Los padres pagarán multas de hasta 10.000 euros por las ciberagresiones de sus hijos
Antena 3.- La Agencia Española de Protección de Datos es un organismo que se encarga de velar por los derechos digitales y la protección de datos personales. Su política es de tolerancia cero frente a la grabación de material agresivo y sensible, y la difusión del mismo. Desde el año 2019, la AEPD cuenta con un canal de denuncia, gratuito y público, para impedir que se cometan este tipo de infracciones: el Canal Prioritario para Contenidos Sensibles. Desde esta vía, luchan por reducir el daño de las víctimas.
En el último año, el Canal Prioritario para Contenidos Sensibles ha realizado 51 intervenciones ante el ciberacoso. De estos casos, el 70% derivan de la violencia digital contra mujeres y niñas; el 30%, a raÍz de denuncias por ciberacoso homófobo o racista. En un 90% de los casos la AEPD consigue la retirada rápida de esos contenidos sensibles de las redes sociales, gracias a los acuerdos que la institución mantiene con Google y Meta. De las 51 intervenciones, 46 consiguieron la eliminación instantánea del contenido en Internet.
Aumentan las cifras de ciberacoso
El anonimato que proporcionan las redes sociales ha aumentado las cifras de ciberacoso entre menores de edad. Basta con que la indemnidad sexual de un menor sea amenazada por un sujeto para que sea considerado un delito.
Desde el año 2022 la AEPD impone multas de entre 5.000 a 10.000 euros a los padres de menores que cometen delitos de ciberacoso. El primer caso de sanción se produjo por la denuncia de una chica de 13 años sometida a la extorsión de un joven de 16. El menor la amenazó con publicar contenido íntimo de carácter sexual si no recibía más material. Sus padres fueron obligados a abonar la cantidad de 5.000 euros por los actos de su hijo.
La AEPD analiza con detenimiento cada uno de los casos de ciberacoso. La cantidad a abonar por parte de los tutores legales del menor infractor varía en función de la gravedad del delito cometido. Desde el organismo tienen en cuenta la situación económica de las familias con hijos responsables de ciberagresiones a la hora de emitir dichas sanciones.
