A Ana le llegó la primera carta en julio, en plena digestión de la victoria del Brexiten el referéndum. Ana llegó de España en 2014 con su marido y sus tres hijos, todos españoles. Viven en una ciudad del sur de Inglaterra y ella trabaja en un hospital público. Ana es un nombre ficticio: pide mantener el anonimato.
En aquella primera carta les advertían de que, “a partir de septiembre de 2016, los colegios de todo el país recogerán información sobre la nacionalidad de los niños”. No explicaban el motivo. La segunda carta, a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, la recibieron el 23 de septiembre. Pedían ya a los padres que proporcionaran la nacionalidad de los niños para “el censo anual de otoño”. No se informaba del motivo de la petición ni de quién podría acceder a los datos. Sí se les indicaba que tenía derecho a no aportar la información y que, si el colegio no recibía respuesta, considerarían que “declinaban proporcionarla”. Pero no se informaba de las consecuencias de negarse.
Ana no ha respondido. “Ni lo voy a hacer”, aclara. “Ya tienen esa información, la proporcionamos al inscribirlos en el colegio. Pero no tienen autorización para utilizarla. Ahora no nos aclaran si esta vez la información va a ser confidencial o no. La verdad es que me indigna un poco. Me temo, dados los últimos pasos del Gobierno, que esa información pueda ser utilizada en nuestra contra. Solo se lo han pedido a los nacidos fuera del país. Además, a mi hijo la profesora le entregó la carta en clase, delante de todos. Él tiene seis años y no se entera, pero me parece discriminatorio”.
El grupo de Whatsapp que tiene Ana con otras madres europeas “echa fuego”. No son las únicas preocupadas. Cientos de ciudadanos han expresado su inquietud a través de las redes sociales, utilizando el hashtag #boycottschoolcensus (boicot al censo escolar). Y se ha creado una campaña, llamada Contra las Fronteras para los Niños, con el objetivo de “revocar la política del ministerio de Educación, vigente desde septiembre de 2016, de recoger información del país de nacimiento y la nacionalidad de ocho millones de niños en Inglaterra”.
La información es para el censo de colegios que elabora cada año el ministerio de Educación. Dicho censo incluye datos, como la edad o el origen étnico de los niños, que se recogen anualmente en la llamada “base de datos nacional de alumnos”, con la que se elaboran y publican estadísticas cada año. Para el curso 2016-2017, por primera vez, el ministerio decidió añadir nuevos datos en el censo, entre ellos la nacionalidad y el país de nacimiento de los pequeños, así como el nivel de inglés.
“Los datos ayudarán a asegurar que nuestros niños reciben la mejor educación posible”, explica a EL PAÍS un portavoz del Ministerio de Educación. “Se usarán para ayudarnos a comprender mejor, por ejemplo, el desempeño educativo de los niños con el inglés como segundo idioma, y para evaluar y monitorizar la escala y el impacto que la inmigración puede estar teniendo en el sector escolar. Estamos siempre deseosos, sin embargo, de escuchar las preocupaciones y hemos ofrecido reunirnos con las organizaciones para proporcionar confianza sobre cómo serán utilizados esos datos”.
Desde el ministerio recuerdan que la decisión se anunció en mayo de este año(antes del referéndum) y que los datos recabados constituyen “información demográfica estándar”. Existen, aseguran, “criterios estrictos” para permitir el acceso a la base de datos. Además de los profesionales del propio ministerio pueden acceder, previa autorización, académicos y periodistas para sus investigaciones. Pero, según la campaña Contra las Fronteras para los Niños, el acceso puede ser mayor y más delicado.
Formularon una petición de información pública al ministerio de Educación y este les tuvo que confirmar que el ministerio del Interior había accedido a la base de datos en 18 ocasiones entre abril de 2012 y julio de 2016. “Nos preocupa que esta información pueda ser usada por las autoridades de inmigración para dirigirse a niños o familias concretas”, explican los responsables de la campaña. “Con un enorme aumento de los delitos racistas desde el voto por el Brexit, nos inquieta la seguridad de los escolares. Por eso llamamos a un boicot nacional hasta que el ministerio retire esta medida y se comprometa a salvaguardar a los niños del estigma de la retórica antiinmigración y la violencia que la acompaña”.
La airada reacción a la medida pone de manifiesto la preocupación entre los residentes de otros países europeos en Reino Unido después de la victoria del Brexit en el referéndum del 23 de junio, acentuada por la interpretación que el Gobierno de Theresa May está haciendo del mandato del mismo. La semana pasada, en el congreso anual del Partido Conservador, la ministra del Interior anunció que las empresas serían obligadas a publicar la proporción de extranjeros que componen su plantilla, para identificar aquellas compañías que apuestan por el talento local. El masivo rechazo a la medida obligó al Gobierno a rectificar la medida el domingo.
Pero no fue el único mensaje hostil hacia la inmigración europea que se escuchó en el conclave tory de Birmingham. Liam Fox, ministro de Comercio Internacional y uno de los tres principales negociadores del Brexit, declaró que los trabajadores de otros países europeos constituyen “una carta negociadora clave” del Gobierno en el proceso de ruptura con la UE. La propia primera ministra, en su discurso del miércoles, señaló que “los trabajadores británicos podrían encontrarse en el paro o con salarios más bajos debido a la inmigración poco cualificada”.
Los padres siguen mostrando en las redes sociales su descontento ante la nueva petición para el censo escolar. Como los hijos de Ana, muchos usuarios anunciaban que en la casilla de la nacionalidad de sus hijos, en las estadísticas escolares, figurará la palabra “declinada”.
