Las autoridades contra la violencia de género exigen juzgados especializados para los delitos sexuales

El País.- La fiscal contra la violencia machista, la exdelegada gubernamental de este departamento y la responsable en el observatorio judicial reclaman cambios para que magistrados expertos juzguen agresiones como las de La Manada

Las fuertes discrepancias entre unas instancias judiciales y otras ante un mismo caso, como ha evidenciado el proceso de La Manada, impulsan la exigencia de las máximas autoridades del Estado en violencia de género para que las agresiones sexuales sean juzgadas en tribunales especializados. Tres de los magistrados que vieron una intimidación clara a la víctima de los sanfermines y que rechazaron cualquier juerga pactada con la agredida eran expertos en violencia de género. El Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evaluar la gestión procesal de las distintas comunidades y ver la posibilidad de iniciar algún cambio. Sin embargo, hay voces, también autorizadas, que alertan de que meter todos estos delitos en los mismos tribunales puede desvirtuar el gran logro que fueron los juzgados especializados en violencia machista.

A favor de llevar a los juzgados especializados en violencia contra la mujer los delitos sexuales se han posicionado la coordinadora de la red de fiscales especializados contra la violencia de género, Pilar Martín Nájera; la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género hasta el pasado abril, Pilar Llop.

Contra estereotipos y prejuicios

La razón principal que arguyen es que las víctimas tendrían mejor atención y se evitaría la revictimización de las mujeres, cuyos testimonios son puestos en duda en múltiples ocasiones. “Mientras los delitos sexuales no sean competencia de estos juzgados, sus casos estarán dispersos por todas las salas y no los asumirá ningún especialista”, explica Martín Nájera. De este modo también se les podrían ofrecer los servicios previstos para las víctimas de violencia machista, como los trabajadores sociales o psicólogos de las unidades de valoración forense integral de estos juzgados, aunque el desarrollo de estas oficinas, previstas desde 2004, aún está incompleto en algunas zonas.

“El de los delitos sexuales es un ámbito en el que aún persisten muchos estereotipos y prejuicios, desde la minifalda y la provocación, que se cuestionaba hace años, hasta el voto particular que hablaba de los gemidos de la víctima en el caso de La Manada o su vida normalizada después de la agresión, sin reparar en otras cuestiones que evidenciaban una violación”, explica Llop.

“Es imprescindible que también las casas de acogida y las ayudas psicológicas se extiendan a estas otras víctimas cuando lo necesiten”, añade también Ángeles Carmona. Preguntada sobre este asunto, el área de Igualdad del Gobierno ha declinado participar en esta información. Una portavoz argumentó que el Ejecutivo está en funciones.

El riesgo de romper el consenso social

Entre las voces discrepantes destaca la del catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez. “Cuando se crearon los juzgados para la violencia de género [pareja o expareja] se produjo un cambio de paradigma muy acertado, una pequeña revolución que permitió meter unidades especiales en la policía y en los tribunales de justicia”, dice al teléfono. “No podemos llegar a un código para chicos y otro para chicas. Hay que tener cuidado para no romper el consenso social que existe alrededor de la violencia de género”.

Álvarez defiende que concluir que «todo es agresión» (como prevé la reforma del Código Penal que eliminará el delito de abuso sexual) o que «cualquier agresión es violencia de género», pone en peligro «el consenso social en elementos clave». Y ejemplifica: «Si discuto con mi mujer por el desarrollo de un partido del Atlético y nos agredimos, no será violencia de género; de la misma forma que si entro en una controversia con mi socia por un tema mercantil con idéntico resultado. Cuestión distinta es que lleve a cabo una agresión a una mujer por el mero hecho de que esta sea una mujer, eso sí es violencia de género».

A pesar de las críticas, existe un amplio consenso en que estos juzgados asuman estas funciones; otra cuestión es cuándo y cómo deben hacerlo. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, recoge medidas que aún no se han puesto en marcha. Entre ellas, una nueva ley integral sobre violencias sexuales y elaborar una amplia base de datos estadísticos que permita saber dónde se juzgan los casos, cómo distribuir el trabajo o si harían falta nuevos efectivos. “Debemos conocer cuántos delitos de agresiones contra la libertad sexual se enuncian en cada partido judicial para ver el volumen de trabajo de los órganos judiciales y hacer el cambio. Hacen falta datos estadísticos muy serios y bien analizados”, señala Pilar Martín Nájera.

Pilar Llop añade: “Los juzgados exclusivos podrían asumir la competencia pero los mixtos, que tienen otras materias, se verán sobrecargados. Es necesaria una reordenación de toda la planta judicial, previo estudio de las cargas de trabajo, para tener juzgados exclusivos en todas las localidades donde sea factible”.

La recopilación de esos datos corresponde, entre otros, al CGPJ. Ángeles Carmona explica que, de momento, se ha creado el grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia “pero existen dificultades para coordinar a todas las comunidades autónomas porque cada una tiene un sistema de gestión procesal diferente”. Y destaca que hará falta inversión económica para mejorar la deficiente digitalización de los juzgados.

Sin esos primeros pasos, llevar la violencia sexual a los juzgados especializados no será posible. Además, hacen falta modificaciones legales. La ley integral contra la violencia de género de 2004 requiere una modificación para incluir a las víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia (matrimonios forzosos, acoso o mutilaciones, entre otras) y también es necesario cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar las competencias de los juzgados. Las modificaciones necesitan, para empezar, que se forme un Gobierno.