigya Campaing, una red que lucha por la igualdad de género y el acceso a un aborto seguro, sobre el papel del poder judicial a la hora de ayudar a las mujeres a disponer de medios para interrumpir el embarazo sin peligro.
Rastogi señala que la Sección 312 del Código Penal indio, que tipifica como delito el hecho de “provocar un aborto”, aún no se ha eliminado. La Ley de Interrupción Médica del Embarazo se considera una excepción al Código Penal, lo que quiere decir que el aborto solo es posible en las condiciones fijadas por ella.
Detrás de la reforma de la ley está la cantidad de mujeres que se dirigen al Tribunal Supremo y a las altas instancias judiciales de todo el país para conseguir un permiso para abortar después de las 20 semanas si se descubre una malformación fetal, se detecta tardíamente un embarazo causado por una agresión sexual o cambian las circunstancias psicosociales.
Las leyes de aborto restrictivas causan un aumento de la mortalidad materna
Según la organización mundial pro derechos humanos Centro para los Derechos Reproductivos, en el marco de los derechos de la mujer, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo entra en la categoría de leyes que permiten el aborto por “amplios motivos sociales o económicos”, inmediatamente detrás de la opción óptima, que es el aborto “libre”.
Las leyes de aborto restrictivas se relacionan con niveles más altos de mortalidad materna. Según la OMS, la tasa media de mortalidad materna es tres veces mayor en los países con normativas sobre interrupción del embarazo más restrictivas (223 muerte maternas por 100.000 nacidos vivos) que en los que tienen una legislación más permisiva (77 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos).
Ejemplos de todo el mundo prueban que un acceso más fácil al aborto anima a las mujeres a interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación, lo cual resulta en abortos más sencillos. Suecia, por ejemplo, tiene una de las leyes de aborto más liberales, que permite practicar la interrupción médica del embarazo a demanda de la mujer hasta las 18 semanas. En el país escandinavo, la mayoría de los abortos se realizan alrededor de las 12 semanas de gestación, normalmente mediante el método de combinar las dos píldoras, preferido para las interrupciones del embarazo en el primer trimestre, y que imita los efectos de un aborto natural.
En 1988, Canadá se convirtió en el primer país en despenalizar el aborto. En él se ha registrado un descenso del tiempo de gestación en el momento de la interrupción sin un aumento de la tasa de abortos. Al convertir la interrupción del embarazo en un procedimiento financiado con fondos públicos y permitir el uso de la telemedicina para el aborto farmacológico con píldoras, ha conseguido una mayor equidad en este terreno entre los distintos orígenes socioeconómicos y geográficos.
Ciento doce apelaciones a los tribunales durante el confinamiento
Según el informe de Rastogi para Pratigya, en los cuatro meses anteriores a agosto de 2020, aun con los confinamientos debidos a la pandemia se atendieron 112 casos de apelación relacionados con el aborto en 14 tribunales superiores de India. Para ponerlo en perspectiva, a lo largo de los 15 meses que precedieron al mencionado mes de agosto (incluidos los cuatro meses de confinamiento, en los que se atendieron 112 casos), Rastogi identificó 243 de estos recursos ante los tribunales, muchos más en un periodo más breve que los 175 admitidos en los 135 meses que transcurrieron entre junio de 2016 y abril de 2019. Esto indica que, durante el confinamiento, aumentó la proporción de apelaciones relacionadas con el aborto
“Sucedió incluso durante los cuatro meses de confinamiento, cuando solo se atendían asuntos urgentes”, relata la autora del estudio. A los tres meses de confinamiento, en abril de 2020, el Gobierno de la Unión había incluido el aborto en la lista de servicios esenciales después de que se hiciesen públicos varios informes sobre los problemas de las mujeres para acceder a los servicios de salud reproductiva.
La Fundación para los Servicios de Salud Reproductiva de India predijo al menos 1,18 millones de abortos de embarazos no deseados debido al acceso restringido a los anticonceptivos durante el cierre. En los primeros tres meses de la pandemia, 1,85 millones de mujeres del país no pudieron acceder a los servicios de interrupción del embarazo, informa la organización sin ánimo de lucro Fundación IPAS para el Desarrollo. Varios hospitales notificaron un mayor número de abortos en comparación con los años anteriores a pesar de que la actividad ambulatoria se suspendió durante varios meses para prestar solamente servicios relacionados con la covid-19.
