Preguntas y respuestas clave sobre la crisis de los niños migrantes en Estados Unidos
Fuente: El País
Fecha: 20/06/2018
¿Por qué se separa a familias? ¿Cuántas han sido afectadas? ¿Qué hacían Obama y Bush?
¿Por qué se está separando a niños de sus padres o familiares adultos en la frontera?
No hay ninguna ley que obligue al Gobierno, como falsamente afirma Trump, a romper familias. La política de separación de padres e hijos inmigrantes indocumentados se debe a un cambio de criterio del fiscal general anunciado el pasado abril y que impone la “tolerancia cero” a las llegadas ilegales al país. Cualquier adulto que trate de entrar en Estados Unidos de forma irregular y sin los procedimientos correctos de asilo se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales. Como los menores no pueden ingresar en prisión, son separados. Un juez determina si los padres y los hijos son deportados o pueden quedarse en EE UU. La inmensa mayoría de inmigrantes indocumentados son centroamericanos.
¿Cuántos niños han sido separados?
No hay cifras completas. Entre el 19 de abril y el 6 de junio, 2.033 niños fueron separados de sus padres al tratar de entrar de forma irregular en EE UU en cruces fronterizos, según estadísticas obtenidas por la agencia Associated Press. En abril, hubo 55 separaciones y en marzo, 64. De octubre de 2016 a febrero de 2018, hubo cerca de 1.800 separaciones, según la agencia Reuters.
¿Rompían Barack Obama y George W. Bush a las familias?
Los dos predecesores directos de Donald Trump, el demócrata Barack Obama y, antes que él, el republicano George W. Bush, afrontaron repuntes de inmigración irregular y endurecieron las condiciones, pero ninguno extendió esta política de separar a los menores. Hasta 2006, era común que la policía migratoria detuviera por separado a padres e hijos, según un informe del American Immigration Council. Ese año el Congreso instó a liberar a las familias o mantenerlas juntas bajo custodia.
En 2005, Bush inauguró la política de “tolerancia cero” a través de un programa, Operación Streamline (Optimización), que suponía el procesamiento criminal para los sin papeles, con juicios rápidos y, a veces, grupales. Sin embargo, los inmigrantes con niños se beneficiaban de excepciones. Obama se acogió a este programa en algunos momentos, pero no solía procesar a los que entraban por primera vez y mantenía a las familias unidas excepto en casos puntuales de tráfico de drogas o graves antecedentes penales.
¿Qué pide Trump al Congreso?
El presidente de EE UU quiere que los legisladores se pongan de acuerdo para sacar adelante una nueva legislación migratoria más restrictiva, no solo contra la inmigración irregular, sino también contra la legal. Reclama también que las Cámaras doten un fondo de unos 25.000 millones de dólares para sufragar la construcción de un muro en la frontera de México, que constituye una de sus promesas estelares. Como hizo con los jóvenes migrantes que llegaron ilegalmente siendo niños pero han crecido en EE UU (los llamados dreamers, soñadores), Trump usa ahora el drama de los menores separados como forma de presión para lograr la reforma migratoria que desea.
¿Cuáles son los resquicios legales de los que se queja Trump?
La Administración se queja de una norma aprobada unánimemente en 2008 por el Congreso en los últimos días del Gobierno del republicano Bush. La ley buscaba evitar el tráfico de niños y obliga a liberar, del “modo menos restrictivo”, de un centro de detención policial a los menores inmigrantes que han llegado solos a EE UU mientras se les busca una familia de acogida. También impide la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de Canadá o México. Pero no dice nada de la separación de padres e hijos.
Por otra parte, los tribunales limitan a 21 días el tiempo que una madre puede estar con su hijo en un centro de detención. Al separar a las familias, ese límite ya no existe. El Gobierno también se queja de que las leyes de asilo son demasiado generosas y propician un efecto llamada.
¿Por qué critica el presidente a los tribunales migratorios?
Casi 700.000 casos están atascados en los juzgados de inmigración a la espera de ser resueltos. En 2009, eran unos 225.000 casos. Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia, es decir, forman parte del poder ejecutivo no judicial. El Gobierno de Trump quiere acabar con esos retrasos. En octubre entrará en funcionamiento un sistema de cuotas que requerirá a los jueces que completen 700 casos al año y que menos del 15% de sus decisiones sean devueltas por un tribunal superior.
La lentitud judicial conlleva que algunos de los inmigrantes tengan que esperar varios años hasta que se fije una fecha para el juicio que decidirá si serán deportados o no de EE UU. Normalmente, durante ese intervalo de tiempo, se les autoriza a estar en libertad supervisada y trabajar en el país para poder tener recursos de subsistencia y porque es mucho más económico que mantenerlos bajo custodia, pero los republicanos se quejan del riesgo de que los inmigrantes no se presenten a juicio.