Petición Parlamentaria Ley de Igualdad de Trato y No discriminación
CARTA ABIERTA A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE DIPUTADOS
“Sí, a una Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación”
La presentación parlamentaria por el Grupo Socialista para su toma en consideración, de una Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, producto de una larga trayectoria de reivindicación social y amplia elaboración colaborativa desde la independencia de pensamientos diversos , es una nueva oportunidad para avanzar en la protección universal de la libertad e igual dignidad y derechos de las personas, mediante una ley cuyos trabajos comenzaron hacia el 2008 y en 2011 quedó en puertas de concretarse; una ley que, tanto ayer como hoy, responde a una amplia demanda social y a un marco general antidiscriminatorio compatible con legislaciones que atiendan a problemáticas específicas.
Esta iniciativa, cuya toma en consideración deberían apoyar todos los Grupos Parlamentarios, no solo es necesaria en cuanto respuesta a un proceso de reivindicación sostenido por colectivos sociales desde múltiples perspectivas de la diversidad de la condición humana, sino que resulta oportuna para completar los avances de nuestro país en materia de protección de libertades y derechos, tanto en el ámbito penal con la sanción de los delitos de odio, como con las directivas europeas antidiscriminatorias que se han ido trasponiendo a nuestra legislación.
Sin embargo, la proposición de ley ha de ser sustancialmente mejorada en el proceso de tramitación parlamentaria dado que su matriz, realizada en la anterior década, ha de contemplar cambios sociales y nuevos retos aparecidos en estos últimos años que hay que enfrentar. Las desigualdades de trato y las conductas discriminatorias, no son compatibles con los art. 10 y 14 de la Constitución Española, tampoco con la Carta Universal de los Derechos Humanos, y esta ley tiene su raíz, precisamente, en la protección de los fundamentos de nuestra convivencia democrática que descansan en concebir que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos y en el compromiso constitucional de remover obstáculos para hacerlo efectivo, como afirma su art.9.2
La proposición de Ley tiene como virtud su voluntad de acometer cualquier discriminación para todas las personas, como se aprecia al plantear un “numerus apertus” a toda forma de intolerancia discriminatoria que se proyecte hacia una persona, respondiendo en términos de reproche sancionador, como la sociedad así demanda. No obstante la proposición de ley tiene déficits en ámbitos que se han de incorporar como el de las redes sociales, las actividades tradicionales impropias democráticamente y otras que se debieran recoger con una perspectiva social amplia.
La protección universal de la víctima de la discriminación en la Ley deberá completar lo realizado normativamente en el Estatuto de la Víctima del delito, ahora a nivel civil y administrativo, protegiéndola eficazmente de represalias por denuncias realizadas y como no, registrando hechos que faciliten políticas preventivas frente a conductas y expresiones racistas y xenófobas, segregacionistas e identitarias, misógenas y sexistas, homófobas y transfóbicas, antisemitas e islamófobas, antigitanas y aporófobas o desde otra intolerancia como la que sufren las personas en razón de su discapacidad, origen étnico, convicciones, ideología o creencias religiosas, aspecto físico, edad, situación socioeconómica, profesión, lengua, cultura o por cualquier manifestación de la condición humana.
Esta protección deberá ir acompañada de una Educación Inclusiva y para la Tolerancia, como insiste la UNESCO, que contribuya a la construcción de una ciudadanía libre, igualitaria, respetuosa, fraterna y solidaria. Y para ello, además de una Autoridad instituida que acometa tamaña tarea, incluida la preceptiva sanción cuya recaudación debería asignarse a la lucha contra la discriminación y a la defensa de la víctima, tendrá que contar con las entidades sociales con acreditado objetivo interés al respecto, concretando su participación mediante un Consejo General para la Igualdad de Trato y No Discriminación.
Bienvenida sea la iniciativa del Grupo Socialista y esperemos buena acogida por todos los Grupos Parlamentarios, a quienes pedimos que lo aborden como asunto de Estado al servicio del interés general de la sociedad y de la convivencia democrática, de la protección de los derechos fundamentales de las personas y de la aplicación de los valores humanos universales, para iniciar la andadura de una importante ley para nuestro país.
Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia y
Secretario General del Consejo de Víctimas de Discriminación y Delitos de Odio
