Organizaciones de la infancia piden a la Fiscalía que investigue posibles delitos de odio contra los menores inmigrantes

El País.- Unicef, Save the Children o Fundación Raíces se unen para denunciar que los mensajes de criminalización ponen en riesgo la integridad de los niños

Unicef, Save the Children, Fundación Raíces y la Plataforma de la Infancia se han sumado al Consejo General de la Abogacía Española para denunciar la discriminación contra los niños inmigrantes. En una carta conjunta firmada el pasado 7 de noviembre y remitida al fiscal general del Estado y al Defensor del Pueblo, las organizaciones mantienen que en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que «niño migrante no acompañado» es sinónimo de delincuente o de problema de orden público. Recuerdan además que los «actos de contenido político» en las puertas de los centros de menores violan derechos del niño. El texto insta a la Fiscalía a abrir una investigación ante la posible comisión de un delito de incitación al odio.

El comunicado no menciona a Vox, pero es una llamada de atención frente a la estrategia del partido de ultraderecha de asociar inmigración, especialmente la de los más pequeños, con delincuencia. Hace meses, además, que la formación tomó la iniciativa inédita de convocar a la prensa frente a los centros de protección de menores para reforzar sus soflamas contra ellos. «Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño», afirman las organizaciones.

La preocupación de los firmantes es que la proliferación de «estos mensajes de criminalización y de odio está calando en la sociedad» y exigen a las instituciones competentes «rigor» y «seriedad» para que protejan la integridad de los niños. El documento se refiere a las manifestaciones contra la presencia de los menores y los actos de naturaleza política que se han organizado recientemente en El Masnou, en Cataluña, en el barrio de la Macarena, en Sevilla, y delante de los centros de menores de Hortaleza, en Madrid, y asegura que «vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas». Esos actos, mantienen las organizaciones especializadas, suponen «una injerencia en la vida privada y en el domicilio» de los menores recogida en la Convención. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, además, prevé expresamente la intervención inmediata del ministerio fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación que se produzca a través de los medios de comunicación.

A las declaraciones políticas y protestas vecinales se han sumado en las últimas semanas episodios de violencia. En Zaragoza, dos hombres fueron detenidos por propinar una brutal paliza a un menor extranjero tutelado y, en Madrid, se han sucedido agresiones contra los chicos a plena luz del día y un intento de invasión del centro de protección por parte de un grupo armado con palos y porras. Fundación Raíces, por su parte, ha tenido constancia de otras agresiones que ha comunicado a Fiscalía para su investigación. «Este tipo de actos, declaraciones y discursos ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos», alertan. Según el escrito enviado a la Fiscalía debe investigarse la posible comisión de delitos referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y el menoscabo de la integridad moral.