Las docentes acusadas de vejar a una menor autista denuncian a la madre por acoso
El País.- La querellada tendrá que declarar el 13 de enero por sus comentarios en redes sociales
Las tres docentes investigadas por un delito de trato degradante y otro de violencia continuada por hablar de modo despectivo, vejar y gritar a una alumna de cinco años con autismo han presentado una querella contra la madre de la niña por un delito contra la libertad y la intimidad al sentirse acosadas por las publicaciones que la denunciada ha hecho en sus redes sociales. Su abogado ha recogido esta mañana el escrito y ha confirmado a este diario que su cliente deberá declarar el 13 de enero ante el juez. El procedimiento está bajo secreto de sumario.
El pasado 22 de abril, los padres de la niña de cinco años con síndrome del espectro autista del CEIP Cervantes de la localidad sevillana de Dos Hermanas, alarmados por los dos ataques epilépticos casi seguidos que había sufrido y por su comportamiento anormal y excesivamente nervioso, decidieron ocultar una cámara en la mochila de la pequeña ante las sospechas de que en el aula especial “se pudiera estar produciendo una situación irregular”, según se determina en la querella que presentaron la semana pasada en los tribunales. Las grabaciones desvelaron el maltrato que las profesoras inflingían a su hija, a la que se dirigían a gritos y de la que decían, entre otras vejaciones, que tenía “el cerebro muy tocado”.
La noticia provocó la indignación social y la actuación inmediata del servicio de Inspección de la Consejería de Educación. Su titular, Javier Imbroda (Ciudadanos), se refirió a las tres docentes señaladas –una logopeda, la monitora y la tutora– como “profesionales que no queremos que estén en el sistema”. Las tres se dieron de baja por ansiedad en cuanto el caso salió a la luz. Aunque la Junta inició un expediente sancionador, este está paralizado por la apertura de un proceso judicial contra ellas, impulsado por la querella que la familia interpuso el pasado 31 de mayo.
Pese a seguir de baja, una de las docentes investigadas se presentó a las oposiciones el 22 de junio. Seis días después acudió a declarar ante la juez que instruye su causa. Las tres educadoras se reconocieron en los audios y no modificaron el texto de las transcripciones, confirma el abogado de la familia de la menor. Tras el verano, esa misma profesora tenía previsto incorporarse a otro colegio del municipio sevillano de Mairena del Alcor.
Rocío, la madre de la menor, muy activa en sus redes sociales, las ha usado para canalizar su dolor y el estupor ante el trato que recibió su hija en el centro de Dos Hermanas. Cuando la docente volvió a las aulas, escribió en un post de Facebook: “Si conocéis a padres de ese colegio, por favor, solo quiero que estén advertidos…”. El mensaje incluía los audios con las vejaciones de las maestras y la resolución de la Junta con el nombramiento de la profesora, su plaza, centro de destino y duración.
Son los comentarios de Facebook los que han molestado a las docentes y las han llevado a presentar su querella contra la madre. El revuelo que provocó el aviso de la reincorporación a la docencia de una de ellas determinó que la maestra volviera a solicitar una baja médica. “Siguen dadas de baja”, aseguró entonces el consejero de Educación.
El proceso judicial contra las tres educadoras sigue abierto y estancado, confirma el abogado de la familia. Los padres de la niña han pedido que se amplíe la investigación por un delito de maltrato físico. “Mi hija venía con marcas de dedos que yo atribuí a juegos o agarrones de los otros compañeros del aula que eran mayores, pero en los audios se escuchan frases en las que se hace alusión a que le han pegado o amenazas de que le van a pegar, por lo que mi opinión cambió”, explica a este diario la madre. La juez no ha atendido su solicitud y esa decisión ha sido recurrida. Los padres también recurrieron la negativa de la instructora a que la niña se sometiera a un examen del médico forense que ella misma había recomendado previamente, según explica su letrado. “Finalmente, el fiscal de menores ha determinado que se aporten los informes médicos”.
Desde que se conocieron los hechos, el propio Imbroda y el director general de Recursos Humanos de la consejería de Educación, Juan Carlos Aunión, han reiterado que desde su departamento se adoptarán las medidas necesarias para impedir que las tres educadoras señaladas puedan reincorporarse a la docencia. Pero mientras dure la causa en los juzgados, la vía administrativa está paralizada. Un portavoz de la consejería señaló a este diario la necesidad de “ser respetuosos con el procedimiento judicial.
