“No importamos”: Virus y otros males en hogares de ancianos

MADRID (AP) — Zoilo Patiño podría haber sido tan sólo una cifra más entre los 19.000 ancianos fallecidos por el nuevo coronavirus en las residencias para personas mayores de España, pero su muerte en medio de la pandemia ayudó a visibilizar un sistema de cuidados caótico, viciado y precario.

Patiño, quien padecía Alzheimer, falleció a mediados de marzo, el mismo día que Madrid registraba otras 200 víctimas por el nuevo virus. En ese momento, las funerarias no daban a basto y el cuerpo del anciano de 84 años quedó encerrado bajo llave en la misma habitación donde murió.

Una brigada militar acudió a desinfectar el Centro de Mayores de Usera 24 horas después, y se sorprendió al encontrar el cadáver de Patiño. Este y otros casos similares acapararon titulares por todo el mundo cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en televisión que había “ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas”.

“No era lo ideal tener un cuerpo que era posiblemente altamente contagioso ahí”, señala José Manuel Martín, un trabajador de la residencia que durante horas trató de localizar a funerarios disponibles.

“Pero, ¿qué más podíamos hacer nosotros? Ni siquiera estábamos preparados”, prosigue. “No teníamos los sudarios adecuados como para tener un cuerpo infectado ahí tanto tiempo, más en una habitación donde la temperatura era bastante elevada”.

El sombrío hallazgo desembocó en una investigación penal y ha propiciado un duro examen de conciencia sobre las residencias de ancianos en España, donde se han registrado más muertes durante la pandemia que en cualquier otro país de Europa.

Buena parte de la atención se ha centrado en las residencias de propiedad gubernamental, como el centro de Usera, cuyo día a día ha pasado a ser gestionado por empresas privadas, muchas de ellas multinacionales respaldadas por firmas de capital riesgo que buscan un retorno de sus inversiones mediante recortes de personal, gastos y, según varios afectados, también la calidad del cuidado.

Una investigación de The Associated Press en el centro de 160 residentes, donde Patiño y otros 41 usuarios fallecieron, reveló cómo se redujeron costes durante los años previos a la pandemia y cómo se tomaron decisiones muy cuestionables en el pico del brote. Entre ellas, el principal responsable médico de la residencia ordenó a las trabajadoras que dejasen de utilizar máscaras protectoras. Y también se permitió que pasasen seis días cruciales antes de cumplir con una orden gubernamental que exigía separar a los contagiados de los sanos.

Docenas de entrevistas con empleados, familiares y residentes, junto con el rastreo de documentos a disposición pública y otros obtenidos por la AP ayudaron a reconstruir un cuadro que se asemeja más a un modelo de “comida rápida” que al de un cuidado efectivo y compasivo de personas. Los testimonios exponen equipamiento estropeado, errores continuos en la administración de medicinas y auxiliares de enfermería responsables de limpiar, alimentar y cuidar a 10 o más residentes a la vez, con el tiempo para comer acortado continuamente y usuarios a los que se obliga a utilizar pañales para reducir las visitas al baño.

La multinacional que opera la residencia de Usera cuestionó los hallazgos de la AP y señaló que trabaja para prevenir futuros rebrotes del virus. También rechazó responder al planteamiento que hacen algunos órganos de vigilancia y políticos sobre la necesidad de reformar un sistema que incentiva la entrada de fondos de inversión en la gestión de las residencias públicas.

“El modelo no funciona”, reconocía ya en febrero, a menos de un mes de que el nuevo virus corriese como la pólvora en estos centros, Alberto Reyero, el responsable de políticas sociales y, por tanto, de la red de residencias de ancianos en el gobierno regional de la Comunidad de Madrid.

“Debemos encontrar otra vía”.

Una cacofonía de toses se instalaba en los pasillos de la residencia Usera la mañana del 12 de marzo. Como en muchos centros de mayores de todo el país, dentro de este edificio de ladrillo rojo docenas de residentes también empezaban a mostrar fiebre y otros síntomas tan familiares durante la temporada gripal.

A pesar de los signos incipientes, el protocolo existente para responder a brotes de enfermedades infecciosas no se activó inmediatamente. No había guantes disponibles ni otro material de protección, y eso de realizar pruebas por COVID-19 era algo que los trabajadores de la residencia habían visto sólo en televisión.

Esa mañana, al inicio de su turno de trabajo, una auxiliar de enfermería se colocó la máscara que había comprado con su propio dinero y se encaminó hacia el último de los cuatro pisos de la residencia, a la planta habitada por los usuarios con mayor dependencia. En las escaleras, el médico del centro la retuvo un momento.

“’Quítate esa porquería que no vale nada’”, el doctor le ordenó, según señala la trabajadora, que pidió ocultar su identidad porque teme represalias de sus empleadores. “Dijo que todo lo que estaba haciendo era asustar a los residentes”.

El 16 de marzo, después de que Patiño se despertase con fiebre, dificultades para respirar y sin apetito, el doctor convocó a algunas de las auxiliares a una reunión en la que se les informó de que la residencia había detectado una posible primera infección. Quienes acudieron a la reunión señalan que se les recordó, una vez más, que no debían protegerse con mascarillas. Para reforzar el argumento, el médico compartió una grabación con la voz de alguien que presentó como un experto diciendo que las mascarillas sólo servían para extender el pánico.

Cuatro días después, Patiño se convertía en una de las primeras víctimas del coronavirus en el centro de Usera y durante las siguientes semanas las muertes se contarían a un ritmo de dos y hasta tres por día.

Con el país entero sometido ya a esas alturas a un estricto estado de emergencia para combatir la pandemia, las autoridades sanitarias ordenaron el 21 de marzo que las residencias separasen a los usuarios en cuatro grupos. De un lado estaban los infectados, aunque era imposible confirmar que se trataba del nuevo coronavirus, puesto que no se habían repartido dispositivos para hacer pruebas. Por otro, pusieron a quienes presentaban síntomas compatibles con la COVID-19. Y en otros sectores separados quienes habían mantenido contacto con casos positivos y aquellos que no despertaban sospechas.

La orden especificaba que la sectorización por grupos de riesgo debía hacerse en menos de 24 horas. Pero para entonces 30 de los 131 miembros de la plantilla fija del centro habían enfermado y de acuerdo con documentos internos a los que la AP tuvo acceso, la separación no se llevó a cabo sino hasta el 27 de marzo, cinco días después de transcurrido el plazo.

Para finales de mes, 18 personas habían fallecido en la residencia. Y en los días que siguieron morirían otras tantas. La enfermera auxiliar a la que se le prohibió llevar la máscara dijo que la situación en aquel momento era “insostenible”.

La mujer también empezó a sentir mareos, con dificultad para respirar, hasta que acabó dando positivo en una prueba y tuvo que recluirse en casa durante semanas.

“En ese momento tan crítico, cuando nos tenían que proteger tanto a los trabajadores como a los residentes, nos dejaron con la espalda al aire”, lamenta la trabajadora.