Los nietos de las abuelas del exilio tendrán nacionalidad española

Público.- La Ley de Memoria Democrática dará la nacionalidad a los descendientes de las exiliadas que, por ser mujeres, no podían transmitirla o la perdían por casarse con un extranjero. Además de reparar esta discriminación por género, colectivos de emigrantes piden que también se salde esta deuda histórica con aquellos a los que se les niega la ciudadanía por razones de edad o de exilio económico.

El derecho a ser español y el afecto a un país va más allá de una bandera y una pulsera, de papeles y certificados, números y pasaportes. Es algo más profundo que el «patriotismo de trapo», que diría el filósofo Emilio Lledó, para el que la patria se fundamenta en el saber, la cultura y la solidaridad.

Se puede obtener la ciudadanía española por origen, opción, recuperación, arraigo, naturalización, residencia… Incluso haciendo un examen o comprando un inmueble por una generosa cifra. Pero muchas veces, los lazos emocionales se topan con las rigideces y estándares de unas leyes anacrónicas.

Ocurre a menudo con los descendientes de quienes se vieron forzados a emigrar en el turbulento siglo XX, de guerras y hambrunas, por razones políticas y económicas. Con los hijos de aquellos desesperados que, unos a pie hasta la frontera y otros con el mar como única salida, emprendieron el camino del exilio.

Un exilio sin fin que Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo y escritor hispanomexicano, sentenciaba así: «El exiliado se ve condenado a serlo para siempre». Entre el recuerdo y la esperanza, el largo periplo del destierro dura hasta hoy. Decía la política y escritora Federica Montseny, la primera mujer en ocupar un cargo ministerial en España, que «jamás volverá a existir hogar, patria ni reposo para nosotros». Ni para sus hijos y nietos.

Huérfanos de patria

Con la llegada de la democracia, muchos de esos abuelos se sintieron huérfanos. Más de 40 años después es el mismo silencio y la misma angustia. El mismo olvido heredado. La obtención de la nacionalidad española para sus descendientes llega con parches temporales y a cuentagotas. Y se ceba especialmente con los de las mujeres que emigraron.

Aunque la Ley de Memoria Histórica de 2007 proporcionó una vía de acceso, muchos se quedaron fuera. La vicepresidenta Carmen Calvo ha reconocido recientemente en el Senado que «la dictadura dejó a muchos compatriotas como apátridas, les robó su nacionalidad».

En este sentido, la futura Ley de Memoria Democrática «pretende resolver las deudas pendientes», como la que existe con las abuelas exiliadas que por el hecho de ser mujeres no podían transmitir la nacionalidad y además la perdían al casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. «Sus descendientes volverán a ser españoles. Este país se lo debe; es una restitución de su dignidad».

Esta discriminación de género queda patente en la familia de María del Carmen Rodríguez. Cuenta desde Buenos Aires que en 2007 los diez nietos de sus tías Clamores y María, solo por ser mujeres, quedaron excluidos, mientras que los de su tío José sí pudieron obtener la nacionalidad. Ella, hija de Manuel, tampoco tuvo problema. A su vez, la pudo transmitir a su hijo por ser menor de edad pero no a su hija.

Es otra de las exclusiones más comunes, la de los hijos mayores de edad de los que optaron por memoria histórica. Los padres de Juan Manuel de Hoz lograron la nacionalidad en 2008. Su hermano pequeño, también. «Con 21 años yo me quedé en la puerta», rememora. «Es un agravio comparativo», porque es el único de su familia que no es español, y muestra con «profundo dolor» el registro en el consulado en Buenos Aires donde dice que «el inscrito no ostenta la nacionalidad española».

Para él, igual que para muchos, «que esta desigualdad se resuelva es una cuestión de reconocimiento, identidad y justicia». La vicepresidenta también ha dicho en la Cámara Alta que «tenemos que equiparar a hermanos mayores y menores que pudieron recuperar la nacionalidad de sus padres». Sus palabras, que han sido tachadas de vagas y ambiguas, han generado confusión sobre una materia en la que «recuperar» no es lo mismo que «obtener» o «acceder».

