Niños migrantes detenidos cuentan sus penurias: maltratos, frío extremo y agua en mal estado
Fuente: El País
Fecha: 19/07/2018
Organizaciones sociales entrevistan a 200 indocumentados en custodia y acusan en una demanda al Gobierno de Trump de irregularidades en el trato a indocumentados
Ángel A., un niño mexicano de 13 años, lo describe como una “pesadilla”. En la «perrera», como llama a un centro de detención para inmigrantes en McAllen (Texas), fue separado de su madre, con la que había entrado ilegalmente a Estados Unidos. La celda en la que estuvo seis días en mayo con otros menores indocumentados era un foco constante de humillaciones. Los guardas de seguridad le dijeron a él y al resto de niños mexicanos que, por tener esa nacionalidad, debían situarse en la zona más fría de la celda, debajo del aire acondicionado. “Cada día, los guardas decían a los niños en mi celda que iban a ser adoptados y que nunca más verían a sus padres”, cuenta Ángel. También les obligaban a despertarse en medio de la noche y, si no lo hacían, les agitaban con fuerza, incluso a niños de cinco años. Él acabó siendo reunificado con su madre y, tras un mes detenidos en otro complejo, ambos fueron excarcelados.
El testimonio de Ángel es uno de los 200 recabados en junio y julio por organizaciones sociales e incluidos en una demanda en un tribunal de California contra el Gobierno de Donald Trump por su trato a inmigrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. El documento judicial describe una atroz letanía de abusos, menosprecio y malas condiciones en los centros en los que los indocumentados pasan los primeros días tras ser arrestados en la frontera. Muchos se quejan del frío extremo, de la saturación de las celdas alambradas, de agua y alimentos en tan mal estado que prefieren no ingerirlos, de ser vejados por los guardas o ser amenazados con no recibir atención médica.
Ha habido denuncias de maltratos en el pasado en algunos de esos centros de detención, pero los testimonios también permiten conocer de primera mano la enorme angustia y la huella psicológica que provoca la política de la Administración republicana de separar a propósito a padres e hijos. “No sabía dónde estaba mi madre”, cuenta Griselda, una guatemalteca de 16 años que fue separada de su progenitora al entrar a EE UU. En su celda, donde los gritos eran constantes, los guardas declinaban revelar dónde estaban sus padres.
Acechado por una ola de repudio internacional, Trump derogó el 20 de junio la política de ruptura de familias, que se había iniciado en abril cuando la Fiscalía decidió presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Eso implicaba encarcelar a prácticamente todos los padres que iban acompañados de hijos y separarlos de ellos. Un juez ha impuesto un estricto calendario de reunificación, antes de finales de julio, de las alrededor de 2.600 familias que fueron separadas.
La demanda en un tribunal federal de Los Ángeles aduce que el Gobierno de Trump está incumpliendo un fallo judicial de 1997, conocido como el Acuerdo Flores. La sentencia dictaminó que un menor, solo o con sus padres, no puede estar detenido más de 20 días y cuando esté en custodia debe tener cubiertas sus necesidades básicas, como agua, comida o atención médica. Tras rectificar su política de separación, la Administración republicana ha pedido poder detener indefinidamente a padres e hijos juntos, pero la decisión preliminar de un juez ha sido revalidar la vigencia del límite de 20 días.
Vulneraciones legales
Peter Schey, abogado del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional, una de las organizaciones demandantes, asegura que un 90% de las 200 declaraciones de inmigrantes recogidas son “chocantes y atroces”. “Niños llorando, temblando, hambrientos, sedientos, somnolientos, enfermos y aterrados”, escribe en la demanda, y solicita la designación de un gestor especial para garantizar que las autoridades están cumpliendo el fallo de 1997. El Gobierno niega irregularidades.
Al margen de los maltratos, los testimonios evidencian que algunos de los niños están bajo custodia de la policía fronteriza más allá de las 72 horas permitidas por ley.
Daise M., una mujer hondureña de 38 años, viajó a EE UU con su hija de 16 años tras haber sido amenazada de muerte en su país. El 21 de junio, se presentaron en un punto fronterizo. En el centro de detención de McAllen, cuenta, hacía tanto frío que su hija no dejaba de temblar. “Nos dieron comida pero estaba congelada y no apta para comer. Olía tan mal que decidimos seguir con hambre en vez de comer”, dice. Se les dio una manta, pero no tenían colchón.
