Sánchez pide que la denuncia falsa por una agresión homófoba no impida «ver la realidad»
- El presidente del Gobierno se compromete a seguir poniendo sobre la mesa herramientas que frenen los delitos de odio
- Casado acusa al Ejecutivo de «utilizar de forma partidista» este tipo de agresiones y vuelve a exigir la dimisión de Marlaska
El Periódico.- La falsa denuncia que presentó un joven en Madrid en relación a una agresión homófoba ha revuelto el debate político y social en torno a las protestas de inseguridad del colectivo LGTBI. Ante esta situación, Pedro Sánchez ha pedido que el falso testimonio que presentó este joven no impida «ver la realidad» y ha asegurado que «los delitos de odio hacia las personas LGTBI se han incrementado». Por ello, el jefe del Ejecutivo mantendrá la reunión de urgencia de la comisión de seguimiento del plan contra los delitos de odio el próximo viernes.
«Es verdad que ayer conocimos que fue una denuncia falsa la que se produjo en relación con ese hecho, pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad, la realidad que sufren personas de distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son», ha sentenciado el presidente del Gobierno durante la visita que ha realizado a Gijón para presentar la nueva ley de Formación Profesional.
Sánchez ha recalcado el compromiso del Gobierno en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y ha prometido que van a «seguir poniendo encima de la mesa medidas e instrumentos para frenar ese incremento, por desgracia, de delitos de odio». Con esta intención, convocó para el viernes la comisión de seguimiento del plan contra los delitos de odio. El pasado miércoles explicó que la intención es actualizar la estrategia actual e implementar los «cambios pertinentes para que aquellos grupos que quieren devolver el odio a las calles de España no puedan conseguirlo».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha coincidido en la necesidad de no banalizar los delitos de odio tras esta denuncia falsa. Además, ante las críticas del resto de partidos por hacer un uso político de los hechos que denunció inicialmente el joven, ha negado tener haber tenido conocimiento previo de que la denuncia era falsa: «Evidentemente, me enteré ayer a media tarde, cuando declaró el denunciante sobre los hechos, que modificó su declaración».
Críticas de uso partidista
No obstante, las palabras no convencen a la oposición. El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Ejecutivo de coalición de «utilizar de forma partidista» los delitos de odio y ha vuelto a pedir la dimisión de Grande-Marlaska. En Berlín, donde ha participado en un encuentro de dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE), Casado ha sostenido que Marlaska está «inhabilitado para ejercer su cargo y está degradando las instituciones«. No entiende, ha dicho, cómo Sánchez no lo dejó fuera del Gobierno en la última remodelación y ha concluido que debe de estar usándolo de «escudo humano» para que no se hable de «Bildu y los más radicales de Podemos».
El líder de Vox se ha mostrado mucho más duro al denunciar una campaña de acoso por parte del Gobierno a su formación al intentar vincularles a las agresiones homófobas. «La brutal agresión al final resultó ser un burda patraña alimentada por el Gobierno y sus lacayos mediáticos para señalar a VOX», ha apuntado Santiago Abascal en su cuenta de Twitter. La razón de estos ataques, asegura, es un intento de ilegalizar a Vox. Al igual que el PP, han pedido la dimisión del ministro del Interior y han registrado una iniciativa en el Congreso para reprobarle.
Abascal, en la línea del resto de dirigentes de extrema derecha, ha relacionado el incremento de los delitos de odio a la inmigración ilegal y ha acusado al Ejecutivo de silenciar y abandonar a las víctimas cuando los atacantes son inmigrantes. La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, también ha apuntado que los delitos «en un porcentaje más alto están cometidos por la inmigración ilegal«. En concreto, ha señalado a los menores extranjeros no acompañados, el blanco favorito de Vox, para exigir el cierre de los centros de acogida y la repatriación de los jóvenes.
