Piden una justicia exclusiva para delitos de odio siguiendo el modelo de violencia machista

El Mundo.- Fiscales especializados alertan del riesgo de confundir estos delitos con otros leves como lesiones y amenazas y no tramitarlos correctamente.

Los fiscales especializados en delitos de odio persiguen desde hace años amplificar la visión para poder profundizar en un ámbito que tiene en la infradenuncia su principal obstáculo.

Persiguen una regulación específica -en forma de ley integral o, en su defecto, de unas disposiciones exclusivas- que promueva la sensibilización y la formación de todos los operadores jurídicos que intervienen, desde jueces y los propios fiscales hasta los técnicos, para que éstos delitos se tramiten de manera correcta.

Sólo de esta manera, reiteran, habrá una respuesta más eficaz a asuntos que, en ocasiones, quedan engullidos en las arenas movedizas de la ambigüedad. Que los delitos de odio no se confundan con otros y terminen difuminados en los juzgados ordinarios se ha convertido casi en una prioridad. En muchas ocasiones se sentencian como lesiones y amenazas -ambos tipificados como leves- porque no se detecta que el germen que los ha provocado es el odio y la víctima queda entonces sin protección.

Esta circunstancia conlleva también que no se contabilicen en la estadística. «Sería muy bueno que hubiera una normativa, una formación trasversal de la materia para que se detectaran y tramitaran estos delitos como lo que verdaderamente son», razona Susana Gisbert, fiscal de Delitos de Odio de Valencia. Desde su experiencia, relata cómo, en ocasiones, el odio se tramita como delito leve al que no se otorga la consideración de lo que verdaderamente es.

«Los delitos de odio son la nueva Violencia de Género, siempre lo digo. En ellos nos queda aún por recorrer el mismo camino que desde 2003, cuando se sentaron las bases de la normativa», añade. Y lo hace desde el conocimiento pues hasta que llegó a este departamento en el año 2015, fue fiscal de Violencia sobre la Mujer.

Una de las pretensiones, tal como apunta Gisbert, es lograr que las víctimas tengan una protección del mismo estilo que las de Violencia de Género. Una persona extranjera acosada por su origen y que se encuentre en España en situación irregular tiene muy difícil interponer una denuncia por temor a ser expulsada.

Lo mismo sucede con un indigente o alguien violentado por su homosexualidad que no quiere que salga a la luz su condición. «Es necesario garantizar la protección y el anonimato a la hora de denunciar y de ir a juicio. Además, también habría que evitar la confrontación visual con el agresor. Cosas que, por ejemplo, en Violencia de Género tenemos claras pero que en delitos de odio, todavía no».

La Fiscalía General del Estado ha establecido como «prioridad» fomentar la especialización en este área. De hecho, Dolores Delgado se ha comprometido a «reforzar y potenciar» esta fiscalía. En las memorias del Ministerio Público de los últimos años figura la necesidad de crear mecanismos específicos para abordar los delitos de odio.

El Ministerio del Interior, en la misma línea, se comprometió el pasado mes de septiembre a crear en la Policía Nacional y en la Guardia Civil grupos específicos para perseguir este tipo de situaciones, en las unidades centrales y provinciales de Información. Además anunció el desarrollo de herramientas para evaluar el riesgo de las víctimas, como ocurre con la violencia machista así como mejorar la formación de policías y guardia civiles en este asunto.

Interior anunció también su intención de reforzar los mecanismos de coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mejorar, de esta manera, la prevención de este tipo de delito.