Niños con discapacidad «no aptos» para campamentos de verano: «Mi hijo necesita ocio como cualquier otro»
RTVE.- “Excluyen a un niño de cuatro años. Simplemente, han decidido que no es apto”. Begoña, madre de Samuel, denuncia a RTVE.es que su hijo no podrá jugar este verano con sus amigos en el campamento escolar que organiza su colegio en Parla, Madrid. Tiene un trastorno lingüístico y de la conducta, y los organizadores dudan que “vaya a estar a gusto”.
La familia podría haber entendido un rechazo por la falta de personal -asegura ella- pero no que se le haya sometido a una “valoración” diferente a la del resto de sus compañeros, con los que comparte tiempo y ocio durante el año. “Salí hundida y llorando. No me lo creía”.
Historias como la suya resuenan estos días, como cada año cuando se acerca el verano. Familias de niños y niñas con discapacidad se dan de bruces con los problemas para encontrar actividades y campamentos.
“Mi hijo es un niño pequeño al que le gusta pasarlo bien. Necesita ocio como cualquier otro. Y yo necesito esas mañanas para conciliar”, resumía otra madre desde Galicia en Twitter, un “desahogo” que ha atraído cientos de miles de muestras de apoyo en Internet.
Qué hacer en caso de discriminación
Pero la realidad es otra y, por ello, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) llama a “rebelarse” contra estas situaciones. “No hay que aceptarlas como algo que sucede y hay que soportar estoicamente”, señala Óscar Moral, asesor jurídico de la plataforma.
En España, hay cerca de 66.000 niños de 2 a 5 años «con limitaciones» y otros 106.300 “con discapacidad” entre los 6 y los 16 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2020). Discriminarlos o impedir que participen en la vida cultural, el ocio o el deporte es ilegal, en tanto que nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas al respecto. La defensa de sus derechos está recogida también en la Constitución y en una ley de 2013.
Y bajo ese paraguas, CERMI recomienda a las familias reclamar, primero, ante todos los responsables de las actividades de las que se les haya excluido. Pueden ser más de uno a la vez: el ayuntamiento, una empresa privada, el colegio…
“Después, hay que ponerlo en conocimiento del Defensor del Pueblo, porque es una vulneración de derechos fundamentales. También en la Oficina de Atención a la Discapacidad para flagrantes casos de discriminación”, continúa el asesor jurídico Óscar Moral, que recuerda a las familias que siempre pueden acercarse a las asociaciones para sentirse acompañadas en la lucha por los derechos de sus hijos.
Conciliación y desigualdad económica
Sin embargo, la falta de oportunidades para los niños con discapacidad a veces se da bajo las mismas normas de la administración. Es el caso de Daniela, que tiene 14 años y el síndrome de Stugge Webber. Además de una característica mancha color vino en la cara, esta enfermedad rara comporta complicaciones neurológicas que, a veces, se traducen en infartos cerebrales.
Ella lleva años asistiendo a los campamentos de Navidad y verano del ayuntamiento de Las Palmas, pero este año no le han admitido. El motivo: ha pasado de estar escolarizada en un aula adaptada de un colegio ordinario a un centro de educación especial, según relata Maite, su madre. “Son las normas”, fue la respuesta que recibió del funcionario quien, aunque amable, no pudo hacer nada para cambiar la situación.
“Mi hija no tiene derecho a apuntarse al campamento por estar en un centro de educación especial, pero sigue teniendo la misma enfermedad y la misma discapacidad de un 75 %”, lamenta Maite. De momento, no sabe cómo se las arreglará: está separada, tanto ella como el padre de Daniela tienen que trabajar, los abuelos han fallecido y las alternativas de campamento son demasiado caras, como “una segunda hipoteca”, dice.
Desde Plena Inclusión Madrid recuerdan que la tasa de pobreza es más alta entre las familias españolas que cuentan con una persona con discapacidad; las prestaciones y apoyos económicos apenas compensan sus gastos. “Este sobreesfuerzo ha sido también cuantificado por nuestra organización en una media de 24.237 € anuales, que puede ascender hasta los 50.000 en función de las necesidades de apoyo de la persona”, apunta Javier Luengo, su director general.
Así, Maite confía en un “par de amigas” para salir adelante. Se las irá “ingeniando” con la madre de otra niña de la clase de Daniela que tiene autismo y está en la misma situación. “Son inseparables. Tienen una amistad tan bonita que te dan ganas de llorar”, sostiene. Las madres, por su parte, tirarán del carro juntas. “Una vez tuve que dejar de trabajar por mi hija y si lo tengo que volver a hacer, sin duda, lo haré”, reconoce también, temerosa de las crisis que sufre su niña.
El derecho a disfrutar de los niños
Más allá de los problemas de conciliación de las familias, ante la discriminación reiterada en campamentos y actividades de verano, las asociaciones se ven en la obligación de insistir en lo obvio: hablamos de niños, que quieren y deben jugar.
“El ocio es un elemento clave para el desarrollo de la personalidad”, afirma Daniel-Aníbal García, secretario de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que destaca que mientras un niño sin discapacidad puede elegir entre actividades de tenis, ajedrez, etcétera, las suyas se ven muy reducidas. Muchas veces, ni siquiera pueden ir al mismo campamento que sus hermanos. “No se nos permite tener un derecho al ocio… al que nos apetezca, no al que nos dejen”.
Pero el secretario de COCEMFE recuerda que el problema de falta de inclusión es de toda la sociedad. “Los niños sin discapacidad no conocen a los niños con discapacidad. Queremos que luego de adultos todos seamos inclusivos, pero es que no se ha ayudado a serlo”, argumenta. Algunas entidades sociales ya trabajan en ello.
Un ejemplo es Special Olympics, que promueve el deporte para niños y adultos con discapacidad intelectual bajo el lema “quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme ser valiente en el intento”. “Adaptamos las actividades al ritmo de cada persona”, describe Eladio Fernández, presidente de esta asociación de padres, profesionales y amigos en Galicia.
Tanto COCEMFE como Special Olympics ponen énfasis en el ocio y deporte “unificado” de personas con y sin discapacidad, pero recuerdan el valor pedagógico de determinados campamentos en los que, quizás por primera vez, un niño con una discapacidad conoce y juega con otros con sus mismas necesidades.
También estos proyectos son “un respiro muy importante para las familias”, subraya Eladio Fernández, especialmente para quienes cuidan de personas con más necesidades. “Las familias también necesitamos nuestro tiempo”.
Más recursos y voluntad política
Y para que esto no sea una quimera ni una excepción, Javier Luengo, de Plena Inclusión Madrid, receta: más recursos y una normativa autonómica y local que concrete la obligación de los organizadores a garantizar la inclusión. Esto supone también “personal con titulación y preparación adecuada”.
“Quizás tenga que haber ayudas públicas para que estos campamentos, cuando tengan que contratar a un perfil adicional, no les suponga un sobrecoste”, opina Daniel-Aníbal García, de COCEMFE.
Para CERMI, falta también “conocimiento y voluntad” para garantizar el acceso, y lo compara con otras exigencias legales a las que estamos acostumbrados: “No nos podríamos imaginar que en los campamentos extraescolares, por ejemplo, no se cumpliera con las medidas de seguridad e higiene. Cueste lo que cueste, están, porque es obligatorio”.
A fin de cuentas, la falta de inclusión en campamentos y actividades de verano es solo la punta del iceberg de una asignatura pendiente. “Estamos pasando una travesía en el desierto”, afirma el presidente de Special Olympics Galicia.