Juan Manuel, que hace más de diez años cofundó el Centro de Descendientes Españoles Unidos (Cedeu), cree que este punto se seguirá quedando fuera. Habrá que esperar a la redacción final de la Ley de Memoria Democrática, que aún tiene margen para la negociación antes de que llegue al Congreso y durante el trámite parlamentario.

Perder la nacionalidad sin darte cuenta

No ha mencionado el Gobierno otro de los reclamos históricos del colectivo: posibilitar la recuperación de la nacionalidad para los nietos que, habiendo ostentado la nacionalidad, la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir los 18.

Le ocurrió a los hijos de María de los Ángeles Fernández Ramil, chilenos y españoles hasta perder la segunda nacionalidad de manera inadvertida. Se enteraron cuando fueron a renovar el pasaporte español.

Este desconocimiento es un patrón que se repite incluso para alguien como ella, marcada por la experiencia de la emigración desde pequeña. Nacida en Caracas, de padres gallegos, cuenta como anécdota que aprendió a leer en el consulado de Venezuela en A Coruña cuando día tras día acompañaba a su padre la primera vez que la llevaron a Galicia con cinco años.

Ni su condición de analista política, por la que ha frecuentado los ambientes diplomáticos, la salvaron de la desinformación, lo que le lleva a pensar que «la comunicación de los servicios consulares españoles con sus ciudadanos en el exterior era muy deficiente».

Desde entonces, se empeñó en demostrar el vínculo de sus hijos con España, su apego, interés y conocimiento de la realidad española, sus visitas para conocer a familiares y sus actividades en el Lar Gallego en Santiago, pero «la conocida insensibilidad burocrática mostraba su cara más absurda», argumenta.

Cuando retornó a España, después de casi 40 años en Latinoamérica, decidió visibilizar el problema y sensibilizar a las autoridades hablando con diputados de las distintas bancadas parlamentarias.

Tampoco entiende Rosario Rigada las restricciones para los nietos de los emigrados por causas económicas que se vieron obligados a nacionalizarse en el país de acogida para poder trabajar. Su abuelo Daniel tuvo que naturalizarse mexicano, y su padre nació poco después, por lo que ni ella ni sus hijos conservaron la españolidad: «Los demás familiares son todos españoles».

Rosario se emociona al imaginar cómo serían las penurias que pasaban para que la bisabuela Justa dejara que su hijo pequeño, con tan solo 13 años, cogiera un barco hacia Veracruz en 1910, en plena revolución mexicana, sin saber nada de lo que le esperaría al otro lado del mundo. «Afortunadamente, tras mucho esfuerzo, trabajo duro y superando miles de obstáculos, logró prosperar», continúa, y añade que «los emigrantes y descendientes ayudaron a la España de la dictadura con remesas económicas, una aportación que no se reconoce o se olvida».

Son el reflejo de una interpretación restrictiva del derecho a tener la nacionalidad que ha generado asimetrías y fracturas en las familias. La futura Ley de Memoria Democrática es una oportunidad para reparar y corregir errores pasados. Sin embargo, Cedeu piensa que esta reedición de la Ley de Memoria Histórica seguirá discriminando: «Vuelve a clasificar y separar, pese a que son los mismos derechos por sangre [lo que determina la transmisión de la nacionalidad en España no es la tierra o el derecho de suelo (ius soli), sino el ius sanguinis, por lo que los descendientes de quienes emigraron, aunque hayan nacido en otro país, siguen siendo españoles]», opina Juan Manuel.

Hace 18 años del último cambio en la norma

La última reforma de calado en esta materia se remonta a una modificación del Código Civil 18 años atrás. Han estado varias veces a punto de lograr una ley que amplíe la adquisición de nacionalidad. Hasta tres veces se ha presentado en el Senado una iniciativa en este sentido en los dos últimos años, frustrada varias veces por el llamado anticipado de elecciones. Por eso, pide «coherencia política» y que PSOE y Unidas Podemos cumplan su palabra.

