Más de 60 colegios conservan nombres de figuras de las dictaduras de Franco y Primo de Rivera

Fuente: El Dario.es
Fecha: 17/07/2017

Mientras varias ciudades analizan sus callejeros para borrar de ellos el rastro de la dictadura, perviven en España más de medio centenar de centros escolares con nombres relacionados con figuras del franquismo o del régimen anterior de Miguel Primo de Rivera, según un estudio realizado por eldiario.es sobre la base de datos de las 33.000 escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y privados del Ministerio de Educación.

El 90% de los centros que homenajean a altos cargos, militares o personas muy ligadas a las dictaduras son públicos. Solo hay seis privados. Por ciudades, las que concentran más colegios e institutos que mantienen estas denominaciones son Madrid (15), Valencia (6), Málaga (4), Sevilla (4) y Córdoba (4).

En España más de 50 colegios y centros educativos con personajes que están relacionados o con la Guerra Civil o con el franquismo. Desliza el cursor para obtener más información sobre los centros educativos

En los carteles de los centros hay numerosos exministros franquistas, como José Luis Villar Palasí (ministro de Comercio, de Educación y presidente del CSIC), sus antecesores Manuel Lora-Tamayo y José Ibañez Martín, Juan Antonio Suanzes (además General Inspector de Ingenieros Navales de la Armada y fundador del Instituto de la Industria), Joaquín Benjumea (también alcalde de Sevilla entre 1938 y 1939 y Gobernador del Banco de España), Fernando Suárez de Tangil (homenajeado con su título de conde de Vallelano), José Luis de Arrese (ministro de Vivienda 1957-1960) ,Adolfo Díaz-Ambrona (ministro de Agricultura) y Licinio de la Fuente (responsable de Trabajo).

Este último, ministro entre 1964 y 1975, prolongó su actividad política en los primeros años de democracia. Fallecido en 2015, es uno de los altos cargos del franquismo sobre los que pesa una orden de detención de la jueza argentina María Servini por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich. Dos colegios públicos, uno en Alia (Cáceres) y otro en Coín (Málaga), mantienen su nombre. La Junta de Extremadura asegura, preguntada por este asunto, que «está estudiando» renombrar el centro de Cáceres para eliminar esta referencia.

«José Antonio», en alusión al fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, identifica a cuatro colegios de Ciudad Real, Albacete, Jaén y Murcia . Su apellido a secas aparece en la placa de dos escuelas de Alicante. En honor a Miguel Primo de Rivera hay un centro público en Ampuero (Cantabria) y otro en Alcántara (Cáceres). Un tercero en Laredo (también en Cantabria) respondía al mismo nombre, pero el Consejo Escolar del centro consiguió sustituirlo en 2013.

Entre los militares cuya labor se reconoció dándoles el nombre de un colegio están el general Navarro –cuya denominación se modificó en la II República y volvió tras la Guerra Civil– y el general Fresneda, ambos vinculados a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El general Urrutia, un sublevado en Zaragoza que participó en la toma de Madrid, tiene los días contados en el callejero de Valencia pero permanece en la placa de una escuela infantil de la ciudad. Un colegio de Sevilla responde al nombre de un militar, el capitán general Julio Coloma Gallegos, condecorado por su participación en el bando franquista.

Juan Yagüe se llama un colegio público de Logroño en honor al militar responsable de la masacre de Badajoz en la Guerra Civil, perpetrada después de que la columna que él dirigía atacara la ciudad. La Consejería de Educación de La Rioja justifica que «ni el centro ni el Consejo Escolar ha pedido el cambio de nombre hasta la fecha», aunque se compromete a que el Consejo Asesor de la Memoria História –que se creará próximamente– revise el caso.

El aviador del bando franquista Joaquín García-Morato, responsable de los ataques aéreos de varias ciudades andaluzas, sigue dando nombre a un instituto de Madrid. Su figura ha sido homenajeada este año por el Ejército del Aire en un acto en el que participó la ministra María Dolores de Cospedal. El CEIP Ángel del Alcázar (Toledo) se llama así por Antonio Rivera Ramírez, militante católico que se unió a los sublevados en Alcázar de Toledo y héroe de guerra del bando franquista tras su muerte en la Guerra Civil.

Entre otros altos cargos se conservan los nombres del conde de Mayalde, José Finat y Escrivá de Romaní, puesto por Ramón Serrano Suñer al frente de la Dirección General de Seguridad en 1939. El también militar sublevado fue uno de los principales responsables de la represión del primer franquismo y pese a ello es el identificativo de un colegio público de la localidad de Añover de Tajo, en Toledo.

También han dejado su huella en las aulas religiosos vinculados al régimen como Leopoldo Eijo y Garay, designado Consejero Nacional de FET y de las JONS por Franco y promotor desde su posición de obispo de Madrid de que el dictador fuera a los actos religiosos bajo palio. Hasta tres centros públicos rinden homenaje al cardenal Herrera Oria, afín al franquismo: fue obispo de Málaga y enviado del Gobierno a sondear la postura de la Santa Sede respecto al régimen dictatorial. Cuando fue nombrado obispo en 1965, dijo sobre Franco: «yo le he servido y le sirvo con fidelidad porque es el ministro de Dios». Existen tres colegios que homenajean a Fray Albino, obispo de Córdoba durante el régimen (1946-1958) y creador junto a su hermano de la obra «El Catecismo Patriótico Español» de obligada lectura en los colegios.

