Mujeres y niñas son criminalizadas por abortar en Ecuador
Efeministas.- Al menos unas 120 mujeres y niñas han sido criminalizadas por abortar en Ecuador entre 2009 y 2019, según los últimos datos recopilados y publicados por Human Rights Watch.
En el informe “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?”, presentado esta semana por la organización, se detalla que además de las mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho profesionales de la salud fueron procesados penalmente por aborto. Del total de los criminalizados, 38 personas cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes de este.
Otros tres casos implicaban a mujeres y a una niña acusadas de homicidio tras una emergencia obstétrica.
“En el 2019, durante el debate legislativo sobre la despenalización del aborto, el principal argumento fue que las mujeres no eran criminalizadas por aborto. Por ello, desde Human Rights Watch consideramos que era oportuno investigar más sobre la situación y quisimos conocer cuál era el impacto humano que había detrás de estas judicializaciones”, explica la investigadora para las Américas de Human Rights Watch, Ximena Casas. En total se analizaron 148 procesos.
Criminalizadas por abortar en Ecuador
Una de historias que la organización de derechos humanos analizó durante la investigación fue la de Sara, una mujer de 38 años y con dos hijos quien en 2017 “creía ser demasiado mayor” para volver a quedar embarazada. Sin embargo, un día tuvo un sangrado fuerte y acudió a un hospital público en Quito.
Un médico le diagnosticó infección de las vías urinarias e indicó en su ficha médica que la infección había provocado un aborto espontáneo. Más tarde, otro médico empezó a interrogarla y llamó a la policía.
“Todavía sangrando debido a un procedimiento para quitarle restos de tejido del útero, la policía trasladó a Sara, desnuda, salvo por la bata que tenía puesta y con unas pocas compresas higiénicas, a una unidad de detención en medio de la noche y acusada de aborto consentido. Temprano en la mañana, le asignaron a un defensor público, quien le aconsejó que se declarara culpable para recibir una pena menos severa“, se detalla en el informe.
Sara, quien seguía mareada y sangrando, se declaró culpable y recibió una condena de un año y ocho meses de cárcel. Luego de un año, la hija de Sara se contactó con una abogada particular que pudo interponer un
recurso que permitió que Sara cumpliera parte del resto de la pena fuera de la cárcel.
“La historia de Sara no es excepcional. El informe documenta el impacto de la criminalización del aborto en la vida y en la salud de las mujeres y niñas, quienes suelen experimentar violación a sus derechos al derecho profesional y al debido proceso y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a la representación legal de calidad”, menciona Casas.
Según los registros presentados por la Fiscalía General del Estado a Human Rights Watch, entre agosto de 2014 y junio de 2019 esta institución presentó cargos por aborto consentido en 286 casos. De estos, 122 eran cargos específicamente contra mujeres que supuestamente habían tenido un aborto.
Las mujeres pobres son más vulnerables
Una de las conclusiones del informe es que las legislaciones restrictivas sobre aborto no impiden que las mujeres aborten. “Las consecuencias de esto es que los abortos ocurren, pero de manera insegura, principalmente para las mujeres que tienen menos recursos, en zonas rurales, poniendo en riesgo su vida y su salud“, resalta Casas.
En los casos abordados por Human Rights Watch, la mayoría de las mujeres y niñas procesadas por someterse a abortos eran de regiones con presencia considerable de poblaciones indígenas o afrodescendientes, como así también jóvenes.
Para la representante del Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer (Cepam), la doctora Tatiana Ortiz, el informe evidencia quiénes son las mujeres judicializadas. “Todas tienen características comunes: son pobres, con baja escolaridad, vulnerables y muchas han vivido diversas formas de violencia”.
“Un número importante son jóvenes que acuden solas en busca de atención. No tienen los recursos para pagar un servicio de salud privado y tampoco pueden pagar un servicio legal que las defienda. Buscan atención en los servicios públicos de salud”, detalla la especialista.
Este es el caso de María, una joven afroecuatoriana de 20 años que no sabía que estaba embarazada. Era trabajadora del hogar, se cayó mientras laboraba y a los pocos días fue al hospital. “Me hicieron un eco, me dijeron que no tenía nada y que me iban a hacer una limpieza, pero nunca me dijeron que estaba embarazada y luego me detuvieron”.
La acusaron y procesaron por el delito de aborto consentido y pasó cuatro meses en prisión preventiva con su hijo de tres años.
Los médicos denunciantes
Ortiz también pone el foco en la responsabilidad de sus colegas. “El 73 % de ellas fueron denunciadas por médicos, justamente por quienes están obligados a garantizar como representantes del Estado la protección de los derechos humanos de las personas que atienden”.
Además, relata que las mujeres y niñas “sufren tratos degradantes” en la atención por una emergencia obstétrica. “Muchas veces son interrogadas bajo amenazas de denunciarlas y de no brindarles atención, o son engañadas pues les indican que el médico puede determinar la forma con la que se indujeron el aborto para obligarlas a autoculparse”. Algunas veces se posterga su atención y se les niega soporte para el dolor o apoyo emocional.
