Movimiento contra la Intolerancia advierte del cremiento de la xenofobia y el odio ideológico en 2021 en España
Movimiento contra la Intolerancia alerta del crecimiento de la xenofobia y el odio ideológico en España en 2021, con más de 850 hechos detectados y relacionados con la xenofobia, el racismo, el odio ideológico, y otras formas de intolerancia, observadas en todas las Comunidades Autónomas, «un 20% más que el año anterior».
Así lo refleja en el Informe Raxen 2021, un referente anual en el que monitoriza incidentes o hechos relativos al racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia y otras formas de intolerancia, discriminación y violencia, publicado hoy.
Movimiento contra la Intolerancia estima unos 6.000 incidentes al año, «cifra que triplica los datos oficiales del Ministerio del Interior», según señala a Confilegal el presidente de esta asociación, Esteban Ibarrra, y apunta que «solo se denuncian entre un 20 y 25% de los hechos, según informan las instituciones europeas».
«Las redes sociales, convertidas en grandes protagonistas, han albergado una gran cantidad de mensajes relacionados con el discurso de odio, especialmente de naturaleza xenófoba, racista y de odio ideológico, también de homo/transfobia, antisemitismo, hispanofobia, antigitanismo, misoginia, y otras formas intolerancia», refleja el Informe Raxen.
Datos que «no difieren esencialmente de otros países de la Unión Europea, aunque en España la situación es mejor que en otros países, como Francia, Alemania y Gran Bretaña», manifiesta Ibarra.
«El discurso de odio en España se desarrolla en redes sociales e Internet y se agudiza especialmente en momentos de crisis de fronteras y de polarización política; el antisemitismo se difunde con grandes campañas internacionales; y la hispanofobia por intolerancia lingüística», explica Esteban Ibarra, y denuncia la ausencia de la protección universal de la víctima y de planes contra el racismo y el antisemitismo en nuestro país.
El informe Raxen también advierte del crecimiento de actitudes de intolerancia hacia personas por algún factor diferencial, «que es la raíz del problema de polarización y extremismo en España, y el impulso de dinámicas totalitarias que va mutando con aspectos democráticos».
Esteban Ibarra señala que las fiscalías de delitos de odio se ven desbordadas por estos incidentes y que las plataformas de redes sociales incumplen sus códigos de conducta, que están obligados a la eliminación de estos mensajes en todas las perspectivas: ideológicas, religiosas, por orientación sexual y otras.
Movimiento contra la Intolerancia critica «el retraso de España para luchar contra este problema que contrasta con la puesta en marcha en la Unión Europea de un Plan de Acción contra el Racismo (2020-2025) y la aplicación de la Estrategia de lucha contra el antisemitismo (2020-2030), mientras aquí aún no se dispone de ningún instrumento político, más allá de la antigua Estrategia contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia (2011), superada y deficitariamente aplicada, pese a las advertencias de los organismos internacionales que detectan como factores inquietantes en Europa la xenofobia, antisemitismo y polarización ideológica, a lo que hay que añadir una insuficiente deslegitimación educativa de la intolerancia».
«La protección universal de la víctima de delito de odio no se ha alcanzado en España, lo que supone un déficit grave al no incorporarlo en la modificación del Código Penal llevada a cabo el pasado junio en la Ley de Infancia, que solo incorporó como factores nuevos de protección la edad, la aporofobia y la exclusión social, olvidando el origen territorial, la lengua, la discriminación genética y la discriminación general, como manda la Constitución y los tratados internacionales», lamenta Ibarra.
Critica que «el Legislativo y el Gobierno han sido escasamente proactivos al respecto», y reclama que «apuesten por la prevención y atención a las víctimas» para poner coto a esta lacra.
«El discurso de odio en España se desarrolla en redes sociales e Internet y se agudiza especialmente en momentos de crisis de fronteras y de polarización política; el antisemitismo se difunde con grandes campañas internacionales; y la hispanofobia por intolerancia lingüística», explica Esteban Ibarra, y denuncia la ausencia de la protección universal de la víctima y de planes contra el racismo y el antisemitismo en nuestro país.
El informe Raxen también advierte del crecimiento de actitudes de intolerancia hacia personas por algún factor diferencial, «que es la raíz del problema de polarización y extremismo en España, y el impulso de dinámicas totalitarias que va mutando con aspectos democráticos».
Esteban Ibarra señala que las fiscalías de delitos de odio se ven desbordadas por estos incidentes y que las plataformas de redes sociales incumplen sus códigos de conducta, que están obligados a la eliminación de estos mensajes en todas las perspectivas: ideológicas, religiosas, por orientación sexual y otras.
Movimiento contra la Intolerancia critica «el retraso de España para luchar contra este problema que contrasta con la puesta en marcha en la Unión Europea de un Plan de Acción contra el Racismo (2020-2025) y la aplicación de la Estrategia de lucha contra el antisemitismo (2020-2030), mientras aquí aún no se dispone de ningún instrumento político, más allá de la antigua Estrategia contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia (2011), superada y deficitariamente aplicada, pese a las advertencias de los organismos internacionales que detectan como factores inquietantes en Europa la xenofobia, antisemitismo y polarización ideológica, a lo que hay que añadir una insuficiente deslegitimación educativa de la intolerancia».
«La protección universal de la víctima de delito de odio no se ha alcanzado en España, lo que supone un déficit grave al no incorporarlo en la modificación del Código Penal llevada a cabo el pasado junio en la Ley de Infancia, que solo incorporó como factores nuevos de protección la edad, la aporofobia y la exclusión social, olvidando el origen territorial, la lengua, la discriminación genética y la discriminación general, como manda la Constitución y los tratados internacionales», lamenta Ibarra.
Critica que «el Legislativo y el Gobierno han sido escasamente proactivos al respecto», y reclama que «apuesten por la prevención y atención a las víctimas» para poner coto a esta lacra.
El 1 de enero de 1991, Ibarra inició esta andadura en un proyecto denominado ‘Jóvenes contra la Intolerancia’, una iniciativa dirigida fundamentalmente al ámbito escolar «para promover desde el ámbito educativo valores democráticos y la tolerancia». También realizó actividades de solidaridad con las víctimas del racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de intolerancia y a partir del asesinato de Lucrecia Pérez cometido por un grupo de neonazis en noviembre de 1992, en Aravaca (Madrid), esta iniciativa juvenil se transformó en Movimiento contra la Intolerancia.
Esta asociación hace un llamamiento a todas las administraciones para que impulsen «la educación para la tolerancia y los derechos humanos conforme prescribe la UNESCO en su declaración de principios,» y reclama una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio «para abordar esta lacra en todos los ámbitos desde la prevención hasta la sanción y la asistencia a la víctima». Una reivindicación apoyada por más de 150 asociaciones.
Llama a defender la universalidad «como única perspectiva de protección de todas las personas, en cualquier lugar o circunstancia y en todo momento», y hace hincapié en que se requiere el compromiso de todos para combatir el avance de la intolerancia, la discriminación y los delitos de odio.
Así, realiza un llamamiento a la ciudadanía para no ser indiferente y pide «compromiso, vigilancia y solidaridad». Y también mantener la memoria de las víctimas.
