Nueve de cada diez casos de acoso escolar siguen impunes en España
Nueve de cada diez casos de acoso escolar en España «quedan impunes» y los protocolos para atajarlos fallan de modo «estrepitoso»: ni los previenen ni abordan las necesidades de las familias y de sus hijos: «Es un fraude institucionalizado». Es la denuncia que hace el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), Enrique Pérez-Carrillo, coincidiendo con la celebración del Día internacional contra este tipo de maltrato y violencia, designado por la Unesco cada primer jueves de noviembre.
Las cifras oficiales solo reflejan «la punta del iceberg» de lo que está pasando, según Pérez-Carrillo. Las fuerzas de seguridad del Estado reciben de media un millar de denuncias de acoso escolar (lesiones, amenazas, trato degradante…), pero organizaciones como Save The Children, la UNESCO y Amnistía Internacional (AI) elevan los casos entre el medio millón y los tres millones de niños españoles afectados por este tipo de maltrato.
Según Amnistía, el 96% de los casos identificados como sospechosos de acoso que recibió el número de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) en sus dos primeros años de funcionamiento (2017 y 2018) no fueron denunciados a la inspección educativa. La organización pro derechos humanos denuncia en su último informe sobre el acoso escolar que miles de casos permanecen «ocultos«, ya que «ni se registran oficialmente ni hay herramientas para que padres, madres y profesorado puedan detectarlo».
Por eso, AI pide al Gobierno un «sistema de denuncias» que los adolescentes «utilicen de verdad», y que alumnos y profesorado sean formados para prevenir e intervenir ante casos de acoso escolar.
Los protocolos no avanzan en atajar el acoso y «se cierran en falso»
Aparte de la disparidad de cifras, los protocolos que se aplican tampoco avanzan en atajar el problema, ya que muchas veces «se cierran en falso», añade Pérez-Carrillo, cuya organización, formada por psicólogos, pedagogos y educadores sociales, ha atendido a más de 4.000 víctimas de acoso en sus quince años de funcionamiento.
Uno de los problemas de los protocolos es que el propio centro educativo es «juez y parte» del proceso y su interés es que «no trascienda«, «ocultando información a la Inspección de Educación, a quien le llega el informe de modo sesgado y acaba por desestimarlo».
«El sistema es hoy un fraude institucionalizado que deja en la indefensión absoluta a la familia y a la víctima; lo habitual es que los padres desistan y cambien a su hijo de colegio». Si el traslado es de un centro público a otro público, se suma la dificultad de que el cambio debe justificarse y si el acoso no se ha reconocido «se ven obligados a buscar un concertado/privado».
Tampoco funciona la atención psicológica al menor maltratado, ya que suele llegar tarde y con una periodicidad insuficiente, explica Pérez-Carrillo, que recuerda que hace unos días le llegó una madre a cuya hija daban cita en seis meses y le ofrecían una consulta mensual en salud mental.
Critica además que los centros no midan la incidencia del acoso, su personal docente carezca de la adecuada formación y la confidencialidad del protocolo, con lo que las familias no tienen posibilidad de asegurarse de que el relato del centro coincide con lo que su hijo ha testimoniado y sufrido.
Todo lo que está ocurriendo son «despropósitos que se conocen perfectamente», señala el presidente de AEPAE, en cuya opinión se necesita una ley específica de ámbito estatal y un plan nacional de prevención e intervención, donde se responsabilice a las personas que hacen dejación de sus funciones, junto a recursos y protocolos mejorados.
El «silencio epidémico», problema en la lucha contra el acoso escolar
Su asociación ofrece en su página web un test «online» y anónimo para que la víctima pueda evaluar por sí misma (a través de preguntas) si está padeciendo maltrato y en qué grado de gravedad. Si el resultado es el nivel rojo, la recomendación es comunicarlo de forma inmediata al centro educativo y aportar el mayor número de pruebas (pantallazos, parte de lesiones, informe del psicólogo, etc).
Se entiende por acoso cuando el maltrato es reiterado, tres o más veces. «Si se pueden concretar tres ocasiones, seguramente han sido más, porque normalmente se oculta a los ojos del adulto», concluye el presidente de la Aepae.
El psicólogo educativo, José Antonio Luengo, entrevistado en el canal 24h de TVE con motivo del Día Contra el Acoso Escolar, ha alertado sobre el «silencio epidémico», como uno de los principales problemas en la lucha contra este tipo de violencia. Luengo ha explicado que «muchos niños» están sufriendo acoso escolar y no se atreven a contarlo y que en otras ocasiones hay niños «espectadores» que están viendo lo que están pasando y que son «incapaces también, a veces por miedo a las repercusiones».
Los padres pueden vigilar una serie de síntomas para detectar si su hijo sufre acoso escolar, según ha explicado Luengo, como por ejemplo, la apatía, la tristeza, y dejar de desarrollar determinados hábitos, como el ocio y el tiempo libre.
230.000 firmas por una ley nacional contra acoso escolar
Coincidiendo con el Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso Escolar, José Manuel López y María José López, padres de Kira, una niña de 15 años que se suicidó en Barcelona en mayo de 2021, han entregado este jueves en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas para pedir una Ley Nacional contra el Acoso Escolar.
Como promotores de la iniciativa, los padres iniciaron hace un año una recogida de firmas en el marco de la campaña «No es cosa de niños» a través de la plataforma Change.org, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de su hija.
Según ha explicado el padre de Kira a Efe, el apoyo de «tantos ciudadanos demuestra que hay una demanda social para tener una legislación que regule las consecuencias del acoso escolar».
En la carta que acompaña a la recogida de firmas, que va dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los padres piden una legislación que ponga el acento en la «reparación» hacia las víctimas «porque el acoso escolar no es delito en nuestro país».
«Nuestra experiencia y la de otros miles de familias es que no hay consecuencias si las violencias ocurren en el centro escolar«, por lo que «dar la espalda a esta grave situación seguirá costando vidas de inocentes y destruyendo familias», indican los padres.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha comprometido a estudiar la propuesta de elaborar una ley contra el acoso escolar. Alegría ha señalado que «la primera obligación que tiene cualquier Gobierno y, por supuesto, también el Congreso de los Diputados es escuchar lo que un número importante de familias está demandando».
