Peleando por la enseñanza inclusiva

Para mí el sonido lo es todo. No me quiero imaginar un mundo sin sonidos. La discapacidad auditiva me parece de las más limitantes, pero esa es mi impresión, la de una persona ciega. Aunque hechos tan graves como los que hoy vengo a contarles, refuerzan mis prejuicios al respecto.

Solo un porcentaje ínfimo de las personas sordas alcanzan grados superiores de estudios debido a la falta de apoyos para su inclusión escolar. Por eso, lo que le está sucediendo a una niña sevillana con hipoacusia en su instituto me ha parecido intolerable. En España, está reconocido el derecho a una educación inclusiva, con atención a la diversidad y con los apoyos o ajustes necesarios. Los poderes públicos no pueden escurrir el bulto y deben ser los garantes de esos derechos.

Omito el nombre de la niña porque lo que me importa aquí es el drama que ha estado viviendo ella y su familia desde que cumplió tres años y comenzó la etapa escolar.

A sus trece años ya ha tenido que soportar exclusión, aislamiento de sus compañeros y prácticamente ausencia de comunicación en el aula. Ha necesitado apoyo psicológico, como tantas otras personas sordas, por la falta de recursos que permitan la plena inclusión. Apoyo que ha tenido que sostener la economía familiar, porque en la sanidad pública no le pudieron atender en Lengua de Signos.

Los alumnos que no oyen necesitan un intérprete de lengua de signos que les traduzca lo que el profesor explica en clase, lo que dicen los compañeros, en suma, todo lo que está ocurriendo y que no puede oír, dentro y fuera del aula. Pueden imaginarse la complicidad que debe surgir en el tándem alumno-intérprete, ya que será su medio de comunicación con el mundo que la rodea.

Si bien la Ley de Personas con Discapacidad de Andalucía reconoce el derecho a los apoyos que permitan la plena inclusión de estos alumnos con necesidades especiales, la realidad es que ningún colegio, en este caso, de Sevilla cuenta con un intérprete de lengua de signos.

Existen PT, maestros de Pedagogía Terapéutica que tienen conocimientos de esta lengua, pero, como saben, dichos profesores de apoyo no están todas las horas lectivas con los alumnos. De tal manera que la madre de esta niña ha costeado durante siete años una intérprete para que signara las clases a su hija. Siete años desembolsando más de mil euros mensuales para que la niña pudiera seguir con normalidad los distintos cursos, hasta que…. Hasta que el dinero se acaba y la situación se hace económicamente insostenible.

Unos años de aprendizaje en su propia Lengua, los signos, que no solo resultaron cruciales para la menor, sino que han enriquecido a toda una clase de niños pequeños que han crecido con la diversidad, llegando a aprender también la Lengua de Signos. «Los compañeros no veían a una persona sorda, sino a una compañera que hablaba con las manos», me contaba la madre.

Tras una denuncia ante la Fiscalía de Menores, finalmente, la Delegación de Educación le puso a esta niña el recurso del intérprete y, cuando todo parecía solucionado, comenzó otra lucha, debido a que la persona encargada de ese cometido no desarrollaba su trabajo con la profesionalidad requerida.

La empatía, la sensibilidad, deben formar parte de la profesionalidad de alguien que se dedica a ser la mediación comunicativa para una persona. Debe haber una confianza mínima entre intérprete y usuario. La madre ha solicitado un cambio de intérprete y este le ha sido denegado. ¿Se imaginan que usted no tiene la confianza en esa persona que es su medio de comunicación con el entorno?

Nadie debería sufrir angustia en el colegio, ni en ningún ámbito al que fuera obligatorio asistir. Quien debía ser la llave para la integración de esta menor, como de tantos niños sordos, a través de la comunicación estaba convirtiéndose en un grave problema. ¿Dónde está aquí el interés superior del menor que contempla nuestra legislación?

La madre de esta estudiante ha solicitado oficialmente un cambio de intérprete, que  le ha sido denegado. Considera a su hija una privilegiada dentro del sistema educativo, ya que, desde el curso pasado, cuenta con un maestro de apoyo y un intérprete. Es un ejercicio de responsabilidad personal y social por su parte haber solicitado el cambio del recurso del intérprete ya que no estaba cumpliendo su función. Son recursos concedidos por derecho y es nuestro deber explotarlos al máximo, en las mejores condiciones y no infrautilizarlos, mucho menos, como parece, por dejadez de los propios recursos humanos, que, además, están produciendo un preocupante desgaste emocional a la alumna.

Una vez más somos testigos de dos realidades distintas. Una es la que contienen las leyes, donde derechos y garantías están perfectamente claros. Otra es la que viven las personas con discapacidad y sus familias a diario, teniendo que pelear cada milímetro de igualdad de oportunidades. Sobre el papel, la Comunidad Andaluza, como otras, tiene presentes a los alumnos con discapacidad auditiva. Las leyes contemplan la dotación de recursos necesarios para la inclusión, muchas veces existe esa partida económica, la Delegación de Educación las envía, pero o bien los recursos no llegan o bien llegan a los colegios pero se destinan a fines distintos de los previstos.

Concluyo llena de preguntas: ¿En qué condiciones están integrados los niños sordos en nuestros sistemas educativos? ¿No está siendo solo una inclusión a medias o ni siquiera eso? ¿Qué sucede con otros alumnos sordos? ¿Acaso no disfrutan de las mismas oportunidades? Parece ser que no. Además, la provincia de Sevilla no tiene designado, hoy por hoy, el Equipo de Orientación Educativa para los alumnos sordos (E.O.E.). Son equipos formados por profesionales y expertos en las distintas discapacidades con la misión de apoyar tanto la labor de los colegios como a las familias en todo lo relativo a la escolarización de sus hijos. Así que, ante estas dificultades, no existe equipo específico al que acudir cuando ocurren hechos tan graves como los que está viviendo esta menor sorda.

Cuánto queda por hacer en el mundo de la diversidad y cuán lejos estamos de vivir en una sociedad verdaderamente inclusiva, más allá de las rúbricas sobre el papel, en la que los derechos estén disponibles en el mismo momento en que se renueva la matrícula escolar. Las familias saben que no es así y que tocará luchar por cada hora de apoyo y recurso para cada nuevo curso.