El aumento de las solicitudes de interrupción del embarazo tuvo que ver con el aumento de mujeres víctimas de violencia doméstica durante el confinamiento.
Jasmine George, cuya organización Hidden Pockets Collective ayudó a las mujeres con dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva durante el confinamiento por la pandemia, cuenta los problemas a los que se enfrentó una joven soltera de 21 años, estudiante de Derecho en Kochi, que en marzo de 2020 estaba embarazada de casi cinco semanas. “Acudió a cuatro hospitales privados porque los públicos en ningún caso facilitan el acceso al aborto. Pero en los privados también se negaron a darle las píldoras abortivas mientras no la acompañaran sus padres”, explica George. Ni siquiera la antigua Ley de Interrupción Médica del Embarazo, en vigor cuando estalló la pandemia, exigía que nadie acompañase a una mujer adulta para dar su consentimiento.
Los hospitales también le pidieron su documento de identidad para acceder a la consulta, a pesar de que no es necesario si no se acude para una ecografía, precisa la activista.
“Por fin, el quinto hospital le facilitó el aborto farmacológico por 21.000 rupias (237 euros)”, cuenta George. (Se supone que un tratamiento de dos píldoras para la interrupción farmacológica del embarazo no cuesta más de 390 rupias, unos 4,5 euros). La mujer, que vivía con sus padres y tenía molestias debidas al embarazo, no solo tuvo que ocultar los síntomas, sino también encontrar la manera de escaparse con sus amigas o su pareja ‒que habían recaudado el dinero‒ para buscar un hospital. “Es asombroso cómo incluso durante el confinamiento [el personal sanitario] jugaba con la salud de una mujer”, denuncia George.
La pandemia ha aumentado los obstáculos con los que ya se tropezaban antes las mujeres sin recursos, denuncia la ginecóloga Suchita Dalvie: “No hay medicinas, el médico no está disponible, no hay autobuses, y así todo”.
El ministro de Sanidad de la Unión se burló de las demandas para que se introduzcan más cambios en la ley del aborto. “Debido a su ideología particular, thoda thoda symbolic virodh karna bhi zaruri hai (los diputados de la oposición sienten la necesidad de objetar la ley simbólicamente)”. Las enmiendas propuestas no se aprobaron.
El prejuicio de la discapacidad y la ética
Según las activistas, la intención de la ley reformada de eliminar el límite del tiempo de gestación en el caso de “anormalidad sustancial del feto” y de considerar a las mujeres “con diversidad funcional” como vulnerables quebrantan los derechos de las personas con discapacidad.
“Muchas veces, incluso los médicos dicen que ella (una mujer con discapacidad) no es capaz de dar a luz o de cuidar del niño. La causa es que ven a las mujeres con discapacidad como personas que necesitan cuidado, en vez de personas que pueden cuidar”, critica Divya Goyal, coautora junto con Maitreya Shah, abogada, defensora de los derechos de los discapacitados y directora de EnableMe Access, de un capítulo de un libro editado por Routledge sobre la jerarquización de los derechos humanos de los discapacitados. Ambas son personas con discapacidad.
La falta de asesoramiento para las mujeres embarazadas de fetos con malformaciones es otro motivo de preocupación, observa Goyal, autora del próximo estudio que publicará Routledge. “No invertimos mucho en crear servicios sociales para las familias con niños discapacitados. En vez de hacerlo, nos centramos en evitar que nazcan”. “Si nos fijamos en la Enmienda a la Ley de Interrupción Médica del Embarazo, ninguno de los debates que tuvieron lugar en el Parlamento trató de la discapacidad; nadie la mencionó en ningún momento”, lamenta la coautora Maitreya Shah.