Entre los más de 33.000 centros registrados por el Ministerio de Educación también se pueden encontrar centros privados que homenajean a figuras franquistas en su nombre, como al doctor Vallejo-Nájera –el coronel que dirigió los servicios psiquiátricos del ejército franquista y autor de la tesis de que las personas de ideología marxista tenían menos capacidad intelectual– o al conde de Casal –llamado Manuel Escrivá de Romaní y concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1946 y 1949–. En ambos casos se trata de guarderías privadas y la segunda pertenece a la empresa Chiquitín. El nombre de Alberto Alcocer, alcalde de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera y después también con Franco, continúa impreso en el cartel de la entrada de un centro público de Madrid. Ángel Cruz Rueda, alcalde de Cabra en Córdoba (1936-1940), el cual participó activamente en la depuración de los maestros también cuenta con un colegio a su nombre en dicha localidad.

Los hermanos García Noblejas, sumados al golpe de Estado y parte de la División Azul, permanecen en la fachada de un colegio del municipio madrileño de Villaviciosa de Odón que lleva su nombre. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid echa balones fuera con los nueve centros públicos con nombre franquista que están bajo su jurisdicción justificando que «no consta ninguna solicitud de ninguno de ellos» para efectuar el cambio. «El proceso lo tiene que aprobar el Consejo Escolar del centro, tiene que haber informe favorable del ayuntamiento correspondiente y nos lo tienen que remitir», dicen fuentes del departamento de Rafael Van Grieken.

La calle que llevaba su nombre en la ciudad de Madrid, sin embargo, ya ha sido cambiada por el gobierno de Ahora Madrid por Avenida de la Institución Libre de Enseñanza. Entre otras modificaciones, el equipo de Manuela Carmena ha instado a la Comunidad, presidida por Cristina Cifuentes (PP), a borrar todas las referencias al alto cargo del franquismo Suanzes de un colegio y un instituto del distrito San Blas-Canillejas, donde la parada de metro también tiene este nombre.

Algunos centros escolares, mantienen, además, denominaciones homónimas a pueblos renombrados por el régimen franquista, como Villafranco del Guadalquivir incluso después de que la localidad –ahora Isla Mayor, en Sevilla– haya cambiado de nombre pero no el colegio. También ha sobrevivido un colegio en Córdoba con el nombre de José María Pemán, un literato afín y reconocido por el franquismo («por dura que sea, yo os digo que [la Guerra Civil era necesaria y conveniente»). Otro que se llamaba igual en Jerez de la Frontera ahora es el CEIP Gloria Fuertes tras la denuncia de la Plataforma de Memoria Democrática.

Esta información se realiza a partir de los datos obtenidos del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios. Para ello, eldiario.es ha recopilado la información de todos los centros que aparecen (33.722) y ha listado unas 200 palabras clave referidas a personalidades (así como los seudónimos que pudieron adoptar), lugares y fechas relacionados con el bando franquista de la Guerra Civil (1936-1939) y con la Dictadura (1939-1975). Tras los resultados, se limpió la base de datos verificando la existencia de cada centro educativo.

En estos 51 colegios no están incluidos centros que homenajean a Manuel Fraga Iribarne (uno en A Coruña y otro en Madrid) y a Pío Cabanillas, ambos altos cargos con Franco y posteriormente ministros en los primeros años de democracia. La lista crecería aún más si se incluyeran referentes intelectuales del totalitarismo franquista comprometidos con el régimen o sus antecedentes.

Quién puede cambiar los nombres

La última palabra para modificar los nombres de los centros escolares la tienen las comunidades autónomas aunque hay regiones en las que los colegios públicos dependen directamente de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Extremadura los centros de Primaria se gestionan a nivel municipal mientras los institutos dependen de la Junta.

En todo caso, la decisión debe ratificarla un gobierno regional y el procedimiento habitual es que se haga de abajo a arriba: es decir, que sea el Consejo Escolar del centro –el órgano de participación de la comunidad educativa– el que vote la propuesta y después se eleve la petición a la concejalía o consejería de Educación correspondiente. La ley de Memoria Histórica avala también que la propuesta venga directamente de arriba «en cumplimiento de un mandato legal», explica Rafael Escudero, abogado y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

La norma dice en su artículo 15.1 que las «administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura». Este punto se puede aplicar, dicen fuentes jurídicas, en los nombres de centros públicos pero también en los privados «siempre que el nombre esté en el espacio público».

La ley contempla, además, la colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas y las entidades locales «en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura», aunque el traslado de este mandato a la realidad no es tal porque las iniciativas surgen directamente de los gobiernos municipales (como los callejeros de Madrid o Valencia) o autonómicos