Mientras «Portugal, Italia, Francia y Alemania son mucho más generosos con sus compatriotas en el exterior», Juan Manuel no comprende «el temor de España». En las siete reformas anteriores para dar acceso a la nacionalidad no hubo aluviones de peticiones ni consulados colapsados.

Con la última se predijo una avalancha de tres millones de nuevos españoles. Las cifras acabaron desmintiendo los cálculos alarmistas: 300.000 descendientes de exiliados pudieron convertirse en nacionales a través de la Ley de Memoria Histórica, los mismos que calcula el Cedeu si se incluyen sus demandas.

Juan Manuel explica que es una propuesta de mínimos: «No estamos hablando de nuevas generaciones en ser reconocidas, sino de flecos dentro de núcleos familiares en los que un hijo o un nieto son españoles y otros no».

Tampoco hubo un efecto llamada de emigraciones masivas al territorio español ni de acceso a prestaciones sociales, prosigue, ya que estas van dirigidas únicamente a los nacidos en España o a quienes residan en el país durante diez años. «No necesitamos emigrar, sino que se reconozcan nuestros derechos», afirma María del Carmen.

«La gran mayoría de los descendientes de emigrantes tenemos nuestras vidas hechas en nuestros países de nacimiento», añade Rosario, a quien educaron «con mucho amor, orgullo y respeto a nuestra España, igual que al país donde nacimos». Son los que se sienten entre dos patrias, los «transterrados«, que llamó el filósofo nacionalizado mexicano José Gaos.

Han excavado en ellos mismos hasta encontrar el mapa, rastreando registros civiles y eclesiásticos, partidas de nacimiento y de bautismo, árboles genealógicos, orígenes de los apellidos…, todo para recomponer una contabilidad dramática de suma de pérdidas asociadas a la emigración, pero también de dos esperanzas.

Sus ancestros construyeron sus vidas detrás de los mares, con la imagen de la vieja aldea y sus montañas grabada en la retina. De eso le hablaba a Rosario su abuelo: «Nos inculcaron recordar siempre de dónde venimos, y así lo transmitimos a nuestros hijos».

Con la ruptura de relaciones diplomáticas entre el franquismo y México, él solo pudo regresar a Ontón (Cantabria) 50 años después. Ella va de visita cada vez que puede, y muestra una foto: «La casa donde nació mi abuelo, que ahorita es la única en el pueblo que sigue conservándose igual». Otros muchos nunca pudieron volver. «España que perdimos, no nos pierdas; guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga que un día volveremos, más veloces, con el latido del mar en la garganta», escribió el poeta Pedro Garfias, a bordo del Sinaia, uno de los barcos del exilio republicano, en algún lugar entre España y México.

«No es un tema de papeles», comenta Marcelo Arias. Con la morriña propia que exportaron los gallegos, recuerda que su abuela Amparo Baldomir, de Sorrizo, pasando hambre y mucha necesidad, salió de A Coruña en un buque hacia el Río de la Plata. Con 15 años, sin saber muy bien el puerto de destino, recaló en 1927 en Montevideo. Su padre recuperó la nacionalidad antes de fallecer en 2009. Él espera la reforma de la ley para ser español, para «que el sacrificio que hicieron emigrantes como su abuela no quede en vano».

Porque es un vínculo emocional que va más allá del sanguíneo. Es pertenencia, arraigo y memoria de un colectivo que mantiene sus raíces. «En nuestra familia sentimos a España en el alma como parte esencial de nosotros mismos, aunque no esté escrito en un papel», describe Rosario.

Los criaron en el ambiente de los clubes españoles. Les enseñaron los valores y las costumbres. Heredaron la cultura. «Dejaron una impronta muy fuerte que se vive en las familias», recalca Juan Manuel. «Es un legado que consideramos como propio», insiste Rosario.