La ley tampoco menciona la concesión de ayudas económicas y logísticas a las mujeres embarazadas que quieran acceder a los comités médicos. Obligar a una embarazada de un feto con una malformación a acudir a estos comités, en los que los facultativos y los funcionaros decidirán por ella, “es extremadamente degradante para la mujer, invade su privacidad y su capacidad de decisión, y además crea más obstáculos burocráticos de los necesarios en un momento en el que ella necesita tomar la decisión”, manifestó la diputada Priyanka Chaturvedy en el Parlamento, sumándose a la demanda de ocho de sus compañeras para que el proyecto de ley se enviase a un comité seleccionado especialmente para su actualización. La propuesta no logró prosperar, y la cámara alta aprobó el proyecto de ley sin modificaciones sustanciales.
El empleo del término “anormalidad” fetal también es despectivo, ya que supone que la discapacidad es algo anormal, denuncia Rastogi. “En su lugar se podría utilizar el término anomalía fetal”, propone.
Los abortos que superan el límite de las 24 semanas, cuando la interrupción del embarazo se lleva a cabo induciendo el parto, plantean un problema ético específico: el feto podría nacer vivo, lo cual a su vez plantea la cuestión de si se debería reanimarlo y, en caso afirmativo, quién se responsabilizará del niño.
En los países donde se permite el aborto más allá de la 20ª semana, se introduce un inyectable en el tejido del feto para evitar que este nazca vivo. “La inyección no forma parte de la formación que reciben los ginecólogos en India porque los abortos nunca superan las 20 semanas”, explica Dalvie. “Los médicos tienen sus propios prejuicios, su moral y sus valores personales, y pueden negarse, aunque sea entre las 20 y las 24 semanas”.
Al menos dos diputadas de la cámara alta del Parlamento indio, Amee Yajnik y Fauiza Khan, pidieron que se tuviera en cuenta también el derecho al aborto para las personas transgénero. “La terminología que utiliza [la Ley de Interrupción Médica del Embarazo de 2021] no es inclusiva, ya que emplea solo el término “mujer”, especialmente ahora que tenemos la Ley [de Protección de los Derechos] de las Personas Transgénero de 2019. Ustedes [el Gobierno] no están en armonía con las otras leyes que ustedes mismos han aprobado”, acusó Rastogi.
La privacidad choca con las demás leyes
La Ley de Interrupción Médica del Embarazo de 2021 también contradice la sentencia sobre la privacidad emitida por el Tribunal Supremo en 2017 (Juez J.S. Puttaswamy contra la Unión de India y otros), que dictaminó que el derecho de la mujer a tomar decisiones reproductivas es una dimensión de la libertad personal tal como se entiende en el artículo 21 de la Constitución. Cualquier ley que restrinja la privacidad de una persona debe ser “justa, razonable y equitativa”. Según las activistas, si la ley del aborto de India se impugnase, podría no cumplir estas condiciones.
La razón es que la ley no permite a la mujer decidir sobre su propio embarazo, sino que le ofrece un conjunto limitado de condiciones en las que los facultativos y las comisiones médicas deciden por ella. Una sentencia de 2016 del Tribunal Superior de Bombay en un litigio de interés público iniciado por el propio tribunal sobre la situación de una reclusa hacía hincapié en el derecho de la mujer a controlar su cuerpo y su fertilidad, reconociendo “el derecho a la autonomía y a decidir qué hacer con su cuerpo, incluido el quedarse o no embarazada”.
“Hay muchas zonas grises o solapamientos entre la Ley de Interrupción Médica del Embarazo y otras leyes”, opina Rastogi. La abogada cita la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales (POCSO, por sus siglas en inglés) y la Ley de Medicamentos y Cosméticos de 1940. La primera establece que, si una menor concibe, incluso a través de relaciones sexuales consentidas (si bien la propia ley no reconoce el consentimiento de una persona menor de 18 años) y quiere abortar, el asunto se tiene que denunciar a la policía. La ley de interrupción del embarazo reformada, en cambio, garantiza ampliamente la privacidad de las partes que intervienen en el aborto.
Del mismo modo, las píldoras abortivas se clasifican como medicamentos incluidos en la Lista H, para los cuales el farmacéutico tiene que llevar un registro de ventas en cumplimento de la Ley de Medicamentos y Cosméticos. Los defensores del aborto denuncian que, con ello, se viola la confidencialidad prometida por la ley de 2012.
