La ONU pide a España que proteja a un menor de 14 años de Gambia que vive en la calle desde hace cuatro días
abc.- Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha solicitado al Estado español que adopte «medidas provisionales» para transferir a un centro de protección de menores a un niño de 14 años de Gambia que se encuentra desde hace cuatro días en la calle.
El menor, A. A, nacido en Gambia, tiene actualmente 14 años y llegó en agosto de 2023 a Las Palmas de Gran Canaria, sin protección familiar, según informa la Fundación Raíces. Posteriormente fue trasladado por las autoridades a la isla de Tenerife y, después, sucesivamente, a la provincia de Granada y a Barcelona.
Desde allí, según señala la fundación, le pagaron un billete a Madrid y se quedó en la calle en octubre de 2023. Según denuncia Raíces, en todos estos lugares fue tratado como adulto pese a que portaba una fotografía de su pasaporte y de su acta de nacimiento.
Un programa busca a padres que ayuden durante el periodo escolar a chicos bajo el amparo de la Comunidad
Durante varios meses pasó por distintas entidades donde solo se permite la pernocta, lo que le obligó a pasar el día deambulando a la intemperie y comiendo en comedores sociales. Así sobrevivió hasta que una entidad derivó su caso a la ONG Fundación Raíces.
A. A. había solicitado su pasaporte en Gambia, antes de migrar, pero su expedición se demoró hasta que ya se encontraba en España. Así, a finales de 2023 recibió el y ese mismo día, acompañado por una letrada de Fundación Raíces, acudió a la Embajada de su país para que lo examinaran.
Allí, la Embajada certificó que «A. A. nació el 9 de Diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia,» y «que el pasaporte es válido y auténtico«.
Inmediatamente después, desde Fundación Raíces se dio aviso a agentes de la Policía Nacional para que el menor fuese puesto a disposición de los Servicios de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid y esa misma noche, A. A. ingresó en un centro de protección de menores de la ciudad.
La ONG denuncia que, durante su estancia, A. A. no ha sido escolarizado en ningún momento, a pesar de que, por su edad (menos de 16 años), tiene derecho a la educación pública, obligatoria y gratuita.
El mismo día de ingreso en el centro de menores, Raíces envió una comunicación a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía para informar del ingreso del niño en el Sistema de Protección de menores y de su designación a las letradas de la fundación. En ella, manifestaban que no era procedente realizar un proceso de determinación de edad por encontrarse el menor documentado con pasaporte original.
Se le propuso somterse a pruebas médicas
Sin embargo, la fundación precisa que, a las pocas semanas, desde la Fiscalía se citó al menor a una comparecencia (sin comunicárselo a la letrada) en la que el fiscal propuso someterse a pruebas médicas de determinación de su edad. Allí le advirtiron de que su negativa a realizarlas podría ser interpretado como un indicio revelador de su mayoría de edad.
Ante el derecho ejercido por el menor de no someterse a las pruebas por estar documentado, el fiscal solicitó un informe pericial a policía sobre la autenticidad del pasaporte de A. A., cuyo resultado concluyó que no existen signos de falsedad en el mismo, a pesar de lo cual el Ministerio Público dictó Decreto de Mayoría de edad por albergar dudas de la fiabilidad de los datos consignados en el pasaporte por las autoridades gambianas.
En consecuencia, la Entidad Pública de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid ha dictado resolución de cese de protección y, ante la falta de plazas de pernocta para personas adultas sin hogar, A. A. fue expulsado a la calle el pasado lunes 12 de febrero.
A. A., representado por Fundación Raíces, solicitó el pasado 2 de febrero a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid la adopción de medidas cautelares de protección urgente y, ante la falta de respuesta, el 8 de febrero solicitó a la ONU su intervención.
Prevenir un daño irreparable
Ahora, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha solicitado al Estado español, «con el fin de prevenir daño irreparable», que lo transfiera «a un centro de protección de menores mientras el caso se encuentre pendiente de examen«.
Tras recibir esta comunicación, Fundación Raíces ha dado traslado urgente de la misma a la Fiscalía de Protección de Menores de Madrid, a la Comisión de Protección a la Infancia de la Comunidad, al Juzgado de Primera Instancia y a la Comisión Interministerial de Coordinación en Materia de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, a fin de que cada una de ellas adopte las medidas oportunas.
Aunque la adopción de estas medidas provisionales no suponen que el Comité prejuzgue el fondo de la cuestión en este caso concreto, Fundación Raíces recuerda que Naciones Unidas ya ha dictado 14 Dictámenes a favor de 14 menores de edad en los que el Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